Cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanísticos

Ecologistas en Acción de Andalucia se ha dirigido a la consejera de Medio Ambiente para demandarle un cambio sustancial en los criterios que sigue esa Consejería para evaluar el impacto ambiental de los planes urbanísticos. Hay que advertir y denunciar que el caos urbanístico de la mayoría de los municipios andaluces ha sido provocado por Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) que tienen informe favorable de Medio Ambiente.

Es evidente que el crecimiento urbanístico que ha experimentado Andalucía en estos últimos años, y los planes de expansión que incluyen la práctica totalidad de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs), es totalmente insostenible desde los puntos de vista ambiental, económico y social. El ritmo de ocupación del suelo en Andalucía ha triplicado el del crecimiento de la población, colmatando zonas litorales, áreas metropolitanas e, incluso, municipios de espacios naturales. El desmesurado peso específico del entramado financiero-constructor ha sido el responsable de esta situación, pues ha venido presionando política y financieramente (bien vía convenios legales, bien vía sobornos ilegales) a las administraciones locales para que pongan más y más suelo a su disposición para construir nuevas viviendas. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha agravado en Andalucía la crisis económica que padece nuestro país.

Ecologistas en Acción ha venido denunciando en sus alegaciones a los PGOUs y demás figuras de planeamiento urbanístico que este modelo es insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo, e insolidario desde el punto de vista social. El tiempo y los hechos nos están dando la razón.

La práctica totalidad de los PGOUs que se han venido aprobando desde 1994, año en que se aprobó la Ley de Protección Ambiental de Andalucía que obligaba a someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, incluyen desmesuradas previsiones de crecimientos claramente especulativos, y todos se han aprobado con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva aprobada por la Consejería de Medio Ambiente (CMA). Muchos de estos PGOUs incluyen macrourbanizaciones asociadas a campos de golf, sin tener siquiera garantía de mantenimiento de los servicios necesarios ni del agua.

Esta vorágine especulativa y este modelo insostenible, reconocido en estudios e informes oficiales, e incluso en Planes de la propia Junta como el POTA, no hubiera sido posible sin el beneplácito de la CMA, que nunca evalúa en las DIAs las consecuencias ambientales a corto, medio y largo plazo de estos crecimientos urbanísticos. Tampoco se analizan ni evalúan los impactos de los planes urbanísticos sobre el paisaje, los recursos naturales o su repercusión sobre impactos globales como el cambio climático. Para la CMA estos impactos parecen no tener la menor importancia. Tampoco se incluyen en las DIAs la realización de balances ecológicos, de forma que se pueda evaluar globalmente las consecuencias del crecimiento urbanístico propuesto en los PGOUs en cuanto a aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, energía, suelo, materiales), así como de la correcta gestión de sus ciclos.

La CMA ignora incluso los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la propia Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía. Ésta última, promovida por la propia CMA, nunca se menciona en las DIAs.

Una vez aprobadas las correspondientes DIAs, la CMA no suele realizar un seguimiento de su cumplimiento. Incluso cuando se denuncia los incumplimientos de las condiciones vinculantes que incluyen, la CMA suele contestar que no le compete el hacerlas cumplir, pues asegura que es una obligación de los propios Ayuntamientos. La CMA tiene la obligación legal de supervisar la aplicación de las DIAs que aprueba, su actitud negligente supone una clara dejación de funciones que fomenta todo tipo de ilegalidades urbanísticas.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción entiende que es necesario un cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanístico, para que se incluyan criterios de sostenibilidad que frenen los modelos especulativos que provocando impactos irreversibles sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje de Andalucía.

Por todo ello hemos solicitado a la consejera:

· Que se replantee la metodología de la evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, incluyendo objetivos y criterios de sostenibilidad.

· Mantener una reunión para analizar las modificaciones que se deben introducir en la metodología de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico.




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