El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra construye una carretera sin tener los papeles necesarios

La carretera conocida como Variante Este que unirá la de Alcalá a Dos Hermanas con la carretera a Morón, atravesando el río Guadaíra por un nuevo puente en el hermoso lugar del escarpe de los Alcores, conocido como "Rincón de Alcalá" se ha estado construyendo sin Declaración de Impacto Ambiental, sin proyecto aprobado por Obras Públicas y con un estudio de tráfico erróneo.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes era conocedora de esta situación.

Durante más de un año el Ayuntamiento de Alcalá ha estado construyendo el tramo 1 de dicha carretera, donde en estos momentos ya hay sectores prácticamente terminados, mientras se estaba en redacción y exposición pública el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de dicha carretera.

Este grupo ecologísta, Alwadi-Ira-Ecologistas en Acción, ya denunció con fecha 21 de diciembre del 2006, durante el plazo de exposición pública del Estudio informativo de la: "Variante Este de Alcalá de Guadaíra" Clave: 02-SE-1664-M.1-0.0-EI ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes la violación de las leyes de protección Ambiental y la construcción ilegal de dicha carretera:

"...Se precisa de una aclaración de adecuación a la legalidad de el propio Estudio en cuanto afecta al Tramo 1, pues nos suscita serias dudas sobre la legalidad de este Estudio, sobre sus previsiones, sobre su propio costo económico, al estar haciéndose ya unas obras que se supone están sometidas a información pública. Así mismo sobre la legalidad y justificación de los gastos que dicho Estudio conlleva para el erario público en algo que por la vía de los hechos ya resulta innecesario...."

Nuevamente el 3 de Abril del 2007 por un error se vuelve a publicar en el BOJA, una nueva apertura del expediente de información pública del estudio informativo "Variante Este de Alcalá de Guadaíra" Clave: 02-SE-1664-M.1-0.0-EI. Habiéndose detectado un error material en el Estudio Informativo...

De nuevo este colectivo Alwadi-Ira vuelve a presentar sus alegaciones y de nuevo volvemos a denunciar que el Tramo 1 de dicha Obra está ya en ejecución avanzada y decíamos:

"Este Tramo 1 que en la actualidad se encuentra en obras de ejecución del firme, sin que sepamos en calidad de que, nos lleva a la confusión de no entender las razones de este Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental que lo acompaña, donde se analizan y diseñan los distintos segmentos o partes de dicho trazado del tramo 1, incluidas rotondas de conexión con otros viarios, pues al encontrarse en ejecución, una importante carga de los Impactos Ambientales están hechos, dejando poco o ningún margen a propuestas o alegaciones tanto sobre el trazado como sobre las condiciones materiales del mismo. Respecto de este tramo 1, podemos afirmar que el presente Proyecto, al que alegamos, es una ficción, cuando no una justificación o pretensión de darle cobertura legal a una actuación concreta que no la tiene. Es evidente que dichas obras carecen de un Proyecto y de su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental."

Y en base a esos argumentos Alegábamos:

"Se precisa de una aclaración de adecuación a la legalidad de el propio Proyecto en cuanto afecta al Tramo 1, pues nos suscita serias dudas sobre la legalidad de este Proyecto como hemos expresado en las Consideraciones Legales Previas, sobre sus previsiones, sobre su propio costo económico, al estar haciéndose ya unas obras que se supone están sometidas a información pública. Así mismo sobre la legalidad y justificación de los gastos que dicho Proyecto conlleva para el erario público en algo que por la vía de los hechos ya resulta innecesario."

Igualmente denunciábamos que el Estudio de Tráfico por dicha futura carretera, que justifica la construcción de la misma contenían un error numérico de un orden de magnitud "a favor" de la ejecución del Proyecto ( el estudio de tráfico partía de un costo inverosímil de 9 milésimas de euro el kilómetro recorrido para combustible, mantenimiento, etc. por cada vehículo, cuando lo real se mueve en torno a diez veces más, sobre unos 9 céntimos de euro e incluso más con la subida del precio de los combustibles). A pesar de que este elemento es clave para el Estudio y su viabilidad. Tampoco hay respuesta alguna por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, e incluso ha sacado a concurso la redacción del Proyecto, por un monto de 362.260,37, IVA incluido, para una Obra que ya está casi terminada, pudiendo igualmente estar, en su caso, ante una malversación de fondos públicos u otros ilícitos penales.

La construcción de nuevas carreteras, puentes, etc, requieren un Estudio de Impacto Ambiental, un plazo de exposición pública para que la ciudadanía opine y una Declaración de Impacto Ambiental que hace la Consejería de Medio Ambiente. En éste caso la Declaración de Impacto Ambiental se ha publicado el 13 de marzo del 2008, cuando la obra en uno de sus sectores está terminada y en el resto del tramo 1 toda la excavación del trazado ya está hecha y todo ello a pesar de que la Ley de Protección Ambiental de Andalucía en su artículo 20, apartado 2 dice textualmente:

"Las actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, comprendidas en el artítulo 5.1 de esta Ley (incluye las carreteras) no deberán autorizarse o ejecutarse sin haberse completado dicho procedimiento, o en contra de lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental."

Dado que la Consejería de Obras Públicas no ha contestado estas denuncias ni se han tomado medida alguna para salvaguardar la legalidad vigente. Este grupo ecologísta ha presentado denuncia de los hechos ante todas las partes afectadas y ante la Fiscalía, por si fuese constitutivo de un delito contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio o de otra índole.

Alwadi-Ira quiere resaltar que cuando los poderes públicos, responsables de salvaguardar las leyes, incumplen sus obligaciones, no solo se resiente el objeto de salvaguardia, en este caso el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, sino también y quizás aún más, la Justicia en su más alta expresión, al minarse la confianza ciudadana en los responsables de su custodia y por ende en la propia Justicia.