No más sangre por petróleo

La UE tiene un (sobre)consumo energético per cápita muy por encima de la media mundial y una tremenda dependencia energética. Si se continúa el ritmo actual la dependencia de la importación energética en 2030 será del 65%, se importaría el 84% de gas y el 93% de petróleo [1]. Con el fin de sostener la economía capitalista y el metabolismo del modelo urbano-agro-industrial, sin que colapse el sistema eléctrico, el transporte, la agricultura industrial o la mayoría de los flujos de bienes y servicios comercializados, la UE y los gobiernos de los Estados miembro imponen todo tipo de políticas asegurando el acopio ininterrumpido con materias primas energéticas y no energéticas, a precios "baratos", violando sistemáticamente Derechos Humanos de comunidades locales y destruyendo el planeta. En nombre del "crecimiento económico" aseguran el acceso a recursos naturales, y muy especialmente recursos fósiles, para las corporaciones transnacionales, "protegiendo" así la competitividad de las industrias europeas en el mercado global [2]. Bruselas siempre ha dejado claro que usará toda la fuerza de su músculo político, financiero (y militar [3]) para establecer tratados vinculantes con el fin de proveer la UE con energía. Aunque se decore el discurso público con temas tales como eficiencia energética, energías renovables y lucha contra el cambio climático, lo cierto es que la apuesta más importante de la agenda de "seguridad energética" de la UE se basa en la importación masiva de energía fósil, y sobre todo de petróleo. Para ello se destina una gran parte de los presupuestos públicos a las subvenciones de los combustibles fósiles, se militarizan regiones y se inician guerras por recursos (Irak, Libia, Afganistán, Sudán, Guinea Ecuatorial, etc.), se desmantelan leyes ambientales y se impulsan políticas comerciales y de inversión [4] que permiten expandir -cada vez más- las fronteras petroleras (Polo Norte, Amazonas, aguas profundas, etc.). En consecuencia millones de personas sufren vertidos de petróleo, como el del Prestige, de forma permanente y más feroz. El consumo energético en la UE está manchado de sangre y ha generado una deuda ecológica inimaginable e impagable (calentamiento global y colapso ecológico).

El énfasis temporal de la UE en el uso interesado del cambio climático en la política energética [5] para introducir nuevos mecanismos de mercado (mercado de carbono, Mecanismos de Desarrollo Limpio, pago por servicios ambientales, etc.) [6] y no abordar la necesidad de un cambio del paradigma (reducción del consumo energético y transición a un modelo post-fosilista) ha pasado a la narrativa de la seguridad [7]. No había ni hay voluntad política para atajar los impactos sociales y ambientales catastróficos del modelo energético actual. El conjunto de los poderes de la UE (Consejo, Comisión y la mayoría derechista del Parlamento) apuesta por una política energética injusta e insostenible llamada de "seguridad energética", centrada entero en la "disponibilidad física e ininterrumpida de productos y servicios energéticos".

En 2010 la Comisión Europea implementó el Tratado de Lisboa en lo que se refería a la Política Energética de la UE, adoptando la comunicación "Energía 2020: Una estrategia para energía competitiva, sostenible y segura". Cabe recordar que el artículo 194 del nuevo Tratado sobre el Funcionamiento de la UE convirtió las políticas energéticas en competencia compartida entre la Comisión y los Estados miembros, ampliando el poder de la UE para efectuar objetivos de política energética a través de procedimiento legislativo ordinario. Poco tiempo después situó como prioridad las "Prioridades de infraestructuras energéticas para 2020 y más allá", donde la Comisión Europea identifica corredores energéticos claves, como por ejemplo la importación de gas y petróleo de Nigeria, Rusia, Azerbaidzhan, Turkmenistán, Chechenia, Argelia, Libia, Egipto, entre otros. En 2011, la Comisión Europea publicó el "Mapa energético 2050" con el objetivo de garantizar la seguridad en el abastecimiento y la competitividad para "mantener la UE como un mercado atractivo y globalmente competitivo para inversores", en palabras de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas [8]. Otras propuestas preocupantes de la UE, como la Comunicación sobre el Mercado Energético Interno, incluyen políticas con consecuencias socio-ambientales y económicas muy negativas, tales como la tecnología de Captura y Almacenamiento de Carbono, la extracción de gas con la Fractura Hidráulica, agrocombustibles industriales, o el fracasado Sistema Europeo de Comercio de Carbono (ETS) que subvenciona a las empresas más contaminantes por contaminar y nos encierra en el modelo petra-dependiente.

Las propuestas de la Comisión Europea para construir un elevado número de infraestructuras energéticas trans-continentales y megaproyectos energéticos (oleo- y gaseoductos, exploraciones en alta mar, grandes hidroeléctricas, etc.) [9] en países fuera de la UE, son parte de un acaparamiento -o robo- energético gigantesco en medio planeta. Se puede decir que una buena parte de las políticas públicas (exteriores, defensa, cooperación, comercio, etc.) se diseñan para este fin. Los planes de "seguridad energética" significan básicamente diversificar el suministro para responder a los crecientes desafíos globales: pico de petróleo y la paulatina escasez de recursos (caída de las reservas de petróleo y gas en el Atlántico del Norte y la reducción de la extracción en países como Noruega o Reino Unido), la creciente competitividad mundial (frente a la demanda de China, India y otros países BRICS), así como la inestabilidad y tensiones políticas, por ejemplo, las amenazas del gobierno ruso a cortar el gas (como ha ocurrido en el pasado). Pero la política energética de la UE sólo crea más inseguridades. Primero una nueva ola de conflictos por las inversiones de corporaciones transnacionales y capital financiero en regiones con un alto grado de miseria y desigualdades, apoyado política y militarmente por la UE. Segundo, perpetua un modelo económico basado en el petróleo y con altísimas emisiones de CO2 que constantemente necesita más importaciones de energía y estará menos preparado para un escenario global con un agotamiento de los combustibles fósiles, creando las condiciones para problemas sociales y económicos inimaginables en el futuro no muy lejano. Tercero, seguir alimentando este sistema de sobre-consumo intensivo de carbono, arruina todos los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 y tiene implicaciones catastróficas por las consecuencias del cambio climático.

En momentos de crisis económica y severos recortes sociales, denunciamos que la UE, en colaboración con las Instituciones Financieras Internacional (IFIs), sigue gastando cientos de millones de euros de dinero público en la subvención de las industrias ligadas a los combustibles fósiles, y muy especialmente de los hidrocarburos, así como en la construcción de grandes infraestructuras que empeorarán el calentamiento global y la crisis ambiental [10]. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), por ejemplo, están inyectando miles de millones de euros en megaproyectos e infraestructuras energéticas para aumentar la exploración, la explotación y el consumo de hidrocarburos. Estos fondos públicos se canalizan a grandes corporaciones transnacionales y especuladores financieros como fondos de capital privada (private equity), maximizando los beneficios privados y ampliando los impactos dramáticos para las comunidades locales y el medioambiente.

Ecologistas en Acción exige a la UE y el gobierno español, eliminar todas las subvenciones públicas a los combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón (que globalmente ascienden a 487.000 millones de euros anuales, 2010), una de las causas que incrementó las emisiones de dióxido de carbono en 2010 en un 5%. Exigimos tasas al transporte marítimo (bunkering) y aéreo. Asimismo planteamos la urgente necesidad de eliminar los gastos militares y el fin de todos los conflictos armados.