Ante la sentencia del supremo sobre la presa de Irueña

La sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara legal el proyecto de construcción de la presa de Irueña viene a dar carta de naturaleza legal a una de las obras que mayor impacto ambiental han supuesto en los últimos 20 años para la provincia de Salamanca.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico el desenlace era previsible si tenemos en cuenta que el tribunal ha basado su argumentación exclusivamente en el informe pericial emitido ante la Audiencia Nacional por un ingeniero de montes. En su día la parte demandante, la CODA, solicitó la práctica de una prueba pericial que evaluara el impacto medioambiental de la presa en el ecosistema del Rebollar.

En aquel momento se creía de vital importancia para la fiabilidad del informe que éste fuera redactado por un profesional de las ciencias ambientales o de la biología. Sin embargo, la Audiencia Nacional, en una decisión que nunca hemos llegado a comprender, impuso como condición que el informe fuera redactado por un ingeniero forestal. El citado informe, carente de una verdadera visión integral de los ecosistemas, centró toda su argumentación en valorar, en una visión puramente economicista, los metros cúbicos de madera que se perderían o salvarían con la inundación de la presa en cuestión.

No se tuvieron en cuenta las interacciones entre los distintos espacios naturales, ni los efectos barrera ni las interrelaciones entre las especies animales y vegetales. Basándose en semejante informe pericial, propio de un especialista en explotaciones madereras, las sentencias judiciales no han servido si no para certificar la muerte anunciada de un valioso valle natural.

Pero al margen, de las consideraciones jurídicas, desde Ecologistas en Acción queremos denunciar aquí la desgraciada decisión política que en su día aprobó el PSOE y que el PP de Salamanca secundó con entusiasmo pues ambas formaciones comparten una misma caduca concepción de la gestión de las cuencas fluviales inspiradas en exclusiva por ingenieros de obras hidráulicas.

La aprobación de la presa de Irueña, no exenta de dificultades técnicas, fue decidida después de intolerables ingerencias de políticos clientelistas cuya visión es de corto plazo sobre unos técnicos de Medio Ambiente que desaconsejaban su construcción.

Queremos denunciar aquí la farsa de los objetivos que se han utilizado para justificar una obra tan agresiva para el medio natural. La Declaración de Impacto Ambiental que autoriza la presa de Irueña en mayo de 1995, justifica su construcción por el objetivo “irrenunciable” de laminar las avenidas del Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo.

Accesoriamente, se apuntaban como objetivos complementarios, mantener un caudal ecológico suficiente aguas debajo de la presa, y asegurar el abastecimiento de las poblaciones. Bajo ningún concepto se acepta como objetivo justificativo la producción hidroeléctrica mediante turbinas y así lo advierte la propia sentencia del Tribunal Supremo.

Hemos de recordar una vez más, que desde Ecologistas en Acción hemos propuesto como medida para solucionar el problema de las inundaciones en Ciudad Rodrigo la utilización del pantano como presa de agujero. De esta forma, sólo durante las horas de mayores crecidas se cerrarían los portillos para, pasado el peligro, evacuar controladamente la presa como de hecho se tuvo que hacer pocas horas después de su inauguración oficial. De esta manera se podrían conjugar el objetivo de laminar las avenidas y la preservación de la vegetación, y por tanto la fauna, existentes en los valles del Águeda y Mayas. Ello aseguraría que el 100% de la presa se utilizara para su objetivo “irrenunciable”.

Sobre la finalidad oficial de asegurar el abastecimiento de las poblaciones, baste citar el escarnio a la razón que supone que de los 5 pueblos afectados por la presa, sólo Fuenteguinaldo tiene previsto utilizar el agua del pantano para su abastecimiento. El resto de pueblos, una vez construida la presa, han manifestado su desprecio a ser abastecidas por la misma, lo que demuestra que el pretexto de la falta de agua para el abastecimiento de sus poblaciones era una farsa.

Asegurar el caudal ecológico suficiente aguas debajo de la presa no puede ser más grotesco si tenemos en cuenta que, aguas abajo hasta ciudad Rodrigo, casi el 90% del cauce está destruido por un rosario de embalses, algunos de ellos recientemente construidos.

Respecto al aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, que algunos ediles de la zona reclaman para sus pueblos, desde Ecologistas en Acción advertimos sobre la ilegalidad de su explotación, toda vez que, como recuerda el Tribunal Supremo y ha reconocido el propio abogado de los ayuntamientos, dicha finalidad fue excluida taxativamente por la citada Declaración de Impacto Ambiental que dio luz verde al proyecto.

Así mismo, debemos de informar a la población de Ciudad Rodrigo que técnicamente la explotación hidroeléctrica es contradictoria y va en detrimento de la prevención de las avenidas. Para turbinar hay que elevar el nivel de embalsado y cuanto más se llena un pantano menos capacidad tiene éste de regular en caso de avenidas. Algo que traducido al román paladín significa: “la avaricia rompe el saco”.

Por otro lado, la insistente petición de aprovechamiento hidroeléctrico por parte de los entusiastas del pantano, no viene sino a poner en evidencia nuestra sospecha de que la invocación de un objetivo humanitario tan loable como la laminación de las avenidas en Ciudad Rodrigo no era si no un ruin pretexto para ocultar otras finalidades mucho más especulativas y lucrativas cuyos beneficios ahora todos se apresuran a reclamar como si de un macabro botín de guerra tras la batalla se tratara.