El Defensor del Pueblo nos da la razón

El Defensor del Pueblo da la razón a Ecologistas en Acción y apoya la realización del informe urbanístico del Parque Natural Sierra de Grazalema.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto la queja interpuesta por Ecologistas en Acción por el boicot del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema y de la Delegada de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente a la elaboración de un informe por parte de la Junta Rectora sobre la situación urbanística de los municipios de este espacio protegido.

Ecologistas en Acción propuso en la Junta Rectora la elaboración de un dictamen sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística en los municipios del Parque Natural. Tanto el presidente de la Junta Rectora, Antonio Perales, como la delegada de la Consejería de Medio Ambiente (CMA), Gemma Araújo, intentaron por todos los medios obstaculizar esta propuesta. Por fin, en la Junta Rectora celebrada en octubre de 2006 aprobó que la Comisión de Desarrollo Sostenible elaborara dicho informe. Desde entonces, el presidente se ha negado a tratar este tema, tanto en la Comisión como en la propia Junta Rectora, lo que llevó a los representantes de Ecologistas en Acción a abandonar este órgano. Perales adujo que existían dos informes del gabinete jurídico de la CMA que aseguraba que era ilegal constituir esta comisión de investigación, si bien se negó a facilitar dichos informes a los representantes de Ecologistas en Acción.

Tras un año de tramitación de esta queja, en la que han abundado las obstrucciones y dilaciones de la CMA, José Chamizo, nos ha remitido la Resolución de la misma, en la que se nos da totalmente la razón en base a las siguientes consideraciones:

· Recuerda a la CMA que la Junta Rectora tiene encomendadas “funciones de control y vigilancia; debe velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural; puede requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural que estén relacionadas con la gestión y conservación del espacio; y, en general, puede realizar cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para Parque Natural Sierra de Grazalema”.

· Apoya la legalidad de la constitución de Comisiones o Grupos de Trabajo necesarios para el estudio y evaluación de temas especializados.

· Entiende que la propuesta de Ecologistas en Acción pretende “la elaboración de un estudio que sirviese de sustento para ejercer, con la suficiente solvencia, las funciones que le son encomendadas ex lege, entre las que se encuentran las de control y vigilancia y la velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural”.

· Considera que el presidente tenía que haber tratado en la Junta Rectora la propuesta de Ecologistas en Acción sobre los objetivos, contenido y metodología de la elaboración del informe urbanístico.

· Deja claro que la Junta Rectora, en contra de lo que ha venido defendiendo su presidente, nunca modificó el acuerdo de elaborar el informe urbanístico por parte de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Hay que recordar que Perales adujo que la Junta Rectora había decidido que fuera el director del Parque Natural el que elaborar dicho informe, y también el dejar fuera del informe los suelos urbanos y urbanizables, lo que se ha demostrado totalmente falso.

· Desenmascara las argucias esgrimidas en los supuestos informes jurídicos de la CMA para justificar una supuesta ilegalidad del informe, entre ellas que Ecologistas en Acción pretendía que la Junta Rectora realizara funciones de policía. Chamizo deja claro que “no puede más que mostrar su desacuerdo