El TSJ obliga al Ayuntamiento de Alcoi a reponer una zona verde

Todas las versiones de este artículo: [Català] [Castellano]

El fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso administrativo presentado por la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció e, inicialmente, por un grupo de vecinos y vecinas de "Salvem la Rosaleda", anula, por ser contrarios a derecho, los acuerdos del Ayuntamiento de Alcoi que aprobaron la adjudicación, el diseño funcional y el proyecto de ejecución del parking de la Rosaleda. El Tribunal confirma que el aparcamiento no respeta la zona verde y obliga al Ayuntamiento de Alcoi a reponerla "al ser y estado que tenía antes de iniciarse las obras".

En el verano de 2001 el Ayuntamiento de Alcoi inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución de Alcoi (conocida como "La Rosaleda"), una de las dos únicas y no muy grandes zonas verdes con las que contaba el barrio del Ensanche. A pesar de la fuerte oposición de l@s vecin@s, agrupad@s en "Salvem la Rosaleda", el Ayuntamiento licitó la obra y la adjudicó a una unión temporal de empresas que presentó un proyecto que no respetaba la zona verde.

La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos formularon un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porque el Ayuntamiento mintió alegando que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, ya que el concesionario debía reponerla exactamente a su situación previa a las obras.

Ahora, cuando han pasado casi cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia sobre el asunto, declarando ilegales los acuerdos del Ayuntamiento de Alcoi que aprobaban la adjudicación, el diseño funcional y el proyecto de ejecución del aparcamiento.

El Tribunal considera que en abstracto la construcción de un aparcamiento subterráneo en una zona verde puede ser admisible, pero siempre respetando las exigencias normativas que protegen y determinan las condiciones de estas zonas. Ahora bien, éste no es el caso del proyecto concreto que el gobierno municipal del PP aprobó y adjudicó, como bien ilustran algunos fragmentos de la sentencia:

"...nos encontramos ante un claro ejemplo de contravención del ordenamiento en la solución aprobada y adoptada por el Ayuntamiento, aún en su lectura más flexible y favorable a la compatibilidad de los usos. Así, las soluciones por las que optó el Ayuntamiento superan a todas luces las posibilidades de la integración de estos usos del suelo: la entradas al aparcamiento invaden la superficie y el volumen de la plaza, más allá de todo lo razonable y admisible en una zona verde, lejos de las mínimas exigencias funcionales del aparcamiento."

"La misma construcción a varias alturas de la plaza difícilmente puede considerarse que cumple con el requisito de no interferir el libre tránsito o la estancia de las personas que ha de ser propio a una zona verde."

La sentencia también subraya la pérdida de las preceptivas condiciones para la plantación de especies vegetales y la insuficiencia clara de las superficies arboladas, que deberían ocupar un 20% de la plaza cuando en realidad no alcanzan ni el 5%.
Por último, el fallo anula los acuerdos mencionados y declara la obligación del Ayuntamiento de Alcoi "de reponer la zona verde o espacio libre alterado de la plaza de la Rosaleda (plaza Constitución) al ser y estado que tenía antes de iniciarse las obras consecuencia de los acuerdos anulados, respetándose su situación física y jurídica urbanística establecida en el ordenamiento jurídico y, en particular, en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi."

La Carrasca-Ecologistes en Acció de Alcoi valora muy positivamente esta sentencia, que pone de manifiesto el menosprecio de la legalidad y la prepotencia con la que actuó el gobierno municipal liderado por el entonces alcalde Miguel Peralta (actual conseller de Justicia del Gobierno Valenciano), más al servicio de los intereses de la empresa constructora que del conjunto de los ciudadanos. Es también lamentable el cómplice papel de algunos técnicos del Ayuntamiento, que avalaron sumisamente unas decisiones políticas que, en palabras del Tribunal, incumplían de manera palmaria las exigencias normativas.

Solo nos queda pedir al Ayuntamiento de Alcoi que cumpla la sentencia con la mayor celeridad posible y que lo haga contando con la participación de los vecinos y vecinas, para que la Rosaleda vuelva a ser muy pronto la zona verde que era, vital para la calidad de vida de la ciudad.




Visitantes conectados: 634