Construyen una planta solar en suelo protegido

En una zona de regadío calificada por el POTAUG como zona de alto valor productivo y de excepcionales valores de carácter ecológico ambiental, montan una central solar en suelo no urbanizable y sin evaluación de impacto ambiental.

Situación de los huertos solares

La Consejería de Obras Públicas, incumpliendo los plazos que marca legislación vigente, aún no ha respondido a la pregunta de cuando se ha cambiado la calificación de los terrenos de rústicos a industriales.
La Consejería de Medio Ambiente consideró que el proyecto no necesitaba “someterse a a ningún procedimiento de prevención ambiental” y no proporcionó el proyecto a Ecologistas en Acción para su estudio, como exige la Ley.

Esta obra, que trata de la construcción de huertos solares fotovoltaicos denominados Atarfe I, Atarfe II y Atarfe III -posteriormente cambia el nombre de Atarfe por Ansola- en el término municipal de Pinos Puente, en la zona conocida como Junta de los Ríos Velillos y Cubillas, se encuentra contemplada en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y está sujeta a Autorización Ambiental Unificada.

Concretamente el punto 2.6 dice “Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas. AAU+”, y esta instalación ocupa en su totalidad parcelas agrícolas con una superficie de 22 hectáreas, aunque se divide en tres proyectos distintos, por ver si cuela, aunque el 1 y el 2 son limítrofes y hasta comparten una parcela.
Ecologistas en Acción apuesta por las energías renovables pero no a cualquier precio. Hay miles de puntos en esta provincia para la instalación de estas industrias con el mínimo impacto ambiental, pero este proyecto se enclava en una zona de grandísimo valor agrícola y ambiental de la vega, se ha partido en tres, para evitar obligaciones ambientales, y ha habido un intento de ocultación por parte de los responsables de que etas cosas no ocurran.

Construcción en plena vega

Mención especial merece la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que, despreciando la Ley 27/2006 que obliga a que nos dé una respuesta en el plazo máximo de un mes, va a permitir que las obras concluyan, y después, aparecerá como garante de la legalidad urbanística y de la aplicación del POTAUG, declarando ilegal la actuación cuando haya poco remedio.

Estamos estudiando presentar estos hechos en fiscalía por dejación de funciones si las administraciones competentes no intervienen en aplicación de la Ley.