Falta de transparencia informativa en torno al estuario del Guadalquivir

Ecologistas en Acción continúa mostrando su preocupación por la elevada
turbidez que siguen presentando las aguas del estuario del Guadalquivir en
el tramo comprendido entre la población sevillana de Alcalá del Río y la
desembocadura del río en Sanlúcar. La propia Junta de Andalucía admite que
desde hace más de cuatro meses existe un alto porcentaje de sedimentos en
suspensión en las aguas. Otras fuentes han comprobado niveles 20 veces
superiores a los valores habituales en la zona.

Los análisis que ha mostrado la Alcaldesa de Sanlúcar, Irene García,
carecen de credibilidad, aunque estén avalados por las administraciones
competentes (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Agencia
Andaluza del Agua), debido a que tales informes no tienen nada que ver con
el estuario del Guadalquivir, sino con la cuenca del río. Es decir, los
análisis difundidos no incluyen datos sobre el estado de las aguas de la
desembocadura del Guadalquivir. Según la Orden del 14 de febrero de 1997
de la Junta, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas, se
establecerán los objetivos de la calidad de las aguas afectadas
directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de
enero, en virtud del cual se aprueba el Reglamento de la calidad de las
aguas litorales (BOJA número 27 de 4 de marzo de 1997). En dicha Orden se
fija que los objetivos de calidad en el río Guadalquivir se definirán en
una Orden posterior, pero ésta, a día de hoy, no se ha publicado, dejando
en un vacío legal la preocupante situación del estuario que permite a la
Junta por su propia inacción evadir responsabilidades. En esta Orden
pendiente es donde debe hacerse referencia a la turbidez de las aguas del
estuario del Guadalquivir.

En su comunicado público sobre los resultados de los análisis efectuados
hasta el momento, la Junta manifiesta que “no se ha encontrado ninguna
elevación de la contaminación química de las aguas”. Ecologistas en Acción
exige una aclaración al respecto: ¿acaso admite la Junta que, a día de
hoy, el estuario del Guadalquivir mantiene valores de contaminación
química?. No hay información oficial sobre las sustancias tóxicas que
contiene el río Guadalquivir diez años después de que ocurriera el mayor
desastre medioambiental de Europa: la rotura de la presa minera de
Aznalcóllar, por la que se vertió millones de metros cúbicos de lodos y
aguas tóxicas al río Guadiamar, afectando al Espacio Natural de Doñana y,
por supuesto, al estuario del Guadalquivir.

Lo cierto es que, con independencia de los resultados de cualquier
análisis, el Guadalquivir va de pena, como se puede comprobar a simple
vista, y los efectos de la turbidez se está dejando notar en las
actividades económicas de la ría. Así, los acuicultores de Sanlúcar,
Trebujena y Puebla del Río están comprobando cómo los filtros de
depuración de agua de sus estanques se atascan y cómo los peces están
boqueando porque el oxígeno no les llega. Además, los alevines de las
especies que se desarrollan en el estuario están teniendo problemas por la
excesiva turbidez actual, lo que acabará afectando a las pesquerías del
Golfo de Cádiz.

Por otra parte, Ecologistas en Acción considera que es poco serio que en
la reunión que mantuvieron el martes los máximos responsables de las
distintas administraciones competentes en la materia no se hayan despejado
las dudas sobre el origen del estado actual del río y se hayan barajado
las mismas hipótesis que desde Ecologistas en Acción se emitieron ya hace
meses, sin que se hayan determinado líneas de actuación para, al menos,
descartar algunas, lo cual indica que, por incapacidad o por dejadez,
las administraciones no pueden garantizar a día de hoy el buen estado de
la principal masa de agua de Andalucía.

En esa reunión se puso de manifiesto que es probable que la turbidez de
las aguas del río Guadalquivir venga de la presa de Alcalá del Río, no
teniendo en cuenta otras posibles causas como las miles de hectáreas
puestas en cultivo de olivar de regadío, las obras de la nueva esclusa y
los dragados de mantenimiento del Puerto de Sevilla. Sin olvidar la
próxima apertura de la mina de Las Cruces, que va a verter al río
Guadalquivir durante 15 años sustancias altamente contaminantes con el
beneplácito de la Junta de Andalucía, concretamente de Juan Espadas Cejas,
Viceconsejero de Medio Ambiente en funciones, imputado por la supuesta
comisión de un delito de prevaricación. Se trata de un caso judicial
abierto por la autorización de un punto de vertido tóxico al río
Guadalquivir otorgada a la mina de Las Cruces.

Todas estas cuestiones se abordaron ayer jueves en una conferencia
organizada en Sanlúcar por Ecologistas en Acción con motivo del décimo
aniversario de la catástrofe anunciada de las minas de Aznalcóllar,
interviniendo como ponente el coordinador provincial de esta organización
en Sevilla, Isidoro Albarreal.