Reforma fiscal ambiental

Una herramienta eficiente para reconducir ambientalmente nuestra economía.

Matthias Seiche, es economista y trabaja para BUND/FOE Alemania [1]. Revista El Ecologista nº 46.

Algunos países de nuestro entorno están llevando a cabo importantes reformas ecológicas de su fiscalidad, lo que permite que, por ejemplo, se potencien aquellas actividades y procesos más eficientes en el uso de la energía. Esta reforma fiscal es para España otra más de sus numerosas asignaturas ambientales pendientes.

Los propietarios de vehículos están muy molestos con las continuas subidas del precio de la gasolina en toda Europa. Al mismo tiempo, la catástrofe del huracán Katrina, que arrasó la bella ciudad de Nueva Orleans, ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos incluso los países industrializados si no protegemos nuestro clima ni ahorramos energía.

El Katrina nos trae, pues, un doble mensaje: en primer lugar, el cambio climático no es sólo un pronóstico, sino algo que ya está sucediendo. Tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles ahora y de forma drástica si queremos que las consecuencias del cambio climático se mantengan en un nivel tolerable. En segundo lugar, la eficiencia energética no es sólo una cuestión de concienciación ambiental sino también de racionalidad económica. La galopante demanda de energía en China supone tal presión sobre el mercado de los combustibles y el de otras materias primas que nunca volverán los bajos niveles de precios del pasado.

En estas condiciones, la reforma fiscal ambiental (RFA) es la herramienta política más eficiente y racional para reducir la dependencia de las importaciones de crudo. El principio sobre el que se basa la RFA es muy sencillo: aumentos moderados pero continuos de impuestos sobre la energía y otros recursos naturales, al mismo tiempo que se reducen los impuestos sobre la renta/trabajo o las contribuciones a la seguridad social. Esta combinación garantiza un doble dividendo: el consumo de energía se reduce y al mismo tiempo se crean puestos de trabajo gracias a que bajan los costes de mano de obra.

Muchos países del oeste de Europa y escandinavos han introducido reformas ambientales sobre la fiscalidad: Suecia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos fueron los pioneros en la década de los 90. Estos países han aumentado los impuestos ambientales no sólo sobre la energía, sino también sobre los pesticidas, las pilas y el nitrógeno utilizado en la agricultura. Reino Unido y Alemania han aumentado considerablemente sus impuestos sobre combustibles y actualmente tienen los más elevados de Europa.

En muchos países que han introducido una RFA ha habido una fuerte oposición política a dicha reforma. En el debate contra la RFA se utilizan infinidad de argumentos falsos que parecen convincentes a primera vista, pero que de hecho son incorrectos. Repasemos algunos de ellos.

Los impuestos ambientales suponen desventajas para la economía en lo que se refiere a la competencia internacional. Este argumento no tiene en cuenta que el aumento gradual del precio de la energía es un factor muy importante de innovación en la economía. Las inversiones en eficiencia energética aumentan la productividad general de las empresas. Los pioneros en eficiencia energética serán los mejor preparados para establecer sus tecnologías en los mercados globales. Los bajos precios de la energía sólo benefician a los viejos sectores industriales. Es más, la RFA no significa un aumento general de los impuestos sino sólo un cambio en la estructura de la fiscalidad. Muchos estudios han demostrado que los efectos de la RFA sobre el empleo son positivos para la economía en general.

Las tasas ambientales afectan más a los hogares de bajos ingresos que a los de altos ingresos. Hasta cierto punto puede que sea verdad, porque los hogares de bajos ingresos tienen que gastar una proporción mayor de su renta en energía. Este hecho adquiere mayor relevancia en países del Norte en los que los gastos en calefacción son mayores y las casas no están adecuadamente aisladas, como por ejemplo en Reino Unido. Pero, a diferencia del IVA, casi todos los hogares pueden evitar los impuestos ambientales: por ejemplo con vehículos de alta eficiencia en el uso de combustible o cambiando ciertos hábitos de conducción, o apagando aparatos electrónicos en vez de dejarlos en el modo de espera. El Gobierno debería compensar a los hogares realmente necesitados: la asistencia social debería ajustarse a los costes más altos de la energía.

Los impuestos ambientales perjudican a la base imponible si surten el efecto ambiental deseado. Este argumento es absurdo, y sin embargo es defendido a menudo incluso por economistas. Con ecotasas estáticas sí sería cierto: al disminuir el consumo de combustible disminuirían los ingresos tributarios. Pero los impuestos ambientales deberían subir paulatinamente, con lo que la base imponible se mantendría, la eficiencia energética mejoraría constantemente y los costes de la mano de obra se podrían reducir aún más.

¿Para qué hacen falta los impuestos ambientales si ya tenemos el intercambio de emisiones? Hasta cierto punto esta pregunta tiene justificación: Existen grandes centrales eléctricas e instalaciones industriales que queman combustibles fósiles y están sujetas al intercambio de emisiones desde principios de 2005. Pero para el transporte por carretera, la calefacción y el consumo de electricidad, los impuestos sobre la energía son el instrumento más apropiado basado en el mercado: el intercambio de emisiones sería muy complicado, ya que participarían millones de hogares. Es más, el intercambio de emisiones no aporta la ventaja adicional de reducir los impuestos sobre la mano de obra si a las empresas se les concede gratuitamente el derecho a producir emisiones.

La Unión Europea debería armonizar los impuestos sobre la energía en vez de dejar que cada Estado miembro introduzca su propia RFA. Desde luego, lo ideal sería que los impuestos sobre la energía estuviesen armonizados dentro de la UE. Entre 1992 y 2003 los ministros de Hacienda mantuvieron negociaciones para acordar la directiva de la UE sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos. El resultado final fue bastante decepcionante desde el punto de vista ambiental. Países como España, Grecia, Irlanda y Portugal utilizaron su derecho de veto para bloquear un acuerdo más sustancial. No obstante, hay países, como es el caso de Suecia, que continúan con su reforma.

La RFA puede ser un instrumento con un gran impacto sobre la política ambiental. Sin duda España saldría ganando en lo que se refiere tanto al medio ambiente como a la economía si se embarcara en la reforma. Pero quizá debería tener en cuenta ciertas lecciones de otros países:
- La RFA necesita un fuerte impulso por parte de la sociedad civil. En Alemania se formó una amplia coalición entre ONG ecologistas, sindicatos obreros y empresarios progresistas que prepararon el camino para la RFA.
- El despilfarro de energía en la mayoría de los sectores de la economía debería ser objeto de escándalo. Las reformas fiscales de por sí no suelen ser bien recibidas, así que su única oportunidad de éxito es concienciar al público del problema (el cambio climático) y conseguir que haya una voluntad generalizada de buscar soluciones (acabar con el despilfarro de energía).
- La RFA no abarca sólo los impuestos sobre combustibles. Habría que incluir también la electricidad, la calefacción y quizá otros elementos, aunque no demasiados.
- La RFA debería basarse en una ley que regule las próximas subidas de los impuestos con cinco años de antelación como mínimo. El Gobierno debería mantenerse firme en las medidas fiscales que decida tomar aunque se enfrente a una fuerte oposición.
- El concepto de reducción de los costes de la mano de obra podría combinarse con el uso de parte de las ecotasas para fines ambientales.




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