Bochornoso acuerdo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía

GENA-Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía advirtiéndole de la creación de una “contra” en la Axarquía frente al ejecutivo andaluz, que está dando un espectáculo bochornoso a todos los ciudadanos al solicitar una modificación en la LOUA y el POT para permitir construir en suelo no urbanizable de la Axarquía.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha remitido un escrito al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía advirtiéndole de la creación de una “contra” en la Axarquía frente al ejecutivo andaluz, que está dando un espectáculo bochornoso a todos los ciudadanos.

Según los medios de comunicación, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, entregó un borrador a los distintos grupos políticos para que sea discutido en una mesa de trabajo integrada por grupos políticos, representantes de la Junta de Andalucía y de los colegios de arquitectos y abogados, así como diversos colectivos empresariales de la zona, para “permitir el crecimiento ordenado de la Axarquía e impulsar la economía de los pueblos”. Con fecha 8-VII-2009, el pleno de la misma Mancomunidad aprueba por unanimidad solicitar a esa Consejería la modificación de la LOUA y del POT para permitir construir en suelo no urbanizable de la Axarquía.

Ecologistas en Acción ha seguido atentamente a este debate, si bien critica que la Mancomunidad no se haya incluido a esta asociación ni a ningún otro sector crítico, en la discusión del documento, cuando es de conocimiento público el interés de esta asociación por “ordenar” el crecimiento de la Axarquía. Al contrario, por razones obvias de evitar la confrontación dialéctica, desde la Mancomunidad se ha asegurado que la composición de esta mesa de trabajo, sea completamente monocolor, al incluir a sectores que están implicados en los negocios inmobiliarios y algunos en procedimientos administrativos y penales por ignorar las leyes, una composición que asegura, por sus propios intereses, la adhesión total y unánime a un escrito que, visto desde fuera sólo produce vergüenza ajena y nos hace dudar sobre el conocimiento de los firmantes de lo que son los procedimientos de una democracia.

Dado que a esta asociación se le ha negado la participación en este foro, hemos acordado enviar un escrito al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio para que considere los siguientes aspectos críticos respecto a este acuerdo:

1.- La petición de modificar las normas urbanísticas (LOUA y POT) aparece con posterioridad a su elaboración por procedimientos democráticos. Ha sido cuando desde los ayuntamientos se han violado sistemáticamente estas leyes, y cuando por este motivo se ha creado una serie de procedimientos administrativos y penales sancionadores, cuando aparece un inusitado interés por modificar las leyes. El mensaje que se da a los ciudadanos es que las “leyes están bien mientras podamos vulnerarlas impunemente”. un bochornoso y degradante espectáculo por parte de quienes tienen que dar ejemplo en el acatamiento y cumplimiento de las leyes. Al contrario, el comportamiento correcto tendría que haber sido primero cumplir y hacer cumplir las leyes, y luego, si no están conformes, promover los cambios legales por las vías democráticamente establecidas, que no es la Mancomunidad sino el Parlamento Andaluz. Los alcaldes no son diputados.

2.- Con procesos de este tipo, que ya se iniciaron en tiempos de redacción del POT de la Axarquía, se está consolidando la idea de que las administraciones locales toman las riendas de la política territorial que por la Constitución, es competencia del Estado y sus comunidades autónomas. No es difícil imaginar que una dinámica de este tipo, si no es rechazada contundentemente por parte del ejecutivo andaluz, podría generar una escalada de procesos políticos de la periferia contra el centro, y no sería descabellado que provincias enteras gobernadas por partidos políticos de la oposición, se rebelen en contra de la política de la Junta de Andalucía, desviando el debate a la periferia, actuando directamente sobre la puerta de una Consejería, cuando el único lugar para alcanzar actuar para la modificación de las leyes es el Parlamento Andaluz.

3.- Se debe prestar atención al contenido político de la petición de los alcaldes de la Axarquía en relación a la política de la Junta de Andalucía sobre la ordenación del territorio. Si una de las características de la política de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, afortunadas desde el punto de vista de los ecologistas y defensores de una ordenación sostenible del suelo, es el mantenimiento de la figura “no urbanizable” para el suelo rústico, los alcaldes de la Axarquía están pidiendo literalmente la derogación de esta figura y dejar este territorio como “urbanizable” a todos los efectos, salvo parajes protegidos. Se debe recordar aquí que la posición de los alcaldes es precisamente la del Partido Popular, que hace años trató de imponer este criterio a nivel estatal con una nueva Ley del Suelo y que por impugnación de la Junta de Andalucía finalmente se aceptó que fueran las comunidades autónomas las que lo determinaran, hecho que justifica que mientras que en Andalucía se mantiene el “no urbanizable” en Valencia, por ejemplo, se mantenga el rústico como “urbanizable”, con todas sus consecuencias, que a la vista del Informe Auken de la Unión Europea son más que evidentes. Lo lamentable de esta cuestión es que los propios alcaldes del PSOE están pidiendo abrazar la política del PP, un conflicto político que debería ser solucionado tajantemente por la Junta de Andalucía, aún a costa de que, tal como algunos alcaldes amenzan, se cambien de chaqueta para sentirse más conformes con su ideología ultraliberal.

