Carta al Presidente de la Diputación provincial

A/A Francisco González Cabaña, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz:

Deseamos manifestarle nuestra inquietud e insatisfacción por la situación en que se encuentra la gestión de los residuos urbanos en nuestra provincia, así como la necesidad de que las Administraciones ofrezcan soluciones a la parálisis que muestran todos sus indicadores.

El Plan Provincial de Gestión se ha demostrado obsoleto, los objetivos de reciclado y compostaje no se cumplen y la instalación estrella que debería haber sido el referente en cuanto a la óptima gestión, Miramundo (Medina Sidonia), se ha convertido en un macrovertedero que no composta, no biometaniza, no cogenera electricidad: un absoluto fiasco.

Recordamos sus palabras en 1999:
Miramundo no es sólo una planta pionera en España de tratamiento de residuos, es además el centro neurálgico donde los residuos de los municipios a los que da cobertura reciben un tratamiento integral, hasta alcanzar un aprovechamiento casi total de los mismos. Haber llegado hasta aquí, a la cabeza de España con una planta de estas características debe ser un orgullo para todos los gaditanos.

Nada de lo proclamado se ha cumplido. La perseguida tarifa única para todos los municipios con la gestión de la basura consorciada no se ha logrado. El compostaje de la fracción orgánica es inexistente (Miramundo) o minoritario (Las Calandrias, Los Barrios). La mesa social de residuos que debería haber sido el órgano de participación y control, no se reúne y nuestra reiterada solicitud para que lo haga no recibe respuesta. La entrada en vigor de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, con la obligatoria Autorización Ambiental Integrada, no ha supuesto mejora alguna hasta la fecha para las instalaciones de tratamiento.

De la financiación de las plantas de reciclado, en particular los 3.000 millones de las antiguas pesetas para Miramundo (fondos Pomal, Programa Operativo Local), nunca se ha ofrecido información diáfana.

En cuanto a la pretensión de que el órgano mancomunado para la gestión de los residuos urbanos, Biorreciclaje, contara siempre con mayoría de capital público, no tenemos garantías de que esta salvaguarda sea un hecho en la actualidad, dados los esfuerzos privatizadores emprendidos.

Con el relevo en la responsabilidad del área de medio ambiente de la Diputación Provincial se dispone de una oportunidad para enderezar este rumbo completamente perdido. El cese debe hacerse extensivo a los dos responsables de este desaguisado, que son Antonio Fernández y Antonio Ramírez, los máximos culpables en sus respectivas áreas jurídica y política del caos al que hemos llegado en los desechos en el consorcio gaditano. La renovación en la responsabilidad gestora, el nuevo Plan Director Andaluz de Prevención y Gestión de los Residuos Urbanos y el nuevo Reglamento de Residuos que introduce la Ley GICA, son elementos indispensables para empezar a abordar con seriedad el problema.

Como medida más urgente, junto a la destitución de los señores arriba señalados, le reiteramos la solicitud para que convoque sin más dilaciones la mesa social provincial de residuos, donde podamos establecer las líneas maestras de resolución de este impasse absoluto en que nos encontramos.