El PSOE pide al Ayuntamiento que cometa un delito dando servicios a las viviendas ilegales

El PSOE va a pedir en el Pleno de hoy que se dote de servicios de luz y agua a las viviendas ilegales, o sea, pide que se cometa un delito. Además, pretende que se paralicen los expedientes sancionadores y las multas coercitivas a los propietarios de estas viviendas ilegales, o sea, pide que se cometa otro delito.

Parece que no aprenden. Perdimos en la pasada legislatura cuatro años debatiendo sobre la legalización de las viviendas ilegales, creándose continuos conflictos y enfrentamientos al defenderse desde el Equipo de Gobierno a los que habían infringido la ley. Los más del 90% de ciudadanos que han respetado la ley y adquirido un vivienda legal, pagando con grandes esfuerzos su precio de mercado, cumpliendo con las cesiones de terrenos y con los gastos del proyecto, licencia de obras, notario, registradores…, no se ha dedicado tiempo alguno ni por parte de IP ni del PSOE. Más aún a las más de 2.000 personas que están a la espera de una vivienda de protección oficial tampoco les han dedicado tiempo alguno en los plenos municipales. El PSOE llegó a votar a favor de convenios urbanísticos que eliminaban la obligatoriedad de construir el 30% VPO en cada promoción. También apoyó la venta de suelo público para construir urbanizaciones de lujo, en contra de lo estipulado por la Ley.

Ahora, el sr. García de Quirós tiene prisas en que apruebe el PGOU, pero había que recordarle que él es uno de los responsables de que no se aprobase en la anterior legislatura. En primer lugar dedicando dos años a tramitar y apoyar convenios urbanísticos para favorecer la especulación en suelos forestales, convenios que terminaron por fracasar debido a la oposición ciudadana. Después, apoyando un PGOU insostenible que incumplía numerosas normas legales, y que terminó siendo rechazado por la propia Junta de Andalucía.

Ecologistas en Acción pide al Equipo de Gobierno que sea inflexible en el cumplimiento de la legislación urbanística, y que ponga en conocimiento de la fiscalía aquellas propuestas o declaraciones en el Pleno que pueda suponer una apología de la prevaricación.