Banderas negras 2009 en referencia a Sanlúcar y Chipiona

Por undécimo año consecutivo Ecologistas en Acción de Cádiz presenta su campaña “Banderas Negras”. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

• Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).

• Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

PUNTOS NEGROS 2009: 24 puntos negros

1º.- Estuario del río Guadalquivir Está amenazado por la contaminación, la turbidez y la salinidad, además de la espada de Damocles del vertido minero de Las Cruces.

Playas de Bajo de Guía, San Salvador, La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda. Continúan los vertidos directos a playa urbana de aguas residuales por el arroyo del Salto del Grillo, por los aliviaderos del alcantarillado y por el arroyo de San Juan. Análisis microbiológicos confirman el contenido fecal de estos vertidos. Bajo la arena de la playa de Bajo de Guía discurre una tubería del alcantarillado que sufre roturas y filtraciones frecuentes. Vertido de residuos sólidos en la playa de las Piletas Persiste la contaminación lumínica de la playa urbana.

Como aspectos positivos ha mejorado (respecto al año anterior) el funcionamiento de la depuradora municipal que trata la mayor parte de las aguas residuales del municipio y se construido un carril bici en el paseo marítimo.

Incumplimiento generalizado de la Ley de Costas en el tramo entre Sanlúcar y Chipiona: invasión de la servidumbre de paso y de protección (e incluso en algunos puntos invasión del dominio público marítimo terrestre), lo que impide recorrer la zona andando por el borde del acantilado.

3.- Playa de Montijo, en Chipiona. Corte de acceso a la playa y ocupación de servidumbre de tránsito.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

• Dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.

• Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana , Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.

Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa legal: Ley de Costas (Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo y paisaje. A veces el impacto puede ser grande, aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística.

En síntesis, banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?.

Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas Azules”, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalogación de Bandera Negra. Las 21 playas gaditanas con “bandera azul” son:

Sobrevela, de la Línea de la Concepción; La Alcaidesa, de la Línea-San Roque; Torreguadiaro y Cala Sardina, de San Roque; Getares de Algeciras; Los Lances Sur-Chica, de Tarifa; Los Bateles y Roche, de Conil; La Barrosa y Sancti Petri, de Chiclana; Cortadura, La Caleta y La Victoria de Cádiz; Camposoto-El Castillo, de San Fernando; Valdelagrana, La Puntilla, Fuentebravía y La Muralla, del Puerto de Santa María; Puntalillo y La Costilla, de Rota; y Camarón-La Laguna, de Chipiona.

Pues bien, son Banderas Negras Camarón (Chipiona), Fuentebravía, El Ancla y La Inmaculada (El Puerto de Santa Mª), La Barrosa y Sancti Petri (Chiclana) y Los Lances (Tarifa).

Y Puntos Negros las playas de La Costilla (Rota), La Victoria (Cádiz) y Roche (Conil), todos ellos con el distintivo “azul”.

Tampoco la distinción ’Q’ de Calidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en reconocimiento a "su esfuerzo por regenerar la oferta turística de sol y playa" a las playas de la Victoria en Cádiz, La Barrosa y Sancti Petri en Chiclana, Chorrillo Fontanilla y Los Bateles en Conil, La Costilla en Rota, Los Lances Sur en Tarifa y El Palmar en Vejer, poseen legitimidad medio ambiental. De nuevo comprobamos que salvo las playas conileñas, todas ellas son merecedoras de sanción (bandera o punto) negra.

La Consejería de Salud realiza también en la temporada de baños unos informes sobre la calidad de esta agua, con periodicidad quincenal. Las 52 playas de la provincia de Cádiz aparecen con buena calidad; son:

La Línea (2), San Roque (5), Los Barrios (1), Algeciras (2), Tarifa (4), Barbate (5), Vejer (1), Conil (5), Chiclana (2), Cádiz (4), San Fernando (1), Puerto Real (2), El Puerto de Santa María (6), Rota (5), Chipiona (4) y Sanlúcar de Barrameda (3). Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y físico-químicos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño (Real Decreto 734/1988), analítica para evaluar la presencia de metales pesados como arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad de éstas. Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño de la Consejería de Salud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías. Esta analítica es insuficiente para ser reconocida; se limita a evaluar el contenido microbiológico y a efectuar análisis “macroscópicos”. Es decir, nos informa de la presencia o no de microorganismos y del aspecto exterior, sin testar metales pesados o hidrocarburos, por poner dos ejemplos de afección a la salud. Gracias a la gran hidrodinámica de nuestros mares, Atlántico y Mediterráneo, hay bastante garantía de que las aguas residuales no o mal depurada no generen problemas d insalubridad, pero esa confianza se puede quebrar en algún momento.

Ecologistas en Acción denuncia las regeneraciones efectuadas en todo el litoral gaditano por parte de la Demarcación de Costas. Estas obras, que durarán como mínimo hasta el 15 de junio de 2009, son la consecuencia de una nefasta gestión del litoral. El presupuesto asciende a 1.200.000 euros.

Este año la Demarcación General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, vuelve a intentarlo: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles… y todo para que el año que viene, previsiblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno. En total se van a gastar 1.200.000 € para mover 140.000 m3 de arena en las playas de la provincia. Fuentebravía se ha convertido en una playa artificial que se pierde año tras año debido a los espigones de la Base de Rota, que interrumpe la corriente de deriva e impide el tránsito de los sedimentos arenosos desde la desembocadura del Guadalquivir, y por la construcción de edificios y muros en la misma playa que, incumpliendo las normas de la Ley de Costas, provocan un aumento de la erosión durante los temporales de invierno detrayendo la arena que se aporta año tras año de forma infructuosa. Para esta supuesta regeneración ni siquiera se utiliza arena de playa, sino de una cantera de la cercana Sierra de San Cristóbal. El año pasado, Ecologistas en Acción ya solicitó a la antigua Demarcación de Costas (actual DGSCM) la paralización inmediata de estos rellenos con arena de cantera así como también que no se volviera a acometer ninguna actuación más de aporte de arena a esta playa hasta que no se realizara una evaluación rigurosa de las causas de la pérdida de arena y se estudiaran otras opciones a medio y largo plazo, como puede ser la demolición de edificios y muros existentes bajo el acantilado y en la misma playa.

Hay que recordar que la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura, tiene entre sus objetivos principales recuperar la hidrodinámica general de corrientes de ciertas zonas con tasas de erosión elevadas para garantizar el mantenimiento de las playas y la costa afectada. Este objetivo, lógico y necesario, cuenta con muchos enemigos e intereses enfrentados. La vigente ley de Costas ya establecía este problema en su articulo 44.2 “Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta”. Y en el 44.4 “Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural”. Esto está muy lejos de las actuaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Por este motivo, solicitamos desde Ecologistas en Acción a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la suspensión de los fondos para estas obras, cumpliendo el artículo 44 de la Ley de Costas y desarrollando la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la costa, que permitirían ofrecer soluciones reales y duraderas a este problema de la regresión de las playas.

También queremos introducir algo de racionalidad en la polémica de los chiringuitos costeros, que inicialmente contaban con la oposición de la Demarcación de Costas y ahora parece que va a consentir. La Ley de Costas establece con rigor que todas las edificaciones de servicio de playa (y los chiringuitos lo son) deben ubicarse preferentemente fuera de ella, además de limitar si ocupación y cierre. Creemos que esa es la respuesta: chiringos que sean desmontables, que no abusen del espacio playero, que ofrezcan servicios dignos, que generen empleo aunque sea estacional, que sirvan al uso sostenible de la playa sin privatizaciones abusivas:

Sobre el litoral sigue gravitando la amenaza de la modificación del POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), al no contar los suelos industriales en los crecimientos urbanísticos (menos del 40% del suelo urbano y del 30% de la población existente en cualquier municipio durante 8 años), con lo que se abre la vía a que mediante modificaciones posteriores de los PGOUs puedan recalificarse de industriales a residenciales. También elimina los topes del 40 % de suelo y el 30 % de población para los municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que permite densificar las poblaciones litorales.

El Decreto 43/2008 regulador del golf, va a permitir que los campos de golf sean declarados de interés turístico, pudiendo entonces planificarse conjuntamente con desarrollos urbanísticos. Esto contradice al POTA, pero además dicha declaración carece de baremos objetivos y se deja al dictamen discrecional de una comisión técnica, con lo que los proyectos golfistas podrán seguir vinculados con promociones inmobiliarias. Tampoco se obliga al riego con aguas depuradas, quedando abierta incluso la posibilidad de riego con agua potable.

El borrador de Ley del Agua de Andalucía representa un paso atrás en cuanto a una gestión sostenible del recurso hídrico para nuestra comunidad. No asegura el control de la demanda de agua, no precisa la preferencia de usos, no recoge medidas para controlar las extracciones ilegales y tampoco hay control de las aguas subterráneas, no limita los nuevos desarrollos urbanísticos ni la ampliación de los regadíos y restringe el canon de mejora para costear la depuración a usos domésticos.

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) entró en vigor el año pasado, pero a falta de desarrollo normativo, su aplicación todavía no ha empezado. Su finalidad es vital (“establecer un marco para la protección de la calidad del medio hídrico”), pero los instrumentos para aplicarla son aún inexistentes.

El Real Decreto 1620/2007 sobre reutilización de aguas depuradas, que establece las condiciones básicas para la reutilización de las aguas regeneradas y precisan la calidad exigible a estas aguas según los usos previstos, no se ha visto acompañado de experiencias reales en nuestros municipios.

1. Novedades positivas para la provincia de Cádiz (destacamos las más representativas con cobertura en esta zona del litoral).

- La ampliación que anuncia la Demarcación de Costas a 200 metros de zona de servidumbre de 24 tramos de litoral gaditano, afectando a 16 municipios y 187 Kms.

- La regulación que la Consejería de Agricultura y Pesca va a introducir en la captura de angulas por los riacheros de Trebujena.

2. Novedades negativas en la provincia de Cádiz (destacamos las más representativas con cobertura en esta zona del litoral):

- La modificación vergonzante de la Ley 22/1988 de Costas, recurriendo al subterfugio de una disposición final, ¡en una Ley General de Navegación Marítima!, que permite que las concesiones otorgadas sean transmisibles “inter vivos”, con lo cual se consolidan de forma injustificable las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre. Con esta reforma se permite la venta de las casas construidas antes de la Ley desde la ribera del mar hasta la línea de dominio marítimo-terrestre y que son propiedad del Estado. Sus usuarios tenían un periodo de 30 años, prorrogable por otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan y dificultan su adquisición pública.

Urbanización: El crecimiento de la urbanización sigue siendo la mayor amenaza para el litoral.

El Informe Auken del Parlamento Europeo daba un fortísimo varapalo a las autoridades españolas por no haber sabido/podido/querido atajar el desmadre urbanístico de estos últimos años, en particular en el borde litoral:

“La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias en el sector español de la construcción, lo que representa una tragedia para los trabajadores afectados. No obstante, ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país.

Las autoridades españolas, concretamente las autonómicas, siguen sin querer reconocerlo, mientras que las víctimas se cuentan por miles. En muchas ocasiones, su actitud ha sido como mucho condescendiente respecto a los derechos de propiedad individual; en los peores casos, ha resultado totalmente desdeñosa.

Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia, mientras que los proyectos urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormigón sobre un gran número de comunidades costeras y rurales. Es por este motivo que la Resolución pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales”.

Vertidos y depuración: Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales (desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obligación, por una directiva europea ¡de 1991!).

El gobierno andaluz acaba de aprobar un plan de depuración de 44 millones de euros, construyendo 300 depuradoras en Andalucía e instalando colectores. Seguimos insistiendo en la necesidad de asegurar el funcionamiento correcto de estas infraestructuras hidráulicas, garantizando su financiación.

PUNTOS NEGROS:

1.- Estuario del Río Guadalquivir. Persiste el fenómeno de la turbidez, aunque es menos intenso que en el 2008 y se han restablecido los caudales ecológicos en el bajo Guadalquivir por las mayores precipitaciones de este año. Siguen los niveles anormalmente altos de salinidad. No ha habido hasta ahora suficiente información sobre estos fenómenos y el impacto que producen sobre el ecosistema del estuario.

Una nueva amenaza sobre el estuario son los vertidos de metales pesados de la Mina Cobre-Las Cruces, que ya han comenzado a producirse a la altura de la Algaba. En conjunto todos estos fenómenos y la carga de contaminación de numerosos municipios que siguen sin depurar sus aguas residuales (Lebrija, Las Cabezas, Los Palacios…) suponen una importante amenaza sobre el estuario del Guadalquivir. Recordamos que dicho estuario es un espacio protegido de la Red Natura 2000 y el tramo final es Reserva Pesquera por su importancia en la cría de gran parte de las especies que se pescan en el Golfo de Cádiz.

2.- Playas de Bajo de Guía y San Salvador, en Sanlúcar de Barrameda. Por verter aguas residuales al arroyo del Salto del Grillo que llegan hasta la playa. Además, la Colonia Agrícola de Monte Algaida no tiene ningún tipo de depuración y las aguas fecales van al acuífero costero (en el Espacio Natural de Doñana).

3.- Playas de La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda. Por verter aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa, como evidencian las arenas negras y las algas bioindicadoras de contaminación. Denunciado judicialmente en el año 1999. Por el despilfarro energético y la contaminación lumínica que suponen los 30 focos de 3.000 W cada uno.

4.- Playa de Montijo, en Chipiona. Por haberse cortado por unos particulares el acceso principal a esta playa, contradiciendo lo establecido por la Ley de Costas y no haber actuado aún la Administración diligentemente. Ocupación así mismo por vallado de hasta la servidumbre de tránsito, que invalida las actuaciones realizadas por Costas, recientemente, para bajar a la playa. Peligro inminente de urbanización en parcela dentro de la servidumbre de protección (100 m). Reclamamos la adquisición por parte de la Administración y aplicando la nueva Ley del Suelo de la finca particular que dificulta actualmente con dichas actuaciones el disfrute de esta pequeña cala, entre Sanlúcar y Chipiona, y muy utilizada por los vecinos de la Jara.

5.- Playa Micaela, en Chipiona Por la aprobación en firme del proyecto para ampliar el Puerto de Chipiona sepultando en hormigón la playa Micaela (Grajuela) en un frente de unos 180 m contiguos al puerto. En los terrenos del Puerto existen 55.000 metros cuadrados sin desarrollar que podrían haberse utilizado para esta ampliación sin cementar una playa.. Privatización injustificada del Dominio Público y destrucción de una pequeña playa tradicional del pueblo de Chipiona.

A raíz de movilizaciones ciudadanas en defensa de la playa se aprobaron en pleno municipal sendos acuerdos para proteger la playa (modificación puntual del PGOU y solicitud a la Junta de Andalucía para la modificación del proyecto de ampliación del puerto).

El alcalde ha manifestado públicamente que la playa se va a conservar. No obstante, no nos consta que el proyecto haya sido retirado, por lo que sigue existiendo la amenaza. Se ha realizado la parte del proyecto referida al interior del puerto actual, que ha sido notablemente ampliado.

PROPUESTAS:

La oleada de cemento que invade el litoral, unida a la especulación salvaje y el enriquecimiento ilícito, representan una de las mayores amenazas para nuestro castigado litoral. Cada nuevo complejo hotelero, campo de golf y urbanización, agota un pedazo más de un litoral acosado y mermado, generando plusvalías especulativas, degradación ambiental y caos en los equipamientos y servicios. Para detener el creciente deterioro del litoral gaditano, evitar la degradación de los recursos no renovables: playas y paisaje, y garantizar un desarrollo sostenible en nuestros municipios costeros, PROPONEMOS UNA MORATORIA A TODA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA EN EL PRIMER KILÓMETRO DE COSTA, hasta que no se defina una Estrategia Integral de Protección, Conservación y Gestión del litoral andaluz, entendiendo que el territorio es un bien no renovable, esencial y limitado, como certeramente afirma la “Nueva Cultura del Territorio”.

La Gestión Integral de las Zonas Costeras pretende administrar el uso de los bienes ambientales costeros, a través de un sistema de planificación y gestión integrada, descentralizada y participativa, para asegurar la calidad de vida, la conservación y recuperación de los ecosistemas, en consonancia con los intereses de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, las herramientas de solución para todos estos problemas que nos ofrece se nos antojan por completo insuficientes para revertir el problema y ofrecer alternativas. A diferencia de otro recurso vital, el agua, que ha generado en el ámbito académico una genuina revolución, la Nueva Cultura del Agua, no existe este cambio conceptual en el litoral y las instituciones son todavía rehenes de los intereses que desordenan el litoral; la gobernanza, el liderazgo compartido, la cooperación, la conciliación entre todas las partes interesadas,.... son recetas inadecuadas e insuficientes cuando no son los negocios los que se supeditan a la planificación y gestión, sino es la ordenación la que se sitúa al servicio de los negocios. El borrador del Plan Andaluz de Adaptación al Cambio Climático recoge los enormes impactos que el calentamiento global y la subida del nivel del mar ejercerán sobre las costas andaluzas y en particular sobre la industria turística, al seguir gravitando sobre la oferta de “sol y playa”.

No podemos dejar de hacer un llamamiento a los mandatarios y a los usuarios del litoral para que tengan en cuenta las amenazas que el Cambio Climático arroja sobre la franja costera. El último Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros a lo largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centímetro de aumento en el nivel del mar arrastra una regresión de la línea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, nuestras costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones de CO2, ahorramos y usamos energías renovables.

Reivindicamos el cumplimento estricto del POTA y de la ley del suelo para que el urbanismo recobre la finalidad social y la subordinación al interés general. Proponemos el aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.

Es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Es necesario que se persigan sin contemplaciones a los “usuarios” de quads y motos náuticas que no cumplen con la legalidad, representan un factor de peligro para los que disfrutan de la playa y rompen con el ruido y la contaminación el preciado descanso.

Debe mejorar el acceso a la información medioambiental sobre el estado de las playas y el funcionamiento de las depuradoras. Esta información debería estar actualizada y disponible libremente en Internet, una vez que está en vigor desde hace tres años la Ley 27/06 (Aarhus), que garantiza el libre acceso a la información medioambiental. Por último, hacemos un llamamiento a los usuarios de las playas para que colaboren en su limpieza, llevando las basuras a los contenedores más próximos, no enterrando los cigarrillos en la arena, prescindiendo de los vehículos con motor en la playa (sobre todo las motos de 4 ruedas), evitando las motos náuticas en las zonas de baño, y reduciendo la contaminación acústica.

Confiemos en que estas "distinciones" de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo.




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