El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha conmina a la clausura de la gravera Dehesa Nueva

Los diferentes miembros integrantes de la Plataforma Pro Defensa de la Rinconada, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, han recibido con enorme satisfacción el escrito remitido el pasado día 12 de Junio por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha en el que, por fin, un organismo oficial les da la razón al respecto de la situación suscitada por el funcionamiento ilegal de la gravera Dehesa Nueva, promovida por la empresa “García Rivera e Hijos, S.L.” para la extracción de áridos en la inmediatez del núcleo urbano de La Rinconada, pedáneo de La Puebla de Montalbán.

Esta gravera y su planta de clasificación llevan funcionando más de un año sin encontrarse en posesión de licencia municipal para su apertura, licencia difícilmente otorgable (por parte de la administración local) bajo la estricta observación de la legalidad urbanística y ambiental vigente, puesto que la extracción de áridos es un uso prohibido en zonas declaradas Suelo Rústico de Protección de Humedales, según las Normas Subsidiarias de La Puebla de Montalbán y el Texto Refundido de la LOTAU.

Por este motivo, por el alto impacto ambiental de la explotación extractiva, por su insalubridad y las evidentes molestias a los vecinos residentes en La Rinconada y por la vulneración de la normativa básica en materia de evaluación ambiental, de conservación de la Naturaleza y de vías pecuarias (recordamos que la salida y entrada de camiones con grava se realiza por una vía pecuaria, el cordel del Puente de La Puebla), la Plataforma transmitió su queja al Defensor del Pueblo de Castilla – La Mancha, después de que las administraciones locales, provinciales y regionales (léase Ayuntamientos de La Puebla de Montalbán y pedáneo de La Rinconada, Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente y Delegación de la Junta de Comunidades en Toledo) hayan echo oídos sordos a la pertinaz protesta de los ciudadanos afectados.

Junto al escrito de contestación remitido a la Plataforma, que viene a desvirtuar la veracidad ofrecida por las diferentes administraciones públicas que durante un año han reiterado continuamente que la actividad contaba con “todas las bendiciones administrativas” (ver video), el Defensor del Pueblo, D. José Manuel Martínez Cenzano, nos adjunta copia de la Resolución que a su vez dirigió a la atención de la Sra. Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, Dª Araceli Ladera Díaz Chirón, en la que, por las diferentes ilegalidades en las que estaría incurriendo la promotora de la gravera, la mercantil “García Rivera e Hijos, S.L.”, al llevar un año ejerciendo su actividad sin encontrarse en posesión de Licencia Municipal, se conmina al Ayuntamiento de La Puebla para que:

“… en el ejercicio de sus competencias, clausure de inmediato la actividad extractiva objeto de esta resolución , por carecer de licencia municipal.”.

Así como para que:

“… incoe y resuelva conforme a la Ley los expedientes sancionadores que legalmente procedan, con respecto a la actividad señalada.”.

De cara a la argumentación de estas recomendaciones, el Defensor del Pueblo se remite a la Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 1993, en la que se afirma que: “ Si se carece del permiso necesario para desarrollar una actividad, ésta no puede continuar desempeñándose hasta tanto se obtenga la pertinente licencia, pues la administración, tutelando el interés público por el cual la actividad en cuestión se encuentra intervenida administrativamente, no sólo puede, sino que debe poner fin a la actividad ilícita, adoptando la resolución que previamente le sirva de fundamento, la cual será inmediatamente ejecutiva”.

Ante esta situación, y habiendo tenido conocimiento de que el escrito de Resolución del Defensor del Pueblo ingresó en el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán el pasado día 23 de Junio, la Plataforma Pro Defensa de La Rinconada, aguardará el plazo de un mes (es decir, hasta el próximo día 23 de Julio) dando tiempo con ello al citado Ayuntamiento para que clausure de una vez por todas la actividad ilegal e inicie el correspondiente expediente sancionador. Cualquier otra determinación municipal que no se ajustase a las prescripciones del Defensor del Pueblo, sería interpretado por la Plataforma como motivo suficiente para el inicio de los procedimientos judiciales que correspondieren y para la presentación de la oportuna/s denuncia/s ante la Fiscalía de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

Recordemos que desde hace un año, miembros de esta Plataforma se han mantenido encadenados en señal de protesta junto a las señales de limitación de paso al tráfico rodado por exceso de tonelaje (limitado a 10 Tm); soportando los rigores climáticos propios de cada estación en este nuestro clima mediterráneo y el acoso continuo de camiones a altas velocidades, improperios y presiones de todo tipo, y las más variopintas eventualidades que se presentan en un año de protesta ciudadana a ritmo de 24 horas al día y 365 días al año. Todo ello ante la más completa indiferencia de quienes debieran haber solucionado el asunto desde un primer momento, las administraciones públicas a todos los niveles. Por todo ello, los diferentes miembros de la Plataforma agradecen desde aquí la atención recibida por el Sr. Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha.