Recientemente el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha sometido a información pública el Decreto por el que se crea el Consejo de la Red Natural de Aragón. Se trata de un “órgano colegiado de carácter consultivo, deliberante y de cooperación, que asesora al Departamento de Medio Ambiente” en la búsqueda de una planificación conjunta de gestión de y coordinación de todos los espacios naturales con figuras de protección de nuestra comunidad. Sin embargo, llama la atención que siendo un órgano de asesoramiento del Gobierno de Aragón, todos sus miembros están adscrito al mismo o han sido propuestos por el Consejero de Medio Ambiente.

La Red Natural está formada por la totalidad de espacios recogidos en la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Áreas singulares), los incluidos en la Red Natura 2000 (ZEPAS y LICS), zonas Ramsar y árboles singulares, entre otros.

Ecologistas en Acción vio en su día positivo la creación de la red y cree acertado la constitución de un órgano asesor del Gobierno de Aragón, pero no entiende que esto se haga a espaldas de una verdadera participación pública, sin contar con la presencia de colectivos interesados en la conservación del medio natural aragonés.

A juicio de la entidad ecologista llama poderosamente la atención, siendo un ejemplo claro de la mala planificación en el desarrollo de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que la propia Ley por la que se creaba la Red Natural de Aragón no contemplara la posibilidad de crear este consejo. Además, se ha redactado y sometido a información pública cuando la Ley que intenta corregir el error anterior todavía se encuentra en tramitación en las cortes aragonesas con enmiendas importantes, como la propuesta por el PP, que rechaza la constitución de este órgano.

Para Ecologistas en Acción es lamentable que mientras la legislación medio ambiental cada vez apuesta más por la participación pública, el departamento de Medio Ambiente de la espalda a este hecho e intente dar carácter social a un órgano donde no existe representaciones ajenas a las del propio Departamento de Medio Ambiente.

Colectivos sociales, como los grupos ecologistas, venimos desde hace años pidiendo medidas de protección y denunciando actuaciones que se vienen produciendo en zonas declaradas como ZEPAS o propuestas como LICs (ahora ya también aprobados). La constitución de un órgano consultivo que trabaje sobre la problemática de estas zonas es, al menos en la teoría, una buena oportunidad de escuchar las voces de los colectivos e instituciones que venimos trabajando el tema. En caso contrario se deja a unos espacios declarados con diferentes figuras de protección sin ningún medio de participación pública.