Es inadmisible que un alcalde impida la ejecución de una sentencia judicial

Ecologistas en Acción de Cádiz propone un pacto por un urbanismo sostenible en el Parque Natural Sierra de Grazalema

Es inadmisible que los que deberían hacer cumplir las normas y leyes urbanísticas, esto es, los alcaldes, sean los que amparan las ilegalidades urbanísticas llegando a impedir por la ejecución de una sentencia que ordena la demolición de una construcción ilegal en un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benaocaz clasifica como no urbanizable especialmente protegido, y que está incluido en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Es un mal chiste que el alcalde del Partido Popular, Juan María Mangana, exija una licencia de obras para ejecutar una sentencia judicial; una mera excusa para seguir apoyando, por motivos electoralistas, a los que infringen las normas legales. Más grave es aún la actitud del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benaocaz si se tiene en cuenta, que la teniente de alcalde, Mª Luisa Sánchez Toro, también presente en la concentración que impidió la demolición, es propietaria de una vivienda ilegal en la misma urbanización ilegal de Tavizna, ha sido la presidenta de su asociación de propietarios, y llegó a promover el asfaltado, también ilegal, de las calles de esta urbanización.

Ecologistas en Acción apoya la sentencia de demolición porque está más que demostrado que es la única medida de eficacia constatada para frenar el cáncer de las viviendas ilegales. Las declaraciones del promotor de esta construcción, en el sentido de invocar que hay miles de casos como el suyo y no les ha pasado nada, así lo demuestran. Hay que acabar con la impunidad de los que construyen al margen de la Ley.
Apoyamos también la actuación de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) en este caso, pero hay que recordar que ha sido su permisividad para con el urbanismo especulativo y las construcciones ilegales la que posibilitan que se siga infringiendo la legalidad urbanística en el parque natural. Hay que recordar también que la CMA lleva dos años boicoteando la realización de un informe sobre la situación urbanística del parque natural, informe que propuso Ecologistas en Acción y fue aprobado por la Junta Rectora y que tenía como objetivo analizar las causas de las ilegalidades urbanísticas en este espacio protegido y proponer y adoptar medidas que cuenten con el más amplio respaldo institucional y social para cortar de raíz el problema del urbanismo especulativo e ilegal.

¡Ya está bien de utilizar las construcciones ilegales como arma partidista y electoral! En este caso desde la Junta se critica, con razón, al PP acusándole de “amparar a alcaldes que desprecian la legalidad vigente”, pero cuando se denuncian o abren expedientes por alcaldes del PP por infracciones urbanísticas, como ha ocurrido en El Puerto, es el PSOE el que defiende a los constructores ilegales para desgastar al gobierno municipal y arañar unos miserables y malditos votos. En el mismo parque natural la CMA ha apoyado a Ayuntamientos socialistas que, como ha sucedido en Grazalema o con el anterior equipo de gobierno de Benaocaz, han vulnerado las normas urbanísticas, permitiendo, por ejemplo, edificios de hasta siete plantas cuando el máximo permitido es de dos. El PSOE incluso ha apoyado al anterior alcalde de Grazalema imputado por la trama de corrupción urbanística desvelada a raíz de las numerosas denuncias interpuestas por Ecologista en Acción.

Ecologistas en Acción espera que se cumpla la sentencia y que la justicia actúe contra los que permitieron esta construcción ilegal -el anterior equipo de gobierno socialista de Benaocaz, y contra los que ahora intentan impedir que no se cumpla la sentencia de demolición.
Ecologistas en Acción va a solicitar la inmediata convocatoria de una Junta Rectora para abordar la situación urbanística del parque natural y la adopción de medidas urgentes para frenar de una vez por todas las construcciones ilegales. Así mismo propondremos la concreción de un “Pacto por un urbanismo sostenible” para impedir que las construcciones ilegales sigan siendo armas arrojadizas por los partidos en función de a quien beneficie en cada momento su defensa o su denuncia.

En la celebración del 30 aniversario de la declaración de la Sierra de Grazalema como Reserva de la Biosfera -la primera de España- por la UNESCO, el que también fue el primer parque natural andaluza se merece algo más que las peleas de partidos o administraciones que terminan beneficiando a los que están ocasionando impactos irreversibles a este emblemático espacio protegido.