Las obras de la M-30 serán legales, pero no de interés general

Ante la sentencia recientemente conocida, en la que una juez deniega la suspensión de obras en la M-30 por ser de ‘interés general’, la PLATAFORMA M-30 denuncia que las consideraciones de la juez en las que se sustenta el fallo son meras asunciones de principio carentes de cualquier fundamento objetivo.

La culminación de un despropósito general no puede justificarse por los supuestos daños que su suspensión acarrearía a particulares (empresas contratistas) en virtud de determinadas cláusulas indemnizatorias contenidas en los contratos de adjudicación o por supuestos “perjuicios a terceros”, máxime cuando es la propia administración de justicia la que, con su tardanza en emitir sentencia, agrava la situación demandada. Admitir lo contrario, como hace la sentencia, invalidaría gran parte de nuestro ordenamiento jurídico.

El Estudio de Evaluación realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, del que el fallo extrae los supuestos “beneficios sociales” de las obras, carece de la objetividad necesaria y está contaminado puesto que dicha Universidad participa como parte económicamente interesada en el desarrollo de las obras (diseño de los pozos de ventilación del by-pass sur y asesoramiento para la compra de filtros, etc.).

El fallo recoge de forma acrítica todos los tópicos manifiestamente falaces propalados por el Ayuntamiento (“reducción del 50 por ciento de la tasa de accidentalidad, ahorro de tiempo de viajes y de combustible, disminución de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, disminución del efecto barrera de la M-30 con la ciudad y disminución del ruido soportado por los vecinos de las zonas próximas”) sin molestarse en comprobar su veracidad y ni contemplar ningún informe contradictorio.

El fallo no contiene ninguna consideración relativa al impacto que estas obras están teniendo y tendrán sobre la salud de miles de madrileños, la seguridad de cientos de edificios o la destrucción del patrimonio arbóreo y arqueológico de Madrid.
El fallo no contempla ninguna de las consideraciones críticas de la Comunidad europea emitidas, o en trámite, en relación con ésta u otras obras similares.

Por todo lo anterior, aun cuando a la Plataforma M-30 no le cabe otra opción que acatar el fallo en lo que tiene de resolución ejecutiva (no paralización de las obras), sí manifiesta con total claridad que no comparte los considerando utilizados en la sentencia y, en particular, lo que a todas luces supone una extralimitación conceptual de la Sra. Juez, cual es decretar qué es, o no, de “interés general” a partir de informaciones parciales, sesgadas, interesadas de parte y no contrastadas.

La Plataforma M-30 lamenta que sentencias así, aunque legales y de obligado acatamiento, sirvan para avalar despropósitos ambientales y económicos de tal magnitud como el que supone la ampliación de la M-30 para Madrid. Nuevamente se pone de manifiesto que lo “legal”, aunque haya que acatarlo, no es siempre lo razonable y justo.

A partir de esta sentencia, Gallardón podrá alardear de estar dentro del ámbito de lo legal. Pero que las obras sean legales no quiere decir, ni con mucho, que sean adecuadas y convenientes, ni que con esta sentencia se justifiquen todos los desmanes que suponen contra las personas, el patrimonio municipal, el medioambiente y los árboles.

En consecuencia, la Plataforma M-30 continuará con sus acciones y su apoyo a todos los movimientos vecinales que se oponen a esta desmesura faraónica cuya única justificación es el favoritismo a las grandes empresas constructoras y la demagogia fácil basada en la seducción de uso del vehículo privado.




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