4.- Refiriéndonos más concretamente al escrito que puso en marcha este pseudo-debate (no hubo más debate que levantar la mano para aprobarlo), es preciso hacer algunos comentarios. Por ejemplo, los alcaldes justifican el desaguisado generado con el ladrillo por las “características singulares” de esta comarca, que no son otras que el régimen minifundista de la propiedad y una “costumbre” de hacer casas en el campo. Argumentos tremendamente débiles, cuando no falsos, porque ninguno de estos argumentos justifica la vulneración de las normas urbanísticas modernas para las que nos hemos equipados. Luego es totalmente falso que los procesos urbanísticos de la comarca “no son el resultado de actuaciones de ilegalidad” sino de “procesos singulares”. Es falso porque la justicia ha demostrado que sí hay ilegalidad y por tanto delito. Es falso porque lo único que hay de singular en esta comarca es el deseo unánime de los alcaldees de vulnerar las leyes urbanísticas para su conveniencia política y/o personal.

5.- Otra justificación muy utilizada es que los pobres alcaldes han estado desorientados porque el marco jurídico “disperso y cambiante”. Esto hay que matizarlo. El marco jurídico en algo tan complejo como el territorio es normal que sea disperso, porque no sólo afecta a las leyes urbanísticas, sino también a otras sectoriales como las ambientales, culturales, agrícolas, etc. El problema no hacer caso a una leye, sino el no hacer caso a ninguna de estas leyes y normas. Por otra parte es falso que la legislación sea tan “cambiante”, porque, aunque es cierto que se han dado cambios, lo cual es lógico porque hemos cambiado de un marco autárquico a un marco europeo y de un marco estatal a un marco autonómico, lo principal, la condición del suelo rústico como “no urbanizable” ha estado presente en todas las leyes y normas desde los comienzos de nuestra democracia. Todo el mundo sabe que en el campo no se puede construir, lo que llama la atención es que esta noción, conocida por todos, incluido por los alcaldes, se haya ignorado impunemente.

6.- Los alcaldes también atribuyen al retraso en la redacción de las normas urbanísticas locales (PGOU) el problema de urbanismo generado en la mayoría de los municipios. Esto no es cierto, porque es sabido el apoyo que han recibido todos los ayuntamientos de los servicios de la Diputación Provincial y por supuesto de la Junta de Andalucía. El problema es otro y no se dice en el escrito. El problema es que los PGOUs que quieren los ayuntamientos no pueden ser tolerados por la Junta de Andalucía si se mantiene la legislación urbanística actual. En los distintos borradores de los PGOUs, los alcaldes han tratado sistemáticamente de regularizar viviendas dispersas por el campo y crear aldeas fantasmas donde antes solo había olivos, en parte para sortear posibles o reales procesos administrativos y penales. También desean libertad para desarrollar lo que es su principal fuente de ingresos y de votos: la construcción en el campo. Es por esta razón y por ninguna otra, que los ayuntamientos no tienen (ni quieren) un PGOU, prefiriendo utilizar irregular y abusivamente la figura del “proyecto de actuación”. Además, los pocos ayuntamientos que tienen PGOU o Normas Subsidiarias, han vulnerado igualmente la condición de no urbanizable del suelo rústico y las adaptaciones que se han pretendido hacer recientemente han intentado “colar” procedimientos para asegurarlo, afortunadamente sin éxito gracias al veto de la Junta de Andalucía.

7.- Es verdaderamente desalentador que en estos tiempos de crisis, cuando se ha demostrado que la causa de la misma es el nefasto modelo económico que hemos aceptado, y que en España, y particularmente en Málaga y la Axarquía, es el sector de la construcción el que más actividad especulativa ha generado, con todas sus consecuencias para el medio ambiente y la economía, que por parte de los alcaldes de la Axarquía, incluidos los de izquierda, se haga una “cantata” al sector de la construcción, pretendiendo literalmente resucitar la burbuja pinchada de la construcción. Un sector que por su monopolio en la comarca, la ha dejado prácticamente paralizada, sin haber dejado (por competitividad) generar otra actividad empresarial que no sea la construcción. En un momento en el que el país se está planteando nuevos aires a nuestra economía, y en el que el propio ejecutivo andaluz pretende, junto a la política del presidente del Gobierno, impulsar una nueva forma de desarrollo más sostenible, esta nostalgia de la construcción es deplorable.

8.- Finalmente, los alcaldes vuelven a insistir en la cómica y ridícula petición de que los asuntos urbanísticos se resuelvan únicamente por la vía administrativa y no la penal. Una petición que ignora algo tan elemental como el principio de independencia de poderes del Estado. El ejecutivo andaluz no puede, suponiendo que quiera, exigir al poder judicial que los asuntos urbanísticos no los toque porque solo es competencia suya. Y no lo puede hacer, entre otros motivos, porque existe en el Código Penal un articulado sobre el delito ambiental y el delito de ordenación del territorio, que en su día fue aplaudido por necesario, y gracias a lo cual se está poniendo algún freno a tanta fechoría urbanística. Son dos procedimientos independientes. La administración central puede impugnar, por el Contencioso Administrativo, puede expedientar, puede poner sanciones por faltas administrativas. Pero con independencia de ello, un fiscal, y un juez pueden y deben crear expedientes judiciales por presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Por lo que esta petición podría negársela un niño de primaria.




Visitantes conectados: 836