La tentativa de abrir una mina de oro al lado de la localidad asturiana de Tapia de Casariego viene de antiguo; ya en el año 1964 con la empresa EXMINESA y hasta el actual proyecto de Astur Gold Corp., bajo el nombre de Exploraciones Mineras del Cantábrico, S.L. (EMC), hemos vivido un continuo trasiego de compañías que realizaron actividades prospectivas y que diseñaron proyectos tanto de minería de interior como a cielo abierto.

Pero es en julio de 2011 cuando EMC presentó ante la Consejería competente en materia de minería del Principado de Asturias la solicitud de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Minero de Explotación del yacimiento “Salave” que consistía en una mina de interior a la que se accedía por una galería cuyo acceso se encontraría ubicado a 3 km al sur, para no emplazarla dentro de los 500 metros cercanos a la costa que están protegidos por el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA). En el proyecto minero se incluye también una planta de tratamiento (flotación y lixiviación con cianuro), una escombrera, y un depósito de estériles que se ubicarían junto a la boca de la galería. Es importante destacar que la mina estaría situada bajo las Lagunas de Silva que son el vestigio de la actividad extractiva romana la cual originó una gran depresión en cuyo centro se encuentran las lagunas que, hoy, constituyen un paraje de gran belleza e interés ecológico. También son visibles varias galerías, un túnel de desagüe que sigue vertiendo agua desde el acantilado a la playa de El Figo y algunos canales que conectan los bordes oriental y occidental de la cubeta deprimida de Los Lagos con el cercano acantilado.

En el occidente asturiano se desarrolló una gran movilización contra la mina dirigida por la plataforma “Oro No” a la que nos unimos Ecoloxistes n´Aiciòn d´Asturies, realizándose numerosas actividades de protesta y presentando numerosas alegaciones al proyecto; además, se editó un libro de título “El oro de Salave” en el que participamos varias personas del ámbito ecologista y en el que se desarrollan argumentos ambientales, culturales, y económicos para explicar el rechazo de la mina. Entre los argumentos ambientales hemos destacado el riesgo que para las masas de agua de la zona (lagunas, ríos, costa) suponen tanto la propia excavación como el depósito de estériles que contendrá restos de cianuro, arsénico y otros metales, y que permanecerá en ese lugar indefinidamente una vez finalizada la mina. El informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica (CHC) advirtiendo de las consecuencias negativas que para el medio hídrico supondría la planta y el depósito supuso una alianza importante para la oposición a la mina.

Por Resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 20 de diciembre de 2012 se formuló Declaración de Impacto Ambiental favorable a la mina subterránea pero desfavorable a la planta de tratamiento de mineral y al depósito de residuos.

A partir de este momento la empresa y algunos responsables del Gobierno del Principado del PSOE, sobre todo su Consejera de Fomento, inician una campaña de defensa de la mina que tiene repercusiones políticas (la dimisión del alcalde de Tapia que se oponía a la mina) y sociales, provocando el enfrentamiento de los vecinos ya que algunos ven en la mina una fuente de puestos de trabajo en un momento que tan necesitados estamos de ellos.

Especial importancia tiene el papel del Consejero Delegado de la empresa, Cary Pinkowski, que ha mostrado, a lo largo de este proceso, una arrogancia, atrevimiento, y descaro inigualables, declarando en algunos medios de prensa que el gobierno autonómico está en una situación delicada con la crisis y no lo tendrá fácil para oponerse a la mina por el número de empleos que ésta generaría. Hablan de puestos de trabajo (unos 262 durante nueve años de vida de la mina) pero nada se dice los que se ven amenazados en una zona costera de fuerte tradición pesquera, agrícola, ganadera y turística. Pero de lo que sí estamos seguros, los que nos oponemos a la mina, es que cada pasito que se dé en allanar el camino a la mina es un impulso para el incremento del valor de las acciones de la empresa, que puede obtener altos beneficios solo con ir desbrozando el camino del proyecto. Cuándo, quién y cómo se hará la explotación no tiene importancia para Pinkowski y así, en una entrevista en un periódico regional del 20 de Octubre del 2014, dice, ante la pregunta del periodista que le interroga sobre la sospecha de que su empresa no tiene intención de acometer la mina sino vender los derechos de explotación: “a mí lo que me preocuparía es trabajar en una empresa que no la quiera comprar nadie”.

En Diciembre del 2013 se presenta otro documento: “Estudio de Impacto Ambiental ampliado al informe de la CHC de 3 de julio de 2012” donde se realizan algunos cambios (disminución del tamaño del depósito de estériles, una planta de tratamiento solo hasta la flotación eliminando la última fase de cianuración), al que alegamos y al que también la CHC informa negativamente. Ya con fecha de Julio del 2014 la Dirección General de Minería y Energía remite nueva documentación técnica relativa al proyecto, entre la que destaca un informe del propio director, Isaac Pola, que hace su interpretación particular de un desconocido informe elaborado, según dicen, por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), sobre la posible afección al medio hídrico, para intentar contrarrestar el informe de la CHC. Este informe es un nuevo y descarado intento del Gobierno del Principado, a través de una dirección general, de ayudar a la empresa a sacar el proyecto adelante.

La legalidad de este procedimiento ha sido muy cuestionada llegando a ser criticada incluso por la propia CHC. A pesar de que el conjunto de documentos en este largo e interminable proceso sobrepasaba la cifra de 8.000 páginas, más de 350 alegaciones fueron presentadas y, nuevamente, la CHC pone serios reparos al depósito de estériles por las mismas causas que lo hizo en el proyecto inicial.

Ante la movilización ciudadana, el gran número de alegaciones y los informes desfavorables de la CHC, al gobierno del Principado no le queda más remedio que emitir un informe desfavorable mediante una resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Am¬biente, que, además, deja sin efecto la de Diciembre de 2012 que permitía la mina de interior.
Es un triunfo de la Plataforma “Oro No” y de las organizaciones ecologistas que hemos estado en la lucha, y un desastre para la empresa que después de haber logrado en el 2012 un informe favorable a la mina de interior ve como ahora la resolución es desfavorable para el proyecto en su conjunto lo que llevó a la dimisión inmediata del Consejero Delegado, Cary Pinkowsky.

A la vista de esta experiencia y de la de los vecinos de Corcoesto en la Coruña, que también lograron paralizar con su lucha otro proyecto de mina de oro a cielo abierto, de la filial del grupo canadiense Edgewater, no vendría mal recordar que la firma de un acuerdo de libre comercio entre la U.E y EEUU (TTIP) y también entre la U.E y Canadá (CETA), que en estos momento se negocia en el más absoluto de los secretos, podría suponer graves perjuicios para las poblaciones de los países firmantes, en casos como son estos proyectos de minería metálica a cargo de multinacionales casi siempre radicadas en Canadá, que ejerce en esta materia como un verdadero paraíso fiscal. Para ilustrarlo recordaremos un caso que se ha dado en El Salvador: la empresa multinacional Pacific Rim Mining Corp., con sede en Canadá, trató de instalar una mina de oro empleando cianuro para procesar el mineral. Este proyecto generó un gran debate nacional sobre las implicaciones de la minería en la salud y el medio ambiente de El Salvador, un país densamente poblado y con recursos hídricos limitados. Los líderes de los principales partidos políticos de El Salvador, la Iglesia Católica y una gran red de la sociedad civil expresaron su preocupación. Ante la creciente oposición, Pacific Rim nunca completó el estudio necesario para obtener un permiso de explotación de la mina denominada «El Dorado» y, en julio de 2008, detuvo los sondeos exploratorios. En diciembre de ese mismo año, la empresa presentó una reclamación en virtud del Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA), exigiendo cientos de millones de compensación a uno de los países más pobres del hemisferio.

Esperemos que ni en Salave ni en Corcoesto nunca más vuelvan a plantearse proyectos mineros y que tampoco se firme ningún acuerdo de libre comercio que suponga colocar a los países en una situación subordinada con respecto a las grandes empresas multinacionales.