Oposición a la nueva urbanización junto a Atlanterra

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Plan Parcial de “Cabo de Plata”, en el municipio de Tarifa. Este Plan se basa en el desfasado PGOU de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se suma ahora la urbanización colindante de Cabo de Plata -promovida por Atalaya desarrollos Inmob., Atlanterra A.G. y Cortijo del Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 de viviendas y 1.372 plazas hoteleras, y la intención de recalificar el Cortijo del Moro, promovido por la inmobiliaria Grupo Veintidós, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras, y dos campos de golf en una actuación que provocaría un gigantesco impacto ambiental y territorial. Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como Suelo Urbanizable en el PGOU en base a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista.

Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con los planes y leyes urbanísticas que ha venido aprobando la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz estos últimos años, como la Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa en vez de adaptar este PGOU obsoleto a los nuevos criterios de ordenación del territorio, de conservación del litoral y de la política turística, sigue promoviendo un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa. Estos planes especulativos se basan en la “burbuja inmobiliaria”, que ya se ha desinflado, y que sólo ha favorecido la economía del “ladrillo” y el empleo temporal y de baja cualificación. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha sido la principal causa de la crisis económica que padece nuestro país. Pero el Ayuntamiento de Tarifa parece no querer enterarse.

Resulta paradójico que el mismo Ayuntamiento que ha apoyado y potenciado la urbanización de Atlanterra, justifique esta nueva urbanización en base a la falta de equipamientos. Esta falta de equipamientos justificaría la construcción de los mismos en el interior de Atlanterra o en su periferia, pero no es admisible construir más para intentar “compensar” el déficit de equipamientos existente.

El PGOU de Tarifa se aprobó sin Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no se ha tenido en cuenta su impacto sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el territorio. Especialmente grave es que se pretenda aprobar esta nueva urbanización sin tener garantizado el abastecimiento de agua. A pesar de que Tarifa es un municipio que ha tenido problemas serios de suministro de agua, el Ayuntamiento, o mejor dicho la empresa privada Aqualia, certifica que hay suficientes recursos para abastecer a la urbanización Cabo Plata. Dichos informes son manifiestamente fraudulentos por varias razones: quien debe certificar legalmente la existencia de recursos hídricos no es un Ayuntamiento ni una empresa privada, sino la Agencia Andaluza del Agua; se han falseado las demandas que se requieren, pues aseguran que serán 250.000 m3/año cuando sólo el campo de golf necesitará el doble; y ni siquiera se mencionan normas de obligado cumplimiento como el Plan Hidrológico del Barbate. Ecologistas en Acción entiende que sería gravísimo que tanto la Agencia Andaluza del Agua como la Consejería de Medio Ambiente aprobaran este Plan Parcial, y se podría incluso incurrir en un presunto delito de prevaricación.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Tarifa que:

1. Proceda a rechazar el Plan Parcial SA-1 “Cabo de Plata”, por entender que no respeta la actual normativa urbanística y medioambiental, no garantiza los recursos hídricos necesarios, carece de las infraestructuras viarias imprescindibles, no incorpora las subsanaciones exigidas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2007, consagra un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general, y generaría graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico de Tarifa.

2. Que se inicie el proceso de desclasificación de los terrenos incluidos en este Plan Parcial declarándolos Suelo No Urbanizable de Especial Protección, como inicio de una nueva política urbanística y medioambiental en base a criterios de sostenibilidad.