Han transcurrido varios meses desde la fecha de finalización de la exposición pública del Documento de Avance del Plan Especial de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba y aún no se tiene noticia del resultado de análisis y valoración de las numerosas sugerencias presentadas por diversas entidades y organizaciones sociales, culturales y políticas de la ciudad al citado documento.
Desde la firma del convenio entre la Gerencia de Urbanismo y la Universidad de Córdoba, en septiembre del 2005, solo se ha desarrollado dos fases de las siete en que se divide, según el documento del convenio, la ejecución del trabajo encargado a la citada institución pública docente.
Actualmente se ha ejecutado la fase correspondiente al alzado de documentación de información, elaboración del diagnóstico territorial y urbanístico y a la elaboración del documento de avance. Es decir, casi tres años para la ejecución de las fases preliminares de lo que deberá ser el futuro Plan Especial de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba. Desconocemos exactamente que puedo estar pasando, falta de recursos o de personal, desinterés político, etc. Lo que parece claro, es el excesivo tiempo, casi tres años, para elaborar un diagnóstico de la sierra de Córdoba, y otros cinco meses, para valorar las sugerencias presentadas por los colectivos sociales de la ciudad al Documento de Avance.
Ecologistas en Acción exige más diligencia en el desarrollo de las fases pendientes para la aprobación definitiva del citado documento de planificación, e instamos a que se resuelva en breve este parón en su tramitación, para disponer cuanto antes de una herramienta eficaz que nos ayude a proteger y gestionar de manera razonable los valores ambientales y ecológicos de la Sierra Cordobesa.
Ecologistas en Acción presentó un detallado y completo documento de sugerencias en el que se insistía en la necesidad de redimensionar el crecimiento urbanístico previsto para la Sierra de Córdoba, de controlar el avance urbanístico de carácter ilegal, así como de establecer un marco regulador que ordenen las actividades recreativas, lúdicas y deportivas, en colaboración con las Administraciones Públicas competentes, entre otros aspectos.
