La Junta sanciona a OVSL a repoblar el retamar

El Ayuntamiento pretende recalificar estos terrenos para construir 1.340 viviendas

La Consejería de Medio Ambiente (CMA) ha informado a Ecologistas en Acción que ha impuesto a la empresa O.V.S.L. una sanción de 6.000 € y la obligación de restituir los terrenos desmontados ilegalmente junto a la antigua N-IV a su estado original. Mientras, el Ayuntamiento sigue con el proceso de modificación del PGOU para recalificar estos terrenos a urbanizables para que se puedan construir 1.340 viviendas.

Ecologistas en Acción denunció en octubre de 2007 la destrucción de un importante retamar junto a la antigua carretera N-IV, frente al Rancho Linares. Como siempre, el Ayuntamiento se negó a actuar, siendo finalmente el SEPRONA el que paralizó los trabajos de desmonte. La Consejería de Medio Ambiente abrió un expediente sancionador que se ha resuelto con la imposición de una multa de 6.000 € y, esto es lo más importante, “la restitución de los terrenos a su estado original”.

Cuando el pasado mes de enero se hizo público la intención del Ayuntamiento de recalificar estos terrenos, junto a otros colindantes como el Rancho Linares, Ecologistas en Acción realizó un informe en el que ya advertíamos de la ilegalidad de recalificar estos terrenos para construir viviendas, ya que se trata de terrenos forestales protegidos por la Ley Forestal y, además, sometidos al mencionado expediente sancionador.

Estos terrenos son también un importante hábitat del camaleón, cuya destrucción está prohibida por la legislación vigente. La nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estipula en su art. 52 que “Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre”. El art. 76 tipifica como infracción muy graves “La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de «en peligro de desaparición» del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, en el que está incluido el camaleón.

Esta modificación incumple la Ley 43/2003 de Montes, que estipula la obligatoriedad de obtener la autorización de la administración competente, en nuestro caso la Consejería de Medio Ambiente, para recalificar terrenos forestales. Así mismo obliga a restaurar los terrenos talados, desbrozados o incendiados.

No obstante el Ayuntamiento ha proseguido la tramitación de estas modificaciones ilegales, que ahora están en periodo de información pública. Ecologistas en Acción ya advirtió al alcalde y a la concejala de Urbanismo, que “si retomaban la política urbanística de la etapa IP-PSOE se encontrarán con la rotunda oposición de los ecologistas y estaría avocada al fracaso, por ser manifiestamente ilegal”. Los ecologistas recordamos a Moresco “que prometió ser un alcalde “verde” y que protegería las zonas forestales del municipio”.

Es de destacar que en el Estudio de Impacto Ambiental que se adjunta al proyecto urbanístico promovido por la empresa ALDAVI S.L. se omite cualquier referencia al desbroce ilegal que se realizó hace año y medio y al expediente sancionador incoado por la CMA, lo que evidencia la manifiesta mala fe de sus promotores y de los responsables municipales que han admitido a trámite este proyecto urbanístico, además de poderse haber incurrido en un presunto delito de falsedad documental.

La justificación para llevar a cabo estas modificaciones del PGOU es la urgente necesidad de construir VPO, objetivo que compartimos pero que no justifica destruir zonas forestales, máxime cuando hay suficiente suelo en El Puerto para construir estas VPO. Así, en La Florida se prevé construir un total de 3.400 viviendas, de las que 2.409 serán protegidas. Junto al Rancho Linares, en la antigua alcoholera, existen 271.000 m2 de suelo industrial sin uso, en el que se podrían construir 1.235 viviendas. En los terrenos colindantes al centro comercial El Paseo está prevista también construir otras 960 viviendas. En total se pueden acometer a corto plazo la construcción de 5.595 viviendas sin problemas legales ni ambientales, más que suficientes para atender la demanda de la población local.

Por todo ello vamos a exigir la paralización de esta modificación del PGOU, la repoblación de la finca desbrozada ilegalmente y su conservación como suelo forestal dentro de una red de espacios libres.




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