Apoyamos la demolición de las viviendas ilegales

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Pedimos a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Chipiona que ejecuten las sentencias de derribo de construcciones ilegales y no cedan a la presión de los que han construido ilegalmente y de los que los amparan.

Ante la nueva polémica surgida por las sentencias de demolición de una veintena de casas ilegales en Chipiona y de un bloque de apartamentos en Tavizna (Benaocaz), Ecologistas en Acción muestra públicamente su apoyo a dichas sentencias dictadas contra estas construcciones ilegales y advierte a las administraciones que los denunciaron, Ayuntamiento de Chipiona y Consejería de Medio Ambiente (CMA), que su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes.

Los vecinos de Chipiona han construido sus viviendas ilegales a sabiendas de que lo eran, y no valen las consabidas excusas de compararse con otros términos municipales, a ver quien tiene más viviendas ilegales. La justicia debe actuar en todos sitios, y lo está haciendo, existiendo ya un importante cúmulo de sentencias de demolición, las más importantes contra el hotel de Montenmedio (ya ejecutada) y contra el complejo turístico de Las Beatillas (El Puerto), pendiente de ejecución.

En las recientes Jornadas sobre delitos urbanísticos, los alcaldes de todos los partidos coincidieron en defender la legalidad urbanística, y que había que actuar desde los inicios para prevenir la proliferación de las construcciones ilegales, exigiendo algunos más diligencia y contundencia a la justicia. Pero después, cuando tienen el problema en casa, actúan defendiendo a los infractores y delincuentes urbanísticos, asegurando que les legalizarán las casas, como está haciendo el alcalde de Chipiona, o poniendo trabas a la demoliciones, como ha hecho recientemente el alcalde de Benaocaz, que ha exigido la licencia de demolición a la CMA para derribar el edificio de apartamentos construido ilegalmente en Tavizna, en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

La Fiscalía viene advirtiendo que los procesos de legalización de viviendas ilegales provocan un efecto llamada, multiplicándose las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ante la expectativa de nuevos procesos de “regularización”. Ecologistas en Acción seguirá apoyando a la Fiscalía de Medio Ambiente en sus denuncias contra todas las urbanizaciones y edificaciones ilegales, y pedirá la demolición de todas ellas, como única medida efectiva para atajar este cáncer que corroe la mayoría de nuestros municipios.

Ecologistas en Acción espera que la próxima modificación del Código Penal de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que incluye penas mayores e incorporan nuevos tipos penales, como el castigo del funcionario que “con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de las normas”, sirva para acabar con la connivencia que existe en áreas técnicas y políticas de muchos Ayuntamientos con estos delitos.




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