Menos protección legal para los espacios naturales

La aprobación de la “Ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía” en la Comisión Económica del Parlamento, gracias a la mayoría socialista en el citado órgano, y sin previa consulta de la Comisión de Medio Ambiente y el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, solo se puede calificar de antidemocrático y lamentable por parte de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Se trata de una Ley de solo 10 artículos pero que lleva consigo una Disposición Derogatoria única y 14 Disposiciones Finales que son las que cambian las leyes ambientales.

En la exposición de motivos de la Ley se explica que se hace con la intención de incidir en las repercusiones de la crisis económica y financiera mundial en Andalucía, pero los ciudadanos se preguntarán qué relación puede existir entre unas medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica y la modificación de normas para flexibilizar la ordenación del territorio y para reducir la protección del medio ambiente. O lo que es peor, como en ECOLOGISTAS EN ACCIÓN constatamos, hay que deducir que en la mentalidad del Parlamento Andaluz y el PSOE de Andalucía, el impulso de la actividad económica se ha de realizar a costa de la protección medioambiental. Lamentable el planteamiento de las principales fuerzas políticas representadas en la cámara andaluza.

Ecologistas en Acción va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo Provincial de Biodiversidad para analizar conjuntamente las implicaciones y previsibles consecuencias de la modificación de normas legales que forman parte de la estructura jurídica básica que ampara y protege a los espacios naturales protegidos de nuestra provincia desde hace más de dos décadas.

Entre otras normas legales conservación y protección del medio ambiente se han modificado la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Es decir, se han modificado nuestras leyes en relación al Patrimonio Natural, a la ordenación del territorio, a la calidad de nuestras aguas, suelos y aires, a los espacios forestales y a los espacios protegidos. Todo esto sin que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento se haya dado por enterada. Si estas leyes se hubiesen modificado a propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y no de la de Economía, el debate podría haber sido otro, y agentes y organizaciones sociales, como ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, habríamos tenido oportunidad de aportar opiniones y enmiendas al articulado como está regulado en el procedimiento parlamentario para aprobar un texto legal. En cambio, el PSOE de Andalucía y la propia Junta de Andalucía han preferido actuar con subterfugios, oscurantismo y ocultación, y en contra del ordenamiento parlamentario.

A este antidemocrático comportamiento hay que añadir el silencio cómplice de la del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba cuyo asentimiento produce estupefacción. Las leyes que está ejecutando y por las que tiene obligación velar, son modificadas en una Comisión económica y, que se sepa, no ha realizado ni la más mínima objeción.

Después del desubicado debate parlamentario, a la Ley se le ha añadido la coletilla de “y de agilización de procedimientos administrativos”, eufemismo que oculta una intención vergonzosamente escondida de relajar garantías y protecciones legales sobre espacios y especies valiosas y sensibles de presentes en la red de espacios naturales protegidos de la provincia de Córdoba.
Han actuado con cobardía y a escondidas, han tratado de engañar a los ciudadanos y no han cumplido con el funcionamiento del Parlamento Andaluz.

En una palabra: la Junta de Andalucía podrá hacer y ordenar lo que se le ocurra sin contar con la opinión de nadie. Esto en todos sitios y en todo tiempo tiene un claro calificativo.