Reserva de la Biosfera PN Cabo de Gata-Níjar

La asociación APNCG-Ecologistas en Acción denuncia ante el Comité Español del programa MaB la situación de la reserva de Cabo de Gata y quiere llamar la atención internacional sobre la aprobación por la Junta de Andalucía de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para este espacio protegido.

Todo indica que los textos legales aprobados (PORN y PRUG), y todavía no publicados en el Boletín Oficial, no han modificado los términos del último proyecto dado a conocer por la Junta de Andalucía en el pasado año 2007. La declaraciones a la prensa de la Junta de Andalucía, sobre la importancia de esta nueva normativa, que “blinda la conservación de este parque natural”, sólo puede explicarse, desde el punto de vista ecologista, porque estamos en plena campaña electoral y se va a hacer un uso intensivo de este parque con propaganda engañosa.

Esta Asociación ha solicitado que una representación de expertos del Comité Español de Reservas de la Biosfera de la ONU se desplace a la Reserva de Cabo de Gata-Níjar y valore la adecuación y compatibilidad de los cambios normativos y la actitud de la Junta de Andalucía en relación con esta Reserva de la Biosfera.

La Asociación conservacionista pretende que el Comité español conozca con detalle lo que a su juicio es una clara regresión en la protección y en la conservación de los valores de este singular espacio protegido. Los motivos de esta decisión están basados en algunos de los temas más conflictivos y criticados que presenta el nuevo PORN, recién aprobado:

1.- La Junta de Andalucía procede a la legalización de todas las urbanizaciones ilegales construidas, y por construir, dentro del parque natural, incluido el sector donde se ubica el macro-hotel de El Algarrobico (cuya zonificación y usos se igualan a la de los núcleos de población). De las 300 has de suelo urbano aprobado dentro de este espacio protegido en 1994, se pasa a más de 500 has de suelo urbano. La mayor parte de ellas ya construidas de forma ilegal.

2.- Con esta decisión se evita cualquier tipo de responsabilidad, incluso penal, en que puedan haber incurrido los distintos cargos políticos municipales y autonómicos implicados, y se anula de facto cualquier sentencia favorable a los intereses ecologistas en los numerosos pleitos pendientes.

3.- En torno a las 3000 has. de suelo se desprotegen totalmente al ser calificadas como zonas en las que se autoriza el cultivo de regadío intensivo al aire libre (por consiguiente, precisan de más agua, más fertilizantes y, en definitiva, generan más residuos y es una modalidad más agresiva que el cultivo intensivo cubierto). Recordemos que el principal valor ambiental de este espacio es su configuración subdesértica.

4.- Todos los núcleos urbanos de población, hasta las cortijadas, se excluyen del parque, al establecerse que en dichas zonas no se aplica la normativa de protección ambiental. Todos los núcleos urbanos, por tanto, admiten cualquier tipo de desarrollo urbanístico, industrial, etc. Para precisar, nada impediría (porque no se establece límite legal) los rascacielos en las poblaciones del interior del parque o nuevas Endesa y Holcim, como actualmente ya sucede en el núcleo urbano de Carboneras.

5.- Para todo el litoral de este espacio protegido, salvo en lo que se refiere a las reservas integrales, se disminuye su protección y pasan a calificarse de zonas de esparcimiento y aprovechamiento turístico.

6.- La Junta de Andalucía se reserva la posibilidad de modificaciones puntuales del PORN, sin las garantías que precisa esta norma de tutela de un espacio protegido.

7.- No se establece zonificación ni directriz alguna para la protección de las zonas de interés paisajístico. Es más, es de esperar que 3000 has. de regadío entrañen una modificación altamente incompatible con el paisaje subdesértico.

8.- No se tasan los usos permitidos en cada una de las zonas del parque y la administración autonómica se reserva la posibilidad de autorizar usos no previstos en el PORN. Esto ha dado origen a aberraciones como la existencia de una piscifactoría en los límites de una reserva integral o a las más de 100 has. de cultivos intensivos de regadío en torno al emblemático e histórico cortijo de El Fraile.

Esta Asociación anuncia ya su intención de impugnar la nueva normativa en los Tribunales nacionales y en llevar este asunto a Bruselas.