Ecologistas en Acción considera que la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Plan General de Brunete, ha consumado de forma aberrante un proceso plagado de irregularidades y en el que tanto el Ayuntamiento de la localidad como, sobre todo, la Comunidad de Madrid han acabado por escenificar una farsa que deja una situación de vacío sin garantías jurídicas, urbanísticas ni mucho menos, medioambientales.
El Plan de Brunete aprobado da lugar a la reclasificación del 27,94 % del término municipal. Así a lo largo de las 1.367 hectáreas recalificadas se podrán edificar unas 12.000 viviendas. Según la Comunidad de Madrid, en palabras de su portavoz de hace unos días, se reducía con ello en 15.000 viviendas las previsiones iniciales. Falso, la reducción es de sólo 7.000 viviendas, ya que, como es fácilmente comprobable en el documento sometido en su día a información pública se contabilizaba en algo más de 19.000 las viviendas susceptibles de construirse.
Por otro lado, el patético intento de ofrecer la imagen de un Plan sostenible cae por su propio peso ya que los condicionantes ambientales impuestos en nada palian los graves impactos ambientales y territoriales que se generan.
El Plan aprobado mantiene todos los sectores inicialmente previstos de tal manera que, si se ejecuta en su totalidad, las nuevas casas de Brunete llegarán desde Villanueva de la Cañada hasta el río Guadarrama en la frontera con Villaviciosa de Odón. Creando una ciudad de unos 50.000 habitantes donde hoy sólo existen espacios naturales.
La reducción de edificabilidad de la que se habla no supone restringir la superficie de los desarrollos residenciales, como era de esperar, sino sólo el volumen construido. Por ello, todos los espacios que presume el Plan de proteger, como el Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario del río Guadarrama, los montes preservados y los cauces, quedarán cercados por las construcciones y condenados a la degradación paulatina.
Por último, en esta primera valoración del Plan, hay que incidir en las irregularidades en la tramitación en las que se suceden cuestiones tan importantes como la falta de transparencia en la tramitación, la insuficiencia de los documentos hechos públicos del Plan para conocer su verdadero alcance, la falta de una información pública conforme a lo que la ley exige y la inexistencia de una evaluación ambiental conforme a la legislación europea. Para colmo, la resolución aprobatoria plantea una serie de cuestiones que dejan un margen muy amplio de interpretación de cara a la aplicación del Plan por lo que no contiene las estipulaciones normativas y resolutivas que exige la Ley del Suelo. Ello conlleva un escenario de inseguridad jurídica y de falta de garantías que parece el caldo de cultivo adecuado para que medren los especuladores y se obvien las leyes territoriales y medioambientales.
