Repsol YPF se ha sumado a otras 5 petroleras internacionales que intentan poner contra la pared a Ecuador. El 9 de junio pasado la petrolera española Repsol, operadora del bloque 16 presentó oficialmente una demanda arbitral, en contra del país por la Ley 42.

El pedido se efectuó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo adscrito al Banco Mundial. El CIADI se ha caracterizado históricamente por defender los intereses de las transnacionales.

La compañía alega modificaciones a los términos económicos de su contrato por efectos de la aplicación de la Ley 42. Esta normativa entró en vigencia en abril del 2006 y obliga a las compañías petroleras a entregar al Fisco el 50% de sus ganancias extraordinarias, generadas por el incremento del precio del crudo.

En octubre del 2007 el Ejecutivo, mediante reforma al reglamento, elevó esta participación estatal al 99%.

Es decir que lo único que ha hecho el Gobierno ecuatoriano es mejorar las ganancias sobre los recursos que soberanamente le corresponden en el capítulo de «ganancias extraordinarias». La compañía intenta con eso mantener un nivel ilegítimo de beneficios.

Así las cosas, Ecuador debe hacer frente ya a 11 arbitrajes internacionales, seis de ellos relacionados con temas petroleros. Ecuador es el segundo Estado con el mayor número de casos en el CIADI, después de Argentina que tiene 35 causas en su contra.

Occidental es otra firma que demandó al país. Exige a Ecuador más de 3000 millones de dólares por su decisión de caducar su contrato en mayo del 2006.

Ecologistas en Acción considera que la mejor política respecto al petróleo que podría seguir el Estado ecuatoriano es mantenerlo en el subsuelo con proyectos similares al ITT, por el cual el Gobierno intenta conseguir los fondos, en restitución de la deuda ecológica de la que es acreedor Ecuador, para mantener en el subsuelo el crudo retenido alrededor de la Reserva de la Biosfera Yasuní.

En todo caso, la organización ecologista, no considera justificable que Repsol YPF se lucre con los recuros que corresponden al pueblo ecuatoriano.