Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a 25 artículos del Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía, además de proponer una serie de mejoras al texto.

El texto normativo que salió a exposición pública el pasado 21 de abril, y que ha sido presentado tanto en el Consejo Andaluz del Agua como en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente se presenta como una norma compleja e insuficientemente debatida. La Ley nace de las prisas de la Administración Autonómica para cumplir con las exigencias de la Directiva Marco de Aguas y tras dejar pasar la anterior legislatura sin aprobar la anunciada Ley de Gestión Integral del Ciclo del Agua por las presiones de los sectores productivistas y las prisas por la inminente cita electoral autonómica.

La regulación contenida en el Anteproyecto se orienta en la dirección del Acuerdo Andaluz por el Agua recogiendo las 97 medidas acordadas en éste. Recordamos que Ecologistas en Acción no firmó dicho Acuerdo por discrepar claramente con las políticas insostenibles, tanto de aguas como medioambientales, que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, por ello la Ley muestra una incoherencia muy grande entre las declaraciones de principios contenidas en la Exposición de motivos y el desarrollo de los contenidos. Si bien las primeras incorporan toda la orientación de la Directiva Marco de Aguas, los segundos no recogen mucho de los planteamientos propuestos por nuestra organización.

El Anteproyecto se sustenta en ideas, conceptos y medidas muy alejados de los planteamientos de Ecologistas en Acción. El texto definitivo no refleja el control de la demanda de agua ni precisa la preferencia de usos; no recoge medidas para controlar las extracciones ilegales y tampoco hay control de las aguas subterráneas; no se reconoce la inferioridad de los colectivos sociales y de defensa del medio ambiente ni hay una clara garantía de igualdad en la participación pública en los diferentes órganos, ya que se prorrogan el obsoleto modelo participativo que favorece a los usuarios con intereses económicos y productivistas; el acceso a los datos e informes no se cubren plenamente con el acceso a las webs; es previsible un caos entre Administraciones entre tantos órganos de gestión del agua que ponen en duda asegurar la coordinación y el principio de unidad de gestión; las grandes infraestructuras como trasvases y grandes obras de regulación ni siquiera quedan desaconsejadas, tampoco los desarrollos urbanísticos parecen limitarse, ni la ampliación de los regadíos.

Tampoco se resuelven los grandes conflictos del agua en Andalucía; el principio de recuperación de costes se recoge de manera parcial ya que no se grava al sector agrícola que es el responsable del mayor consumo y, por último, los plazos previstos para disponer de los registros públicos de todas las concesiones y autorizaciones de vertidos o para los instrumentos y planes de gestión de riesgos por inundaciones reconocen explícitamente que no se va a cumplir con el plazo establecido en la DMA si la Ley no se aprueba antes del verano.

Frente a las carencias que presenta el texto, Ecologistas en Acción propone una serie de mejoras que garanticen su gestión sostenible. Por ejemplo, proponemos un nuevo modelo participativo que otorgue mayor peso a los colectivos sociales y de defensa del medio ambiente que garantice la participación efectiva, real y en igualdad en número. Exigimos aplicar rigurosamente la Ley 27/2006, además de incorporar las nuevas tecnologías de la información para facilitar el acceso a documentación, vista de expedientes o presentación de alegaciones.

En cuanto a la Planificación Hidrológica, en el texto se debe recoger la renuncia expresa de la Administración a la realización de las obras hidráulicas medioambientalmente insostenibles, sobre todo de aquellas previstas en el Plan Hidrológico Nacional y también el rechazo a nuevos trasvases y a la ampliación del regadío.

Respecto a la preferencia de usos, dada la redacción ambigua del Anteproyecto, debe prevalecer el establecido en la legislación básica, siendo su uso principal el doméstico que satisfaga las necesidades básicas de consumo de boca y de salubridad, y las necesidades medioambientales para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas. Nunca se establecerá en función de criterios económicos ni de creación de empleo ni generación de riqueza para Andalucía, solo en función de su sostenibilidad y de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

La disponibilidad futura de recursos se destinará a la recuperación y mejora del buen estado de las masas de agua, y nunca a aumentar la superficie regable, además los informes vinculantes que emita la Agencia Andaluza del Agua no serán favorables para los planeamientos urbanísticos sobredimensionados como ha ocurrido hasta ahora y las nuevas demandas deberán contener las previsiones de los efectos del cambio climático.

Ecologistas en Acción, propone la creación de la Mesa de los Conflictos del Agua, como órgano de participación y consulta que aborde la recuperación integral de los cauces públicos cuyos problemas están aún sin resolver. También se debe plantear una solución que revierta la situación de ilegalidad de los miles de extracciones subterráneas sin controlar que existen e implantar el concepto de deslinde probable dentro de la planificación urbanística y territorial.

Y, por último, proponemos la creación del canon de recuperación de costes por el uso del agua en el sector agrícola. Los usuarios del agua del sector agrícola satisfarán un canon de regulación destinado a prevenir, corregir y, en su caso, conservar las masas de aguas superficiales y subterráneas de los impactos que las malas prácticas agrícolas hayan podido ocasionar, por ejemplo el uso de agrotóxicos. Con ello se conseguirá garantizar el buen uso y conservación del recurso.




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