¿Qué hacen las administraciones con Unalsa?

Universal de Alimentación, S.A. (UNALSA), la fábrica de grasas y harinas de origen animal situada en Alija de la Ribera, Villaturiel (León) genera, desde el inicio de su actividad en 1977, uno de los vertidos de aguas residuales más contaminantes de toda la cuenca del Duero

El pasado jueves 27 de noviembre, la Comisión Provincial de Prevención Ambiental de León (a la que asisten representantes de Ecologistas en Acción) dio su voto favorable a la propuesta de autorización ambiental de UNALSA, desatendiendo el requerimiento formulado por el Defensor del Pueblo en el informe con el que daba respuesta a la queja presentada por los vecinos afectados, en los municipios de Villaturiel y Vega de Infanzones. En este documento la Defensoría señala los motivos de nulidad del informe preceptivo y vinculante emitido por la CHD, (motivos que también fueron expuestos por Ecologistas en Acción, en las alegaciones presentadas al trámite de audiencia a interesados, en el expediente de autorización de UNALSA).

El informe favorable de CHD faculta a UNALSA para proseguir
indefinidamente su actividad sin que tenga que solicitar nueva autorización de vertido y sin que CHD le haya impuesto un condicionado mínimo que garantice, en la práctica, la regularización de los vertidos. Todo ello a pesar de que UNALSA conforma (en palabras textuales de la Defensoría del Pueblo) "un caso especialmente calificado de incumplimiento de la legalidad en materia de vertidos al Dominio Público Hidráulico del que se derivan daños muy graves".

Sorprende por lo tanto, la nota de prensa de CHD, anunciando la caducidad de la autorización de vertido de UNALSA, acordada el viernes 28 de noviembre por el Consejo del Agua. Esta decisión cubre un mero trámite burocrático sin efecto alguno, pues revoca una autorización del año 1998, -ya de por si caducada pues le fue concedida a la mercantil por un periodo transitorio de cuatro años-. La reunión del Consejo del Agua, a nuestro juicio, escenificó una farsa con la que encubrir tanto la impunidad de la actividad de UNALSA, que se desarrolla al margen de la legalidad, como la permisividad connivente con la que esta empresa es tratada por las administraciones públicas -Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Duero-

UNALSA lleva más de treinta años contaminando el agua, el aire y el suelo y provocando grave deterioro en la calidad de vida y muy probablemente en la salud de las poblaciones cercanas. Es difícil encontrar una empresa que acumule tantos incumplimientos legales (urbanísticos, medio ambientales, sanitarios,...), expedientes sancionadores y quejas vecinales; y es también difícil encontrar, en la tramitación de una Autorización Ambiental, tantos motivos de nulidad de pleno derecho como los que reúne UNALSA.

Destacamos la falta de documentación acreditativa del cumplimiento del Reglamento (CE) 1774/2002, -que establece las nomas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano-. Los incumplimientos se refieren al sistema de transporte, a la limpieza de los vehículos, y sobre todo a la posibilidad de que sigan llegando a la factoría de UNALSA materiales específicos de riesgos (MER) como ya ocurrió en 2001, durante la crisis sanitaria de las vacas locas. Tal posibilidad no se puede descartar, sencillamente porque los registros de entrada de materias primas, no se someten al control de la administración. Tampoco se conoce el destino final de la producción de UNALSA.

Estos son algunos motivos por los que Ecologistas en Acción solicita
públicamente que NO SE CONCEDA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL A UNALSA y en su lugar se adopten mediadas preventivas consistentes en la suspensión total de la actividad y clausura total de las instalaciones, obligando al infractor a reponer y restaurar la situación alterada al estado originario e indemnizar por los daños y perjuicios causados.