Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha interpuesto Recurso de Alzada contra la Autorización, concedida por el Ministerio de Industria, para la construcción de la regasificadora en el Puerto de El Musel.

Entre las razones expuestas por Ecoloxistes n'Aición d'Asturies en el recuro, está su falta de consistencia con la realidad del sistema energético, ya que contradice la planificación del Ministerio en cuanto a la instalación de nueva producción eléctrica, especialmente la falta de necesidad de aumentar la entrada de gas natural a la cornisa cantábrica, cuando ya existen dos regasificadoras, en Ferrol y Bilbao, operando por debajo de su capacidad, especialmente en el caso de la planta de Ferrol, y que podrían cubrir la demanda de todos los ciclos combinados.

Todo esto en un marco de bajo crecimiento de la demanda, y en una Comunidad que, dados los nuevos equipamientos en otros territorios tenderá a una disminución en la participación estatal en generación, situación congruente con los planes estatales, por lo que, la regasificadora sólo se incorporó a las previsiones de planificación de las redes de transporte de la energía por presiones políticas, y en contra del informe de la propia Comisión Nacional de la Energía.

Desde Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, queremos denunciar también numerosas deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental encargado por la empresa promotora, Enagás, especialmente el incumplimiento de la obligación legal de estudiar las posibles alternativas (entre las que se encuentran la de no construir la regasificadora y la de situarla en alta mar, alternativa perfectamente posible en contra de lo manifestado por la empresa en cuanto que existen proyectos de ese tipo en otros países.

También se elude estudiar el impacto global de todas las instalaciones relacionadas con la regasificadora, al plantear el impacto ambiental de la regasificadora aisladamente, como si no estuviese próxima a otras instalaciones industriales, cuyos efectos conjuntos pueden dar lugar a que se superen niveles legales de ruido y contaminantes o a perjuicios inasumibles para especies y hábitats naturales y se falsean los datos sobre el estado de la contaminación en Gijón, negando que se superen los niveles legales, cuando es habitual que esto ocurra, especialmente en el caso de las partículas de menos de 10 micras, PM10

Se incumplen también varias normas relativas a la seguridad de estos proyectos ya que no se tiene en cuenta que un eventual siniestro alcanzaría un radio de varios kilómetros, circunstancia agravada por la presencia en las proximidades de depósitos de gas y petróleo y de un ciclo combinado (lo que crearía un efecto dominó que se elude considerar pese a estar previsto legalmente), por lo que se verían afectados no sólo las pequeñas poblaciones próximas al Musel, sino una gran parte de Gijón. En la autorización simplemente se indica que la empresa tendrá que presentar informes y planes de seguridad, en lugar de considerar ya la posibilidad de que esos planes nunca puedan garantizar los estándares legales de seguridad. El riesgo para muchos miles de vecinos de Gijón y Carreño es despreciable para las autoridades y empresa, que sólo miran el negocio.

Con respecto a los supuestos impactos positivos en la economía y para la sociedad, creemos que son totalmente artificiosos ya que la instalación de una regasificadora no promueve otras actividades económicas sino todo lo contrario: tiene un coste de oportunidad enorme por la gran extensión de suelo que ocupa que se podría dedicar a otros usos más rentables, porque crea un gran riesgo de siniestro que hará que otras empresas no quieran instalarse en sus proximidades, y por la contaminación que originará. Además, es ilegal compensar todos los numerosos impactos negativos sobre el medio ambiente que se reconocen en el EIA con supuestos efectos positivos en la economía.

En definitiva, desde Ecoloxistes n'Aición d'Asturies consideramos que con este proyecto sólo se pretende favorecer a la industria energética y constructora, con total desprecio a la racionalidad económica, la seguridad y la salud de los asturianos y a la normativa y directrices del propio Ministerio de Industria y del Principado, así como alas obligaciones asumidas incluso internacionalmente para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases con efecto invernadero.