La persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que siempre han actuado los infractores ambientales. La justicia sigue sin medir con el mismo rasero a unos y a otros.

Presentamos una recopilación de casos, no exhaustiva, en los que miembros de diversas organizaciones ecologistas, fundamentalmente de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, pero también de otras organizaciones y plataformas ciudadanas han sufrido el acoso penal o administrativo a instancia de empresas o de la propia administración. Estos casos se refieren únicamente al período 2000-2006, ya que en dicho año 2000 presentamos un informe similar recopilando casos anteriores.

Todos los casos recopilados tienen una característica común: las actuaciones de los ecologistas tienen un marcado carácter pacífico y en muchos casos simbólico y están realizadas con la única intencionalidad de la defensa y protección del medio ambiente.

Aunque muchos de estos casos se han archivado, sobreseído o finalmente los activistas han sido absueltos (en primera o en segunda instancia), han supuesto, como es obvio, incomodidades, pérdida de tiempo y presión psicológica. Pero en otros casos los ecologistas han sido condenados o han tenido que afrontar fianzas o multas. Desde hace un tiempo hemos detectado un recrudecimiento de los casos de ecologistas procesados, con la particularidad de que el acoso se ha extendido también contra nuestros abogados. Hay que hacer notar al respecto que el número de denuncias por cuestiones urbanísticas ha crecido mucho en los últimos años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia, la virulencia de las acusaciones contra nosotros o nuestros letrados es notable.

Es de resaltar, también, que mientras antes las acusaciones más frecuentes eran por resistencia a la policía, daños a actividades o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora han aumentado significativamente las denuncias por injurias y calumnias. Lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o “autoridades” que nos denuncian, sino que en algunos casos diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un “interés” y agilidad que no tienen cuando se trata de delincuentes ambientales.

En este último período hemos tenido que adoptar numerosas iniciativas de apoyo ante estos procesos y especialmente ante la situación, particularmente complicada, de nuestros compañeros letrados de Almería. En muchos de estos asuntos está involucrado el Ayuntamiento de Níjar. Este acoso deriva de su papel profesional y personal en la defensa de la legalidad ambiental y urbanística en una zona donde existe un complejo entramado de intereses alrededor del actual modelo urbanístico que promueve la trasgresión sistemática de dicha legislación.

Por ello la Confederación de Ecologistas en Acción decidió dar traslado al Consejo General del Poder Judicial de un conjunto de situaciones y actuaciones (19 en total) en varios juzgados de esa capital que consideran irregulares y discriminatorias. Los ecologistas esperan que el CGPJ agilice la instrucción del expediente que ha abierto a fin de determinar las responsabilidades que corresponda, si las hubiera, por el trato presuntamente discriminatorio que entienden que ha existido en dichos juzgados.