Modificación del PGOU para que se construya una urbanización de lujo en un campo de golf ilegal

Ecologistas en Acción ha presentado un voluminoso conjunto de Alegaciones contra la propuesta del Ayuntamiento de modificación del PGOU para recalificar las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango. El Ayuntamiento tramita esta modificación como si nada hubiera pasado, cuando ya fue aprobada en el año 2001, y anulada en el año 2004 por el TSJA en Sentencia. Así mismo, el TSJA anuló las licencias de obras concedidas para construir el campo de golf, lo que ha motivado la incoación de la Diligencias Previas al haberse constatado indicios raciones de criminalidad por un presunto delito de prevaricación contra Hernán Díaz, Pedro Alamillos, Mª del Carmen Díaz Cantos y José Joaquín Jiménez Pórtela, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno de la anterior corporación municipal. El Ayuntamiento también elude el turbulento y fraudulento procedimiento de adquisición y enajenación de estas fincas por parte de IMPULSA, puesto en evidencia en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento realizado por el Tribunal de Cuentas en el periodo 1995-2000.

El Ayuntamiento pretende dar por válida la aprobación inicial de esta modificación que se realizó en 1999, para así eludir la aplicación de Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que constituye otro frade de ley, pues dicha modificación fue anulada por el TSJA, por lo que este nuevo intento de modificar el PGOU para recalificar dichas fincas es un nuevo procedimiento al que le es de aplicación toda la nueva legislación urbanística, incluida, además de la citada Ley, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, el Decreto 43/2008 regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía y la Ley 12/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Ninguna de estas normas se cumplen en la propuesta del Ayuntamiento de modificar el PGOU.

Esta propuesta no es más que un nuevo intento de favorecer a una empresa privada, Golf El Puerto, para permitir la construcción de una macrourbanización -nada menos que 1.546.522 m2- con campo de golf, 700 viviendas y hotel. Se pretende justificar de esta recalificación en base a los supuestos beneficios sociales y económicos el golf, lo que no son más que auténticas falacias. La práctica del golf está entre las últimas prioridades de los 25 millones de turistas que cada año visitan Andalucía. Según las estadísticas de la propia Consejería de Turismo de la Junta, en ningún año, en el periodo 2001-2006, la motivación de jugar al golf para viajar a Andalucía ha superado el 3,5%, siendo la media de los últimos años inferior al 1%. ¿Y para este segmento totalmente minoritario se quiere hipotecar nuestro planeamiento, nuestro territorio y nuestros recursos naturales? Si a esto se le une el hecho de que en un campo de golf no pueden jugar más de 200 personas al día ¿Dónde están los altos rendimientos socioeconómicos del golf para una población? Para lo único que tienen una alta beneficio económico es para los propietarios de los terrenos que se pretenden recalificar y para los constructores de viviendas, pues la recalificación de millón y medio de metros cuadrados puede generar unos beneficios especulativos, tan solo por la revalorización del suelo, de más de 450 millones de euros. En el documento de modificación del PGOU se asegura que el campo de golf generará 100 puestos de trabajo, cuando lleva cinco años funcionando y tiene 23 empleados. Está demostrado que los campos de golf no son rentables, son meros subterfugios para recalificar terrenos y desarrollar proyectos inmobiliarios. En el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas queda claro que esta modificación del PGOU no se hace por ningún tipo de interés público ni social, sino que “Se procede a la venta de los terrenos con carácter previo a la aprobación de la modificación puntual del PGMOU,… según propuesta de la empresa adjudicataria, sin que conste que se haya realizado ningún tipo de valoración del interés público o social de la propuesta, ni de su oportunidad…”.

Esta propuesta de modificación del PGOU es fruto de un trasnochado modelo urbanístico, basado en la “burbuja inmobiliaria” que ya se ha desinflado, y que ha utilizado la compra de viviendas solo como una forma de inversión, modelo que está actualmente en una fuerte crisis. De seguir este crecimiento desproporcionado e incontrolado, el colapso de la ciudad y la proliferación de urbanizaciones fantasmas pueden traer gravísimas consecuencias en un futuro próximo.

El Ayuntamiento, para colmo, pretende dejar como urbanizables a Las Beatillas, cuando tiene ya Declaración de Impacto Ambiental negativa. La Consejería de Medio Ambiente ha dejado claro que “Deberá eliminarse el PAU CN-1 Golf Las Beatillas debido a los importantes impactos que conllevaría el desarrollo de estos espacios”.

Ecologistas en Acción viene defendiendo que la política de viviendas de nuestra ciudad debe tener como objetivos garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, frenando las ofertas de segundas residencias, priorizando las viviendas sociales y las destinadas a jóvenes, promocionando un turismo de alojamientos, en contrapartida del residencial existente en la actualidad. Todo lo contrario de lo que pretende con esta nueva modificación del PGOU. El Ayuntamiento de El Puerto sigue fomentando una política antisocial del suelo, pues ni siquiera ha dedicado el importante Patrimonio Municipal del Suelo de que disponía –incluida estas dos fincas- al destino legalmente establecido, esto es, a construir viviendas protegidas o equipamiento públicos.

Ecologistas en Acción ha propuesto en sus alegaciones que:

· El Ayuntamiento proceda a rechazar la modificación puntual del PGOU en el ámbito de las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango, por entender que consagra un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general, y generaría graves impactos territoriales y a los recursos naturales.

· Que se proceda a la expropiación de estas fincas, con el justiprecio que se estipuló en su venta, se incluyan en el Patrimonio Municipal de Suelo, de forma que se puedan construir unas 1.500 VPO unifamiliares de autoconstrucción, asequibles para un importante segmento de la población para el que ahora es prohibitivo este tipo de viviendas y, además, se desinflaría la presión para las viviendas de autoconstrucción en el suelo no urbanizable.