El Decreto del golf fomentará la especulación y la corrupción urbanística

El proyecto de Decreto sobre el golf elaborado por la Junta de Andalucía no es más que una nueva cesión a las presiones de los especuladores urbanísticos, y un inadmisible incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que se opone a que los campos de golf sean meras excusas para las recalificaciones de terrenos y las promociones inmobiliarias. Este Decreto propiciará el que siga campeando en Andalucía una política urbanística que ha desencadenado todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción.

La Junta de Andalucía parece haber tirado la toalla en la lucha contra la especulación urbanística que está asolando nuestro territorio. La situación creada es claramente insostenible desde los puntos de vista ambiental, territorial, económico, político y social. La Administración Autonómica, en vez de poner coto a tal desmadre, lo propicia con normas como este Decreto. Los campos de golf y sus urbanizaciones anexas representan el peor modelo de ocupación del territorio, el que más suelo, agua y recursos naturales consume. El Informe de Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) de 2006, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía; ya hay provincias que tienen más de la mitad de la primera línea de costa construida.

Este Decreto incumple normas como el POTA, y las reiteradas promesas del Presidente de la Junta de no permitir que los campos de golf se utilicen para recalificar suelos y construir promociones inmobiliarias. De nuevo, las presiones de las constructoras han vencido al interés general que deben defender los poderes públicos. Las condiciones que se incluyen en el Decreto para “permitir” promociones inmobiliarias son ridículas y no sólo no minimizarán el impacto territorial y ambiental de los campos de golf, sino que los aumentarán, ya que obligará a recalificar grandes extensiones de suelo, pues a las 70 has. mínimas del campo de golf hay que añadir los suelos correspondientes a la zona residencial, hotelera y comercial, por lo que cada campo de golf conllevará la recalificación de más de 100 has de suelo; en muchos casos una superficie superiora la las propias poblaciones existentes.

Con este Decreto la Junta demuestra un desprecio absoluto a las normas legales y al Parlamento. El POTA -aprobado tanto por el Parlamento andaluz como por Consejo de Gobierno de la Junta hace poco más de un año- propugna un modelo territorial basado en la ciudad compacta mediterránea, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales como el suelo, el agua o la energía. Establece como objetivo el romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados.

Evidentemente, con estas grandes recalificaciones es imposible cumplir la norma que prohíbe incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano. También se infringen las normas que prescriben que hay que dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, y contemplar las instalaciones turísticas destinadas al ocio y deporte (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. Los empresarios aducen que los campos de golf no son rentables y que hay que “valorizarlos” con el complemento residencial, entonces ¿por qué se van a seguir promoviendo y construyendo?

El hecho de que la aprobación de campos de golf con desarrollos urbanísticos dependa de una comisión política, y que no exista ningún baremo objetivo para evaluar el número de viviendas que se incluirá en cada proyecto, propiciará la más absoluta discrecionalidad y potenciará la corrupción urbanística.

En cuanto al uso del agua, el Decreto no establece la obligatoriedad de regar con aguas depuradas ni prohíbe taxativamente el uso de agua potable. En la más flagrante ambigüedad sólo introduce la obligatoriedad de disponer de estaciones meteorológicas y balsas de 100.000 m3, con lo que además de no solucionar los problemas de riego irregular que se dan en buena parte de los campos de golf de Andalucía seguirá fomentando los pinchazos ilegales a los acuíferos y las tomas fraudulentas a la red general.

La propia Consejería de Turismo reconoce en el estudio sobre la demanda de golf en Andalucía que en 2005 Andalucía recibió sólo 364.000 turistas que declararon el golf como el objetivo de su viaje, lo que supone un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales. Para ese 1,5% de turistas se quiere condicionar todo el desarrollo urbanístico e hipotecar nuestro futuro con un desmesurado consumo de suelo y agua.

La Consejería de Turismo nos ha remitido este proyecto de Decreto para que presentemos nuestras alegaciones. Ecologistas en Acción presentará una alegación a la totalidad por entender que este Decreto sólo propiciará más especulación, más corrupción y mantener un nivel insostenible de destrucción de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y de recursos escasos como el agua.