Ecologistas en Acción ha presentado sendas denuncias ante las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio por el inicio de la construcción de un Parque Multiaventuras en el Coto de la Isleta contraviniendo la legislación de evaluación ambiental y el propio PGOU. Este proyecto es un nuevo intento de privatizar parcialmente el mayor pinar propiedad municipal que hay en El Puerto, que ya fue mutilado al recalificarse y venderse en parte para la construcción de dos grandes superficies comerciales. Este Parque Multiaventuras está siendo construido por el Ayuntamiento, con una inversión prevista de 526.000 €, pero con la intención de que sea explotado por una empresa privada, lo que supondría, de facto, la privatización de unos 60.000 m2.

El Coto de La Isleta está clasificado como Sistema General de Espacios Libres-Parque Periurbano, y la zona donde se está construyendo el Parque Multiaventuras tiene un alto interés ecológico, dominado por un denso matorral de retamas y zonas de pastos donde, entre otras cosas, habita una importante población de camaleones.

El proyecto al parecer se ha aprobado en Comisión de Gobierno, no ha sido debatido en Pleno y tampoco se ha tratado en el Consejo Local de Medio Ambiente, donde a nuestras preguntas y dudas se nos ha contestado que contaba con todos los parabienes de legalidad.

Aunque en el proyecto se indica que la superficie del parque temático es de 47.000 m2, mediciones realizadas por Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María del cerramiento ya instalado aportan una superficie de 60.000 m2, por lo que este parque temático reúne todos los requisitos estipulados en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), para que sea sometido a Autorización Ambiental Unificada que debe emitir la Consejería de Medio Ambiente, pero no se ha sometido a ningún proceso de prevención ambiental, no constando en la Delegación Provincial solicitud alguna.

Igualmente incumple el PGOU actualmente en vigor que en su normativa estipula en relación con los Sistema General de Espacios Libres-Parque Periurbano que (Art. 4.7.4.2):

· 2. Se admitirán, subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas de parque, los siguientes usos: deportivos en instalaciones descubiertas, educativos vinculados a la instrucción divulgativa especializada sobre naturaleza, de interés público y social y aparcamientos, con la siguientes condiciones y restricciones:

o b) La ocupación del suelo con instalaciones descubiertas no será superior al cinco por ciento (5%) de la extensión total del parque.

o c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso compatible no excederá del diez por ciento (10%) de la superficie total del parque.

· 3. La implantación de cualquiera de los usos permitidos antes señalados deberá estar prevista en el Plan Especial del parque correspondiente

Teniendo en cuenta que el Coto de la Isleta tiene una superficie de 796.000 m2, y que actualmente existen ya numerosas instalaciones en el mismo, unas legales: aparcamientos (unos 5.000 m2) y el Centro de Recursos Ambientales (60.000 m2), y otras ilegales: varias vaquerías y viviendas, es evidente que con el Parque Multiaventuras se excede con creces el 5% máximo previsto para instalaciones descubiertas, superando incluso el 15%.

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En rojo, cerramiento para el Parque Multiaventuras en el Coto de la Isleta. En negro, caminos públicos cortados por este cerramiento.

Además, el Ayuntamiento no ha elaborado, tramitado ni aprobado el Plan Especial del Coto de la Isleta, de hecho, no ha elaborado, tramitado ni aprobado ni uno solo de los Planes Especiales en Suelo No Urbanizable que estipula el PGOU, por lo que no se puede implantar ninguno de los usos permitidos en el PGOU en este SGEL-Parque Periurbano.

Por todo ello hemos solicitado a las Consejerías mencionadas que:

1. Se proceda a ordenar al Ayuntamiento la paralización inmediata de estas obras.

2. Se proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de la Ley GICA y destrucción del hábitat de especies protegidas.

3. Se restituya el terreno a su estado primitivo y al libre uso público.