El Ayuntamiento de Móstoles da nuevas muestras de la política de silenciamiento de los actos de protesta popular. Las pintadas de los vecinos en contra de las talas en la Avenida de Portugal a causa de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero son rápidamente borradas, mientras que los grafitis-firma que están al lado son «extrañamente» respetados.
Hace algunas semanas que la empresa concesionaria de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero asoló parte de los jardines de la Avenida de Portugal con el consentimiento del Ayuntamiento de Móstoles. La zona contaba con numerosos arbustos y árboles adultos, incluidos chopos y olmos de gran porte, que proporcionaban una agradable sombra al paseo ahora arrasado. Las talas se realizaron rápidamente y se ocultaron los árboles derribados con lonas y con un hermético complejo de vallas metálicas de más de 2 metros de alto. De este modo, se evitaron posibles avisos al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Según ha sabido Ecologistas en Acción, vecinos de Móstoles han manifestado su descontento con las talas. En dos ocasiones han realizado pintadas de protesta en las vallas (la última el 16 de julio), con frases como: “No + talas”, “No toquéis ni un árbol más”, etc. Las vallas fueron repintadas por operarios de las obras al cabo de pocas horas pero sólo se borraron las pintadas de protesta, y no las «firmas» (o «escupitajos» en jerga grafitera) que aderezan todo el recorrido de vallas y que siguen allí a 29 de julio. Conociendo la «Campaña Anti-Grafiti» en el nombre de la pulcritud ejecutada por Natividad Perales, Concejala de Limpieza de la Ciudad, sorprende el diferente tratamiento de las pintadas de protesta. Según Jaime Rosado «esto es una nueva demostración de silenciamiento de la libre expresión ciudadana, política llevada a cabo por el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, que costea las obras del tren».
Ecologistas en Acción Suroeste ha recibido por parte de los vecinos de la zona fotografías y correos que denuncian la tala de árboles. Los ciudadanos de Móstoles, constantemente desoídos por el Ayuntamiento, recurren a asociaciones protectoras del medio ambiente para tratar de frenar el ecocidio sembrado por la propia Administración. A su vez, las asociaciones ecologistas son censuradas siempre que denuncian los daños ecológicos causados por la actuación del Gobierno, e incluso tienen que pagar para que se cumpla la ley, como está sucediendo en el bochornoso caso de la M-501.
Los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid se saltan impunemente la legislación, en este caso la Ley de Protección de Arbolado Urbano, mientras que persiguen y sancionan cualquier acto de protesta de la ciudadanía cuando va en contra de sus intereses. Ecologistas en Acción Suroeste denuncia este uso vejatorio de la ley por parte de la Administración y exige responsabilidad legal en sus acciones.
