Por octavo año consecutivo Ecologistas en Acción de Cádiz presenta su campaña “Banderas Negras”. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).

Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

 Dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.

 Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.

Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa legal: Ley de Costas ( Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos, sobre todo: agua, suelo y paisaje. A veces el impacto puede ser grande aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística ( ej. El Ancla y la Inmaculada: bandera nº 2). En síntesis banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿En qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?

Nuestra campaña surgió en el año 1999 por oposición a la de banderas azules, campaña organizada por la Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE). Un año más denunciamos el fraude que suponen estas banderas cuya concesión responde sobre todo a la presión de las grandes empresas turísticas y no a criterios ambientales. Se sigue concediendo bandera azul a La Barrosa, ejemplo de urbanización salvaje, degradación natural e incumplimiento de la legislación urbanística (ver bandera nº 4), a la playa de El Ancla y la Inmaculada (El Puerto de Santa María) en la que se ha arrasado la “Arboleda Perdida” de Alberti y a Chipiona que vierte sin depurar las aguas residuales de más de 60.000 personas en verano (bandera nº 1). Se conceden banderas azules incluso a 6 puertos deportivos en la provincia. La acumulación de fraudes y denuncias en su obtención provocó en febrero de 1999 que la Comisión Europea retirase su apoyo económico a la "Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE) y se desmarcase desde entonces de la campaña de banderas azules.

La reciente creación de la Agencia Andaluza del Agua y la transferencia de las competencias de los ríos Guadalete y Barbate a la Consejería de Medio Ambiente, no han significado avances percibibles en la mejora de la calidad de ambos ríos: el primero con un Plan de Recuperación parado (un estudio de la Universidad de Huelva señala al Guadalete como uno de los ríos con peor calidad de agua en Andalucía) y el segundo sin saneamiento de sus aguas. Tampoco el “abrazo” por parte de la Junta de Andalucía de la Nueva Cultura del Agua ha superado el nivel de las declaraciones; la Directiva Marco de Aguas no se cumple hasta la fecha en todo lo relativo a la mejora y protección de las aguas de transición.

Destacamos como novedad general positiva en este año la nueva legislación sobre vivienda protegida ya que puede suponer un freno a la expansión urbanística de los pueblos y ciudades del litoral. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), de inminente aprobación, incluye objetivos, normas y directrices que pueden propiciar un cambio sustancial en los modelos insostenibles que está propiciando la especulación urbanística, al defender el modelo de ciudad mediterránea compacta frente a la proliferación de urbanizaciones desgajadas de los pueblos y ciudades tradicionales, separar los campos de golf de los desarrollos inmobiliarios, incluir estudios de la capacidad de carga del territorio o exigir balances ecológicos en las previsiones de los planes de ordenación urbana.

El borrador de la futura Ley de gestión del Ciclo Integral del Agua también representa un paso positivo, aunque insuficiente, a la hora de trasponer al Directiva Marco de Aguas a la legislación andaluza, porque deja al margen de la imposición ecológica a los regadíos y no garantiza la participación en la gestión de los recursos hídricos.

En lo que se refiere a la provincia de Cádiz, el crecimiento continuo y desordenado de la urbanización siguen siendo la mayor amenaza para el litoral. No obstante, hay una novedad puntual positiva: la sentencia contra el hotel Playa de la Luz, en Rota, que debería obligar a demoler la parte que invade dominio público y servidumbre de protección ( por lo que retiramos la bandera ). Aparece en cambio una nueva bandera negra: La Casería en San Fernando, y en las demás (El Ancla y la Inmaculada, La Barrosa- Novo Sancti Petri, Roche, El Palmar, Atalanterra y Caños de Meca), continúa la urbanización. Crece el gigantesco núcleo de la Ballena y el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Tarifa pretende construir todo lo que queda fuera de los espacios protegidos. Surgen 2 graves amenazas inmediatas: la construcción en terrenos no urbanizables de 2 hoteles en el Tómbolo de Trafalgar, espacio protegido de la Red Natura (que calificamos como bandera negra, incluida dentro de Caños de Meca) y el sepultamiento en hormigón de la playa Micaela , en Chipiona.

El panorama de los vertidos ha cambiado poco. Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales (desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obligación -por una directiva europea ¡de 1991!). No obstante, 4 municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 18 millones de metros cúbicos anuales ( el 29 % del agua vertida al mar) : Chipiona, Vejer, Tarifa y Algeciras: 1800.000 personas censadas (y un número muy superior durante los meses de verano) que representan el 27 % de la población del litoral. Destaca Algeciras que, con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahía con total impunidad, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó el proyecto de depuradora ¡hace 4 años!

Otros 5 municipios cuentan con depuradoras que funcionan mal: El Puerto de Santa María, Puerto Real, Barbate, Conil (Roche), La Línea, San Roque y Los Barrios (estos dos últimos sobre todo en verano ). La peor situación está en la Bahía de Algeciras, con 10 puntos de vertidos industriales y urbanos, más los frecuentemente producidos por el intenso tráfico de barcos y los fondeados permanentemente al amparo de Gibraltar. Un informe de la asociación científica Oceana, elaborado a partir de datos oficiales de la Unión Europea, indica que, solo en las instalaciones del Puerto de Algeciras, se vierten anualmente 773.000 toneladas de hidrocarburos pesados debido a malas prácticas o a usos ilegales.

Como novedad positiva hay que mencionar la entrada en funcionamiento en septiembre de 2005 de la depuradora de Barbate aunque el proceso de depuración debe mejorar bastante. La novedad negativa es el mal funcionamiento de la depuradora de la Línea. El año pasado destacábamos positivamente el estreno de la depuración secundaria o biológica en esta depuradora. La noticia ha resultado ser errónea. El proceso de depuración es únicamente primario y el agua de salida (prácticamente residual), tiene altos niveles de contaminación orgánica. Los vertidos son conducidos por un emisario de 800 m a la altura de la playa de Levante a unos 2 km del Puerto Pesquero.

Los demás municipios (salvo, en parte, Rota y la Barrosa) realizan una depuración primaria y secundaria, que no garantiza la reutilización del efluente; para lograr la reutilización de las aguas residuales es necesario llegar a un tratamiento terciario. Este debería ser el objetivo a conseguir en todos los municipios litorales.

El total de vertidos es de unos 62 hectómetros cúbicos, de los que se reutiliza solo el 4 % (Rota y parcialmente La Barrosa y Atlanterra). El 96 % de los vertidos van al mar sin reutilizarse (59 hectómetros cúbicos). Este volumen se aproxima al volumen del trasvase Guadiaro-Majaceite y a un 27 % del consumo de los regadíos de la provincia de Cádiz.

A partir de estas consideraciones, hemos decidido conceder 2 menciones positivas a actuaciones que suponen una mejora ambiental, 14 Banderas Negras (1 más que el año anterior) y 21 Puntos Negros (2 más que en el 2005).

Actuaciones de mejora ambiental en el litoral

Actuaciones que suponen una mejora tangible en la calidad ambiental del litoral:

1º La decisión del tribunal Superior de Justicia al considerar NO legalizable las obras del Centro de Talasoterapia del hotel Playa de la Luz en Rota. Lo que junto a la ratificación del deslinde no deja duda alguna del delito urbanístico cometido por lo que la demolición está pendiente.

2º La entrada en funcionamiento de la depuradora de Barbate ¡7 años después de su construcción!. No obstante la depuración es insuficiente porque no funciona el sistema secundario.