Recorte de un parque público para favorecer a una urbanización ilegal

En El Puerto la realidad supera a la ficción. Aquí todo es posible, hasta que un Pleno del Ayuntamiento apruebe una propuesta para
recortar un Sistema General de Espacios Libres (SGEL, terrenos destinados a parques públicos) para favorecer a una urbanización
ilegal. En el Pinar de Coig han proliferado en los últimos años viviendas ilegales, la mayoría de segunda residencia, sin que el
Ayuntamiento haya hecho nada por evitarlo, aún conociendo el caso y a pesar de las numerosas denuncias de Ecologistas en Acción, al
parecer en un intento de beneficiar al promotor, al que debían de haber expropiado por 90 millones de pesetas según prescribe el
PGMO, permitiéndole la venta de los terrenos por un valor muy superior. En la actualidad el alcalde, el concejal de urbanismo y el
promotor de la urbanización están imputados por un delito contra la ordenación del territorio por denuncia de Ecologistas en Acción,
y los propietarios de chalets por denuncia de la Junta y del alcalde.

El Ayuntamiento sigue sin abrir los expedientes sancionadores, a pesar de asegurar lo contrario, pues sólo ha iniciado los de
restauración de la legalidad, que deberían llevar a la demolición de las viviendas ilegales, pero lo ha hecho, y así lo han reconocido
públicamente el alcalde y el concejal de Urbanismo, para impedir que la Junta le retire las competencias, prometiendo a los
propietarios de estas viviendas ilegales que no derribará ni una, lo que supone una evidente connivencia con estas ilegalidades
urbanísticas. Ahora, en vez de exigir el cumplimiento de la legalidad, Hernán lleva a Pleno una propuesta para recortar este parque
público y recalificar parte del pinar, para intentar eludir sus responsabilidades penales, con la vana confianza de que cuando llegue a
juicio estos terrenos pudieran ser ya urbanizables.

El Pinar de Coig está declarado SGEL tanto por el PGMO de El Puerto como por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la
Bahía de Cádiz, aprobado hoy hace un año por Decreto de la Junta de Andalucía. Curiosamente, el Ayuntamiento de El Puerto no
presentó ninguna alegación en contra de este SGEL. Lo que hoy ha aprobado el Pleno es solicitar a la Junta que inicie el trámite de
modificación de límites de este SGEL para poder recalificar los terrenos del pinar donde se ha levantado esta urbanización ilegal,
propuesta a todas luces inviable con la que Hernán pretende erigirse de nuevo en defensor (el ‘escudo’, según sus propias palabras) de
los constructores ilegales, buscando el voto fácil y traspasando el problema a la Junta. Este acuerdo supondrá, además, un nuevo e
importante retraso del PGMO, pues en el improbable caso de que la Junta iniciara la modificación del POT de la Bahía de Cádiz, los
trámites (tiene que aprobarlo el Parlamento), llevarían un tiempo impredecible, igual que las anteriores barbaridades que ha venido
planteando el Equipo de Gobierno IPSOE y han sido rechazadas con la Declaración de Impacto Ambiental. La pretensión de modificar
un Decreto Ley, perjudicará de nuevo a la ciudad en general y, más aún, a aquellos vecinos que pretenden regularizar la situación de
sus viviendas en las EMAS, y les permita acceder a la dotación de servicios, problema este que sí tiene un consenso total de todas las
fuerzas políticas y sociales del municipio e, incluso, de la Junta. Estas viviendas están en una situación distinta que las del Pinar de
Coig, pues aún siendo ilegales no han cometido el delito de hacerse en zonas protegidas. Un nuevo retraso del PGOM impedirá
regularizar estas zonas, dotándolas de infraestructuras y servicios.

Lo más incomprensible es el apoyo del PSOE a esta iniciativa, lo que demuestra que sus concejales no tienen respeto alguno por la
legalidad ni por el medio ambiente. Si Hernán puede ganar algunos votos con este acuerdo, ¿Qué gana el PSOE? Hacer el ridículo
apoyando la trampa que le ha tendido Hernán a los responsables de la Junta, contra los que, a partir de ahora, mandará a los vecinos de
esta urbanización ilegal para presionarlos. El que un concejal de Desarrollo Sostenible, responsable del Área de Medio Ambiente, vote
a favor de recortar un parque público para favorecer a una urbanización ilegal, es algo inadmisible, aunque nos estemos ya
acostumbrando a este tipo de actuaciones, por lo que exigimos su inmediata dimisión. La desfachatez del sr. García de Quirós llega al
límite de convocar para el próximo día 13 una reunión del Foro de la Agenda 21 de Desarrollo Sostenible ¿Apoyando la
recalificaciones de zonas verdes piensa promover el desarrollo sostenible? Ecologistas en Acción pedirá responsabilidades a García
de Quirós en este Foro, pues no pensamos seguir admitiendo semejante falta de respeto a los ciudadanos de El Puerto, ni más
agresiones al medio ambiente.

Los argumentos esgrimidos por la sra. Gamero, portavoz del PSOE, para apoyar esta propuesta -que es una demanda de unos vecinos-
es de una hipocresía que supera todos los límites, máxime cuando ha reconocido que ha votado sí a pesar de que no cuenta con la
documentación necesaria. Muchas demandas de vecinos en defensa de derechos, no para justificar ilegalidades, han sido rechazadas por
el PSOE. La sugerencia al PGMO que contó con más apoyo fue la presentada por Ecologistas en Acción en mayo del 2001, apoyada con
la firma de 1.250 ciudadanos, y en la que se pedía que se declararan no urbanizables la totalidad de terrenos forestales de El Puerto.
¿Por qué se tramita y apoya una demanda de unos pocos vecinos, algunos de ellos no están siquiera empadronados en el Puerto, para
recalificar y urbanizar una zona verde y no la presentada por 1.250 vecinos para proteger las zonas verdes de nuestro municipio?

Como ya nos tiene acostumbrado el Grupo Municipal Socialista en este Ayuntamiento, de nuevo contradice la filosofía y la política
que su partido a nivel nacional y autonómico promete desarrollar, en el proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, en proceso de trámite actualmente en el Parlamento, el grupo socialista presentó ayer mismo enmiendas totalmente contrarias
a lo que aquí practica este grupo PSOE, “...cuando la Junta estime que las obras son manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística,...dispondrá la inmediata demolición de urbanización o edificación, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un
mes”, para nada propone que una vez hecha la construcción se proceda a su legalización. Para un tipo de política retrograda en
dirección opuesta a la actualidad y en pro de un interés general en este Puerto de Santa María no nos hace falta este PSOE, con IP ya
tenemos el cupo. Posiblemente no se enteren y si no podremos sospechar de intereses más oscuros.

Ecologistas en Acción va a solicitar a la Consejería de Obras Públicas que no atienda esta solicitud y exija al Ayuntamiento el
cumplimiento de la legalidad urbanística y la defensa y restitución de los terrenos dedicados a parques públicos.