Viviendas ilegales construidas en las cañadas del Verdugo y Villarana

En la nota que hemos remitido a los medios de comunicación se aseguraba que el Director General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Ortiz Mallol se había dirigido al Ayuntamiento de El Puerto instándole a la demolición de las viviendas de la urbanización ilegal de El Barranco ubicada en el interior de la Reserva Natural de Las Lagunas. Aunque la Junta tiene abierta diligencias en relación con esta urbanización ilegal, que se encuentran también en vía judicial por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, en realidad la nota que nos ha remitido esa Dirección General se refiere a las viviendas ilegales construidas en las cañadas del Verdugo y Villarana.

Ecologistas en Acción mantiene la valoración positiva ante la actuación de la Consejería de Obras Públicas que incluíamos en la nota remitida, y esperamos que se proceda a la demolición de todas las viviendas construidas en terrenos públicos o protegidos, tanto en vías pecuarias, como en Sistemas Generales de Espacios Libres, como es el caso del complejo turístico de Las Beatillas y de la Urbanización del Pinar de Coig, o en espacios protegidos, como la mencionada urbanización de El Barranco ubicada en la Reserva Natural de las Lagunas de El Puerto.

Lamentamos la confusión que hayamos podido crear.

Nota original:

La Junta insta al Ayuntamiento a la demolición de las viviendas ilegales construidas en la Reserva Natural de Las Lagunas

El Director General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Ortiz Mallol, ha comunicado a Ecologistas en Acción que se ha dirigido al Ayuntamiento de El Puerto recodándole, en relación con la urbanización ilegal de El Barranco ubicada en el interior de la Reserva Natural de Las Lagunas, que “es imperativo la apertura y tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores, así como la incidencia que el plazo previsto en el art. 182.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, tiene sobre la tramitación de procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado”. La LOUA estipula que, cuando las obras realizadas son incompatibles con la ordenación vigente, debe restablecerse la realidad física alterada, con la reposición, a costa del interesado, al estado inmediatamente anterior a la realización de las obras ilegales. En el caso de que los infractores no procedan a la demolición de las construcciones ilegales la ley prevé que una vez sobrepasados los plazos de cumplimiento voluntario de dichas órdenes de demolición “podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste”.

Pues bien, el Ayuntamiento ha informado a la Junta de Andalucía que tiene abiertos quince expedientes de protección de la legalidad en El Barranco desde febrero de 2006 –una vez que Ecologistas en Acción puso una denuncia ante los Juzgados- pero que ninguno se ha resuelto, incluso el Ayuntamiento llega a asegurar que no ha podido identificar a alguno de los propietarios de las viviendas ilegales, hecho insólito al existir una asociación de estos propietarios que han mantenido numerosas reuniones con los máximos responsables de Urbanismo.

Hay que recordar que esta urbanización se ha venido desarrollando en una zona que goza de la máxima protección legal, declarada no urbanizable por la Ley que declara la Reserva Natural de las Lagunas de El Puerto, que se aprobó el 2 de abril de 1987 por el Parlamento andaluz. El PGOU de El Puerto, aprobado en 1991, prescribe la demolición de las nueve viviendas existentes entonces en El Barranco; el Ayuntamiento 17 años después aún no ha ejecutado dicha orden. Estas nueve viviendas no sólo no se demolieron sino que siguió la parcelación y construcción ilegal de viviendas de forma que en la actualidad hay una treintena.

El anterior equipo de Gobierno, formado por IP y PSOE, apoyó este proceso de urbanización llegando a tramitar un proyecto de electrificación de esta urbanización ilegal, proyecto que fue denegado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta connivencia ha llevado a la apertura de diligencias judiciales, en las que están imputados el ex alcalde Hernán Díaz y los ex concejales de Urbanismo Pedro Alamillos y Juan Carlos Rodríguez.

Ecologistas en Acción se congratula de esta iniciativa de la Consejería de Obras Públicas y exigirá la demolición de toda esta urbanización ilegal para restaurar la Reserva Natural de Las Lagunas a su estado original, libre de edificaciones ilegales.