Golpe mortal a la Red de Parques Nacionales

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, todas ellas representadas en diferentes parques nacionales, desean mostrar su profunda preocupación por las consecuencias que la sentencia del Tribunal Constitucional puede tener en la conservación de los Parques Nacionales.

Para estas organizaciones la sentencia del Tribunal Constitucional reduce a la mínima expresión posible la participación del Estado en la gestión de los Parques Nacionales, reservándole únicamente un papel residual, como la posibilidad de establecer criterios orientadores, pero ninguna competencia en las decisiones directas sobre la gestión de los parques y ninguna capacidad para obligar a su cumplimiento.

Desde el pasado mes de mayo, en que se hizo pública la existencia de un informe del Ministerio de Administraciones Públicas en el que se recomendaba al Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la competencia exclusiva en la gestión de los Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas, las organizaciones ecologistas habían expresado al Gobierno su máxima preocupación ante la posibilidad de que la Red de Parques Nacionales pudiera quedar vaciada de contenido y se implantara un modelo donde cada comunidad autónoma por separado tomara sus decisiones sobre la gestión diaria, como ahora sentencia el Tribunal Constitucional.

Las organizaciones ecologistas consideran esta sentencia un duro golpe a la Red de Parques y un claro retroceso, que solamente viene a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades autónomas, pero que no aporta nada nuevo ni positivo a la conservación de la biodiversidad de la Parques Nacionales, objetivo principal que debiera haber guiado cualquier reflexión sobre el futuro de la Red.

Las organizaciones firmantes se han manifestado siempre partidarias de la cogestión de los PN mediante la participación del MIMAM y las Comunidades Autónomas y han realizado propuestas para mejorar este sistema garantizando una mayor independencia política y coherencia de la Red y un incremento de la participación de las administraciones locales, pero asegurando el papel del Estado como garante del mantenimiento y respeto a un modelo y una visión global.

Las ONG no cuestionan la capacidad de las Comunidades Autónomas para gestionar sus propias redes de espacios protegidos, pero opinan que el TC no ha entendido la necesidad de que exista una red superior, de interés general del Estado, en la cual estén representados los mejores ejemplos de los hábitats y ecosistemas españoles. Para las ONG, el reparto de los Parques Nacionales entre las distintas comunidades autónomas supone el fin de ese objetivo básico, consagrado por anteriores dictámenes del Alto Tribunal, destruyendo la unidad de criterio y la coherencia en la gestión a favor de intereses de puro poder político y territorial.

Así mismo, las ONG consideran un gravísimo error el vaciado de competencias de los patronatos y del Consejo de la Red impuesto por el TC, que se convierten en meros testigos y convidados de piedra de las decisiones que adopte cada autonomía.

Durante los últimos 25 años se ha organizado en España la que es seguramente la mejor Red de Parques Nacionales de Europa, y el modelo español de gestión compartida ha sido un ejemplo mundial para una nueva forma de entender la gestión de estos espacios protegidos, basada en la participación y la co-responsabilidad. Para las organizaciones ecologistas no tiene sentido abandonar este camino para ir a un modelo de exclusividad que no sólo no conserva mejor la naturaleza, sino que es menos abierto, menos participativo, más opaco y mucho más sensible a las presiones de los agentes locales.

Texto íntegro de la sentencia (PDF 400 Kb)