Edificio ilegal en la finca Los Pinos

Advierten que si no se sanciona al propietario y se ordena la demolición del edificio denunciarán el caso en los Juzgados

Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al alcalde en el que formulan reclamación de responsabilidad contra los funcionarios y autoridades competentes en la tramitación del expediente iniciado a partir de la acción pública urbanística ejercida por Ecologistas en Acción, los días 23 de octubre y 11 de diciembre de 2007, contra las obras de construcción de un edifico en la finca Los Pinos; y ello por razón de no haberse procedido a la resolución expresa de dicha acción pública, incurriéndose de esta forma en la infracción del artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J.A.A.).

Ecologistas en Acción ha denunciado reiteradamente la construcción de un gran edificio en la finca Los Pinos sin licencia urbanística. El Ayuntamiento, como siempre, no había iniciado actuaciones de oficio de ningún tipo, a pesar de que las obras eran perfectamente visibles desde esta concurrida avenida. También como siempre, los responsables municipales han ordenado la paralización de las obras para eludir posibles responsabilidades penales, pero nunca paralizaron nada. Más aún, el Ayuntamiento, gobernado entonces por IP y PSOE, incluyó esta finca como urbanizable en el nuevo PGOU, a pesar de tener unos de los bosques mejor conservados del municipio y tener un expediente de la Consejería de Medio Ambiente por haber talado ilegalmente parte el mismo. Para colmo, IP y PSOE aprobaron en Pleno un convenio urbanístico para permitir la construcción de 326 viviendas, un hotel y un centro comercial. Estos hechos han sido puesto en conocimiento de la actual teniente de alcalde de Urbanismo, pero ni se han paralizado las obras ni se ha sancionado a sus responsables

Hay que recordar que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prescribe para este tipo de infracciones dos medidas: expedientes de restauración de disciplina urbanística, devolviendo el terreno a su estado original, es decir demoliendo y repoblando el terreno, y expediente sancionador con multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición.

Pues bien, ni se ha impuesto ni una sola multa a la empresa promotora –Construcciones Chiclana 2000-, ni se ha ordenado la demolición del edificio. Las administraciones tienen un plazo máximo de tres meses para resolver las denuncias por infracciones urbanísticas, pero en este caso se ha dilatado una y otra vez la resolución del expediente, seguramente para conseguir su prescripción.

La resolución de la acción pública, que el Ayuntamiento debía haber dictado, procediendo a ordenar la paralización de las obras y a iniciar los correspondientes expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadora, ha sido deliberadamente omitida, toda vez que no se han iniciado tales expedientes, resultando una omisión de suma gravedad. En consecuencia se ha incurrido en un acto de omisión de un deber jurídico de proteger la legalidad urbanística ante la infracción del ordenamiento jurídico por los promotores de las obras.

La no resolución de la acción pública y la no actuación administrativa de iniciar los correspondientes expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadora, vulnera el ordenamiento jurídico urbanístico, a cuyo cumplimiento está obligada la Administración Local. Esta actuación administrativa de no protección de la legalidad urbanística es una actuación injusta a sabiendas, objeto de responsabilidad penal por la comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, dado que “es imperativo para el funcionario dictar resolución y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”, según sentencia del Tribunal Supremo, y así se establece en la legislación urbanística (LOUA) cuando se dispone el deber de la autoridad urbanística de restaurar los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.

Por todo ello Ecologistas en Acción ha solicitado al alcalde que:

· Proceda a resolver la acción pública urbanística planteada por Ecologistas en Acción.

· Que dicha resolución acuerde el inicio del correspondiente expediente de protección de la legalidad.

· Que se incoe el oportuno expediente disciplinario a los funcionarios responsables de la demora.

Por último advertimos al alcalde que nos reservamos, a expensas de falta de resolución y actuación administrativa, la facultad de exigir las responsabilidades penales por prevaricación ante el juzgado correspondiente.