El cambio de criterio de la Audiencia dificultará la persecución de los delitos urbanísticos

El cambio de criterio de la Audiencia en relación con los certificados fraudulentos de obra nueva dificultará la persecución de los delitos urbanísticos.

Ecologistas en Acción lamenta el cambio de criterio de la Audiencia Provincial de Cádiz en relación con los certificados falsos emitidos por arquitectos y aparejadores sobre la antigüedad de edificaciones ilegales para eludir los expedientes administrativos y conseguir la prescripción penal. Considerar a dichos técnicos como profesionales liberales en vez de funcionarios, supone reducir la fecha de prescripción de diez a tres años, además de reducirse las penas de forma considerable.

Los ecologistas entendemos que si un técnico certifica la antigüedad de una vivienda, y dicho certificado se incorpora a un expediente administrativo, y en base al mismo se otorgan licencias, se le está dando a dicho informe la misma validez que a uno emitido por un funcionario. Si en dichos certificados se falsifica la antigüedad de las viviendas con el objeto de obtener de forma fraudulenta prescripciones de expedientes o licencias, no solo se estaría cometiendo un delito de falsedad en documento oficial, sino también un posible delito de usurpación de funciones por parte de dichos técnicos, y de prevaricación por parte de los responsables políticos que otorgan las licencias, ya que no exigen el preceptivo informe a sus propios servicios técnicos municipales, si no que se amparan en uno de técnicos particulares aportados por los mismos constructores ilegales, la mayoría de las veces con pleno conocimiento de que son falsos.

En muchas localidades de Cádiz se ha generalizado este sistema fraudulento de obtener la legalización de viviendas en suelo no urbanizable, y de conseguir la prescripción tanto de expedientes administrativos como de procedimientos judiciales. El criterio defendido hasta ahora por la Fiscalía de considerar a estos técnicos como funcionarios por el papel que han desempeñado en esos expedientes, suponía un importante avance en la persecución de las mafias urbanísticas. Ahora, con el nuevo criterio más restrictivo de la Audiencia Provincial, se hará mucho más difícil la condena de los implicados en estas mafias de “Obra Nueva”. De hecho ya se están archivando decenas de causas por haber trascurrido más de tres años. Confiar que estos expedientes vayan a seguir su curso administrativo es absurdo y poco creíble. Esperar que los Ayuntamientos actúen con la contundencia debida contra viviendas y urbanizaciones construidas con su consentimiento, cuando no con su apoyo expreso, es como esperar que la zorra vigile a las gallinas.

Ecologistas en Acción pide a la Fiscalía que recurra estos autos para que sea el Tribunal Supremo el que se pronuncie de forma definitiva sobre le carácter de estos certificados y la función que han cumplido los técnicos que los han suscrito. Ecologistas en Acción entiende que solo con un fortalecimiento de las Fiscalías de Medio Ambiente y Anticorrupción y de las unidades especializadas de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil se puede perseguir de forma eficaz a estas complejas mafias urbanísticas que mueven miles de millones de euros y tienen fuertes vinculaciones con los poderes políticos, sobre todo con el municipal.




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