Incumplimiento del derecho comunitario en el vertedero de Miramundo

Ecologistas en Acción de Cádiz presenta denuncia ante la comisión de las comunidades europeas por incumplimiento del derecho comunitario en el vertedero de Miramundo en Medina Sidonia

El pasado 2 de abril Ecologistas en Acción Cádiz ha presentado ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea denuncia por la acumulación de ilegalidades que arrastra la gestión del vertedero de residuos urbanos de Miramundo, en Medina Sidonia.

Este vertedero continúa acumulando basura urbana sin ningún tipo de tratamiento, contraviniendo toda la legislación comunitaria en materia de residuos, sin que la Consejería de Medio Ambiente haya procedido a la corrección de esta insostenible situación, que lleva arrastrándose demasiados años. El compostaje de la fracción orgánica de la basura no se realiza, con lo que la basura en bruto se vierte en nuevos frentes de depósito. Además, la planta de biometanización que debería haber tratado el gas metano para obtener energía eléctrica, nunca ha funcionado.

La Autorización Ambiental Integrada que fue concedida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente el 30 de octubre del año pasado, estaba completamente injustificada, pues no cumplía los mínimos requerimientos de tratamiento de las basuras que son exigibles a una planta de gestión de desechos urbanos, por lo que hemos presentado recurso de alzada a la propia Consejería de Medio Ambiente. Algunos de los plazos que imponía a la empresa gestora, Biorreciclaje, ya se han cumplido sin que Miramundo "adaptara la gestión del vertedero a las exigencias de tratamiento previo de los residuos".

Por otro lado, llevamos más de dos años sin que se reúna la Mesa Social de residuos, donde se debieran haber debatido estos problemas, con una recepción anómala de basuras de otras procedencias, con amenazas de privatización del ente gestor (Biorreciclaje), con una financiación con fondos comunitarios (3.000 millones de pesetas) nunca aclarada y con una inhibición clara de la acción sancionadora por parte de la Administración ambiental.

El objetivo de llevar este estado de hechos a la Comisión Europea es la de buscar protección jurídica ante una situación insostenible, la exigencia de transparencia total en la gestión de la planta y, sobre todo, la necesidad de que los responsables de estas anomalías den cuenta de sus actos y podamos vislumbrar la solución a las basuras en la provincia de Cádiz.




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