Sobre la situación de las Lagunas de Ruidera

Los últimos acontecimientos acaecidos en las Lagunas de Ruidera a raíz del cierre de algunas lagunas por razones de seguridad, han puesto de manifiesto, no solo la fragilidad del modelo de aprovechamiento económico del Parque Natural, sino, sobre todo, el rechazo que la figura de protección de este espacio natural provoca en buena parte de la población que en él habita; un rechazo alimentado por posturas poco dialogantes y desencuentros históricos, así como por la casi total ausencia de una labor didáctica por parte de la Administración que explique, más que con palabras, con hechos, que el parque, lejos de ser un obstáculo para sus moradores, constituye una oportunidad única para el desarrollo económico de la zona.

En estos días asistimos con preocupación a un proceso de creciente oposición hacia el parque y lo que éste significa de limitación de usos y actividades en aras de su conservación. Si bien creemos que ante todo se debe garantizar la seguridad de las personas, también estamos firmemente convencidos de que sólo con prohibiciones de difícil cumplimiento no se resuelven los problemas. Sin el apoyo e implicación de las comunidades locales en la conservación del Parque Natural como tal, éste no podrá subsistir. Por esta razón y porque es necesario salvaguardar el legítimo derecho de las familias a vivir en y de su tierra, la postura de la Administración no puede quedarse en la simple prohibición; es necesario aportar también alternativas serias y creíbles.

Por otro lado, resulta obvio que el modelo de gestión y aprovechamiento seguido durante los 30 años de vida del parque ha desembocado en un clamoroso fracaso y no puede seguir manteniéndose por más tiempo, pues junto a la evidente fragilidad de la base económica de la zona, dicho modelo se ha mostrado insostenible y contrario al primer y principal objetivo de la declaración del parque en 1979: la conservación y restauración de los valores naturales de Ruidera.

El cierre de lagunas ahora decretado y la cada vez más cercana resolución judicial definitiva de la demanda de titularidad pública de las mismas, obligan a una reconversión de dicho modelo. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de acometer dicho cambio partiendo de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de Un Plan de Uso Público acordes con los citados objetivos, acompañados de una importante inyección económica para la zona con el doble objetivo de la conservación y restauración de los valores naturales del parque, y el establecimiento de un modelo de aprovechamiento sostenible que asegure indefinidamente las condiciones de vida de los municipios afectados.

Pretender solucionar la situación actual a base de parches y componendas de corto alcance —como tal vez se esté intentando hacer—, sólo agravará el problema y hará más difícil su futura solución. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por una hipotética modificación del Plan Rector de Uso y Gestión, que vaya en la línea de una mayor relajación de la norma, pactada de forma nerviosa y apresurada, y consideramos que cualquier decisión que afecte al futuro del parque natural debe ser tratada, como corresponde, en el seno de su Junta Rectora, en la que se encuentran representados los distintos intereses y sensibilidades que confluyen en este espacio natural.

En definitiva, desde el convencimiento de que la actual situación debe constituir un punto de inflexión en la gestión de parque, instamos a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente a que adopte las medidas pertinentes y aporte los medios necesarios que propicien dicha reconversión, garantizando la imprescindible participación ciudadana a través de la Junta Rectora o con la creación de otros foros plurales que pudieran considerarse más adecuados, sin perder nunca de vista la premisa de la conservación del espacio natural.