Venta de casas en dominio público

El Gobierno modifica la ley de costas para permitir la venta de casas en dominio público

El Actual gobierno del PSOE modifica con trampas y subterfugios una ley fundamental de la Democracia española como es la Ley de Costas de 1988.

Parece que el procedimiento fraudulento ensayado en Andalucía donde se modificaron 10 leyes ambientales mediante una pequeña Ley Tributaria, ha gustado a los responsables del Gobierno de España.

La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre admite que “Las concesiones otorgadas al amparo de lo establecido en esta disposición serán transmisibles previa autorización de la Demarcación o Servicio de Costas, por «actos inter vivos», subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión”. Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Afectará a las viviendas construidas en Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT): playas, acantilados, marismas, dunas…, antes de la ley de 1988 que hasta ahora, sólo se podían heredar y estaba prohibida, salvo excepciones, la venta.

Ecologistas en Acción de Andalucía se manifiesta totalmente en contra de esta modificación en su fondo y en su forma.

En su fondo por:

- Suponer un paso atrás en el desarrollo de la Ley de Costas, que aunque aprobada en 1988, no había tenido desarrollos importantes hasta que Cristina Narbona estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). El esfuerzo económico, político y personal invertido en los trabajos de deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) se desprecia y repudia. Una Ley de la que muchos nos sentíamos orgullosos por impedir la privatización de la costa, se desvirtúa y pierde alguna de sus propuestas más progresistas.

- Significar un paso contrario a toda una posible política de Sostenibilidad de la costa, que el anterior MMA propició.

- Permitir la especulación de espacios que siempre beberían ser y mantenerse como públicos.

- Supone una clara cesión a los usurpadores del DPMT y una agresión a los intereses generales de la sociedad.

En su forma por:

- El oscurantismo y la trampa que supone modificar una ley sobre la costa con una disposición final de una ley de otro ámbito, evitando que se discuta en la comisión de Medio Ambiente y buscando la justificación, exposición de motivos y debate pertinente

- La actitud antidemocrática del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural Y Marino que ni siquiera ha consultado la reforma a su consejo asesor, organismo que debe informar sobre las normas con "incidencia ambiental". El texto tampoco ha pasado por el Consejo de Estado, ni irá al Pleno del Congreso. ¿Esta es la transparencia de la que alardean los socialistas?

Desde Ecologistas en Acción de Andalucía vemos con especial preocupación la situación de las instalaciones salineras que desde que se promulgó la Ley de Costas mantienen un pulso, incluso en los tribunales de Justicia, con el MMA. Nunca han querido aceptar el carácter público de su localización, resistiéndose en su pretensión de propiedad privada con perspectivas de un futuro especulador. Con la modificación que ahora propone el MMAMRM ese futuro será factible. Son instalaciones situadas en la costa que, con la modificación propuesta, cobrarán valor económico y por ello de mucha mayor dificultad para que pasen de pleno uso y titularidad al dominio público. Espacios como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, entre otros, empiezan a tener un futuro incierto.




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