A partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, la Fiscalía de Madrid se querella contra el ex-consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, por haber iniciado proyectos de carreteras sin el preceptivo plan y sin evaluarlos ambientalmente.

El Fiscal-Jefe de Madrid ha presentado ante el Juzgado una querella por un presunto delito continuado de prevaricación contra Manuel Lamela Fernández (ex-Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid) y contra José Antonio Llanos Blasco (ex-Director General de Carreteras). Ecologistas en Acción se personará en las Diligencias que se acaban de abrir en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid.

Las Diligencias de Investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid se incoaron a partir de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en mayo de 2008. La denuncia se basaba en que los responsables de la Comunidad de Madrid habían podido incurrir en un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Efectivamente, la Consejería inició la tramitación de múltiples proyectos de nuevas carreteras y autovías y de duplicaciones de calzadas, sin haber elaborado y aprobado previamente un Plan de Carreteras que según la legislación de Madrid (la Ley 3/1991 de carreteras) era preceptivo. Del mismo modo, tampoco realizaron previamente la Evaluación Ambiental del Plan (Ley estatal 9/2006).

Cuando a finales de 2007 se anunciaron esos proyectos, Ecologistas en Acción remitió diversos escritos a la Consejería advirtiéndoles de que estaban vulnerando la normativa sectorial y la medioambiental. La Comunidad de Madrid hizo caso omiso de estas advertencias y por ello las decisiones administrativas de iniciar los proyectos son ilegales, arbitrarias y realizadas a sabiendas de que estaban vulnerando su propia normativa, por lo que se dan claramente los elementos del tipo penal del artículo de prevaricación.

Ecologistas en Acción presentó también un recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Comunidad de Madrid al no aprobar un plan y haber iniciado los proyectos concretos de carreteras. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió recientemente este recurso por razones formales, al considerar que las normas procesales no permiten actuar contra la inactividad de la administración en estos casos, sino sólo en aquellos referidos a prestaciones concretas a favor de una o varias personas, pero no en casos que afecten a intereses públicos generales. El TSJM no entró, por tanto, en el fondo del asunto.

Posteriormente la Comunidad de Madrid en la ley de presupuestos para 2009 derogó el artículo de la ley de carreteras de 1991 que le obligaba a aprobar planes. Una vez más, gracias a su mayoría parlamentaria, se procedió a ajustar la ley a intereses poco claros, en esta ocasión para salir al paso de la denuncia de Ecologistas en Acción. Sin embargo, aunque desde ahora la Consejería podría aprobar los proyectos de carreteras sin previa planificación, esta actuación no tendrá repercusiones respecto de la responsabilidad penal por prevaricación, ya que este delito se cometió de manera continuada por haber incurrido en decisiones administrativas ilegales y arbitrarias cuando esta normativa estaba vigente.

Ecologistas en Acción quiere resaltar la continua y descarada vulneración de la legislación ambiental por parte de la Administración regional madrileña. Hasta ahora, a pesar de las evidencias, la lentitud de la justicia no ha permitido que los diversos responsables políticos paguen por estos delitos. Por ello, la organización ecologista confía en que esta situación se reconduzca con procedimientos judiciales como el presente.