La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha elaborado un proyecto de mejora del abastecimiento a la zona arrocera del Guadalquivir que sigue contemplando alternativas altamente impactantes como el cierre del estuario mediante presa-esclusas y ocupaciones de espacios de gran valor ambiental como el brazo de los Jerónimos o el encauzamiento del Guadaira.

El proyecto de modernización del arrozal pretende aumentar la garantía de abastecimiento a la zona regable así como mejorar la calidad de las aguas de toma. Para ello, a grandes rasgos, se propone crear una red de balsas de captación de aguas invernales del Guadalquivir y canales de distribución de ese recurso así como el procedente de los embalses del sistema de regulación general, y construir una serie de azudes y presas de cierre, para evitar la subida de la cuña salina en la zona de las tomas de riego.

La zona arrocera de Sevilla presenta beneficios ambientales y sociales innegables tanto por su capacidad productiva como por el mantenimiento de áreas inundadas que dan cobijo y alimento a gran cantidad de avifauna. Sin embargo, el riego directo desde el Guadalquivir en época estival viene suponiendo uno de los mayores impactos que sufre el río al modificar de forma sustancial el régimen fluvial hasta el punto de invertirlo.

Para Ecologistas en Acción el proyecto debe reconducirse para que sea la oportunidad de mantener los efectos socioambientales positivos y la eliminación o minimización de los impactos ambientales asociados al sistema de riego actual, para lo que sería necesario:

- Eliminar cualquier opción de cierre del río, sea cual sea su ubicación, y la ocupación de espacios naturales o naturalizados como el brazo de los Jerónimos o el encauzamiento del río Guadaira.

- Mantener el régimen estival del Guadalquivir para lo que sería necesario desvincular el riego del río mediante la interconexión directa del sistema de balsas con el canal de abastecimiento.

- La creación de las balsas de riego (2766 hectáreas de arroz) supone un ahorro de 25 Hm3 añadido, habría que reducir aún más la demanda mediante la reconversión de zonas de arrozal a marisma natural, una de las zonas más atractivas para esta restauración sería Cantaritas, área afectada directamente por la restauración de la funcionalidad del brazo de la torre del Doñana 2005 y que derivaría en una disminución de otros 25 Hm3 de las necesidades de riego. Si se adoptasen estas medidas estaríamos reduciendo a la mitad la demanda de aguas del sistema de regulación general, de 300 Hm3 a sólo 150.

Estas consideraciones adquieren un nuevo protagonismo en tanto en cuanto aparece el cambio climático y sus posibles efectos sobre el estuario como un nuevo factor de desestabilización de la zona. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha dejado patente que los ámbitos estuarinos y las costas bajas son los espacios costeros más vulnerables a los efectos del cambio climático, con lo que las acciones que se planteen en ellos deben incorporar el principio de precaución e incertidumbre. Así, seguir apostando por la regulación de un espacio sin evaluar los posibles impactos del cambio climático arroja serias dudas sobre la viabilidad del mismo.

También hay referencias en las alegaciones presentadas a la evaluación económica del proyecto que no aclara si los gastos derivados del mismo van a ser asumidos por los usuarios (en este caso los arroceros) tal como establece la Directiva Marco del Agua.

El análisis de la sostenibilidad económica del proyecto deberá considerar la situación legal de las superficies regadas, respecto del régimen concesional. En los estudios realizados por las administraciones públicas para el Informe de la Comisión Internacional de Expertos de Doñana, Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno, etc. se manejaba la cifra de 28.000 hectáreas de arrozal con concesión administrativa de aguas en lugar de las 35.000 que contempla el proyecto.

Sólo una solución que incluya entre sus objetivos la eliminación de los actuales impactos del arrozal, conservando la actividad, puede contar con una financiación pública como la que parece que se propone.