Ecologistas en Acción exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (al organismo de cuenca) que invierta el dinero recaudado en los expedientes incoados a empresas, industrias y administraciones por vertidos a ríos y arroyos de la provincia de Sevilla en la regeneración ambiental de dichos cauces.

Ante la noticia aparecida en distintos medios de comunicación que habla de un aumento del 36% en el número de multas por vertidos en la provincia de Sevilla, Ecologistas en Acción exige que el dinero recaudado se destine a la regeneración ambiental de dichos cauces, ya que muchos de los ríos y arroyos de la provincia presentan graves problemas de contaminación, deforestación, invasión del dominio público hidráulico o pérdida del patrimonio asociado a ellos.

La Cuenca del Guadalquivir en la provincia de Sevilla tiene serios problemas de contaminación, fundamentalmente en su margen izquierda y asociado a las poblaciones con mayor número de habitantes. Tenemos los casos del río Genil a su paso por Écija, el Corbones desde la Puebla de Cazalla hasta Carmona, el río Guadaíra desde Morón de la Frontera hasta Dos Hermanas, o el arroyo Riopudio en el Aljarafe sevillano.

La situación actual de contaminación y pérdida de biodiversidad en muchos de estos cauces hacen inviable el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Directiva Marco de Agua del año 2000, que obliga a los Estados miembros a conseguir el buen estado ecológico de sus aguas a más tardar en el año 2015.

Resulta sangrante el caso del río Guadaíra cuyo Plan de Recuperación y Mejora lleva más de 5 años de retraso, a pesar de las afirmaciones de las administraciones estatal y autonómica, que afirman haber solucionado en su mayoría las actuaciones previstas en materia de aguas. Dejando la localidad de Alcalá de Guadaíra, las inversiones para recuperar el cauce en el resto de la cuenca son mínimas.

Por ello exigimos que las sanciones impuestas a las empresas e industrias se reviertan en la regeneración ambiental de los cauces sevillanos. Entre otras actuaciones exigimos que se invierta en el deslinde del dominio público hidráulico, en la dotación de caudales ecológicos, en la realización de planes para evitar la contaminación de origen agrario, en repoblación forestal, en el arreglo y/o sustitución de colectores de aguas residuales, en estaciones depuradoras (sólo un 36% de la población depura sus aguas residuales), en la creación de áreas recreativas para ocio y disfrute, en la limpieza y acondicionamiento de márgenes, en un plan de regularización de vertidos industriales, en la limpieza de cauces o en la recuperación y puesta en valor del patrimonio asociado a los mismos.

Dado que aproximadamente el 50% de los expedientes incoados recaen en las administraciones locales (ayuntamientos) puesto que son vertidos a las redes públicas de saneamiento; Ecologistas en Acción exige a todos los consistorios que aprueben ordenanzas para el vertido de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, en caso de no tenerlas aprobadas, y para aquellos que si dispongan, exigir a industrias y empresas las correspondientes autorizaciones y arquetas de muestreo para controlar los vertidos incompatibles con los sistemas de depuración de las EDAR. De este modo se evitaría que el Estado retraiga el dinero impuesto en las sanciones a los Ayuntamientos, y así poder éstos invertir también en la regeneración de aquellos cauces que atraviesen sus cascos urbanos.