La CHG debe de someter a información pública el nuevo proyecto de Las Cruces

A finales de 1995 el ingeniero de minas de Boliden, D. Manuel Aguilar Campos presentó un detallado informe técnico a la Consejería de Medio Ambiente acerca de las aguas contaminadas que se filtraban desde la balsa de Aznalcóllar a los ríos Agrio y Guadiamar, e indicando las graves deficiencias estructurales de esa balsa. Los ecologistas lo denunciaron a lo largo de 1996 a la Junta, la Fiscalía, el Juzgado e incluso a la Unión Europea. Se iniciaron investigaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las Consejerías competentes de la Junta, siendo entonces Director General de Protección Ambiental, Francisco Tapia, actual presidente de la CHG, que naturalmente conocieron el informe del señor Aguilar.

A partir de los informes de la CHG y de la Junta, se archivaron todas las denuncias y expedientes. La CHG llegó a informar a Europa que "las aguas del río Guadiamar no entran en Doñana". El último archivo lo realizó la Unión Europea el 2 de abril de 1998, indicando que de las informes recibidos por las administraciones españolas se deduce que "han adoptado las medidas necesarias para dar solución a los problemas denunciados". 23 días después reventó la balsa.

El actual Comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano, que fue durante varios años Director de Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar, nos anuncia ahora que, a pesar de los episodios de contaminación por arsénico del acuífero Niebla-Posadas que ha provocado la mina de Las Cruces, y a pesar de la existencia de un proceso penal en curso iniciado a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, van a dar una "ultima oportunidad" a la mina, y que confía en que esta vez lo van a hacer bien.

El presidente de la CHG, Francisco Tapia, quería convencernos hace un mes que la querella de la Fiscalía contra la mina de Las Cruces no tenía "nada que ver" con la paralización del sistema de drenaje-inyección que había decretado el mismo.

Ahora la CHG no quiere que los ciudadanos, ni cualquier técnico cualificado, independiente, e interesado en evitar más contaminación, conozcan exactamente cuál es el nuevo proyecto que ahora presenta Las Cruces. Desde junio, tanto la CHG como la Consejería de Innovación, incumpliendo escandalosamente el Convenio europeo de Aarhus respecto al derecho a la información ambiental, han prohibido expresamente a Ecologistas en Acción acceder a cualquier documento relacionado con el sistema de drenaje-inyección de Las Cruces o con la estabilidad de la mina que ha sufrido derrumbes en abril y julio.

El nuevo sistema de Las Cruces incorpora un sistema de depuración y vertido al acuífero que supone una modificación sustancial del sistema, y por tanto, es obligado establecer un periodo de exposición pública. Pero la CHG pretende dar un trato de favor a la mina de Las Cruces y autorizar el sistema sin publicidad, y que los ciudadanos hagamos un acto de fe, como si se tratara de las armas de destrucción masiva de Iraq.

La mina de Las Cruces presentó hace 5 años un proyecto basado en un modelo matemático que no ha funcionado en la realidad, y la CHG y la Consejería de Innovación se lo tragaron a pesar de las muchas y serias reticencias que mostraron entonces técnicos del CEDEX, del IGME y de la propia CHG. Se rechazaron entonces alegaciones por parte de ingenieros que aconsejaban imponer un periodo de prueba antes de aprobar definitivamente el sistema, pero prevalecieron las consignas políticas a los criterios técnicos. El sentido común aconseja realizar ahora ese periodo de pruebas técnicas, sin presiones de consignas políticas pero con luz y taquígrafos. Por que lo que nos estamos jugando es una de las principales reservas de agua para Sevilla y su área metropolitana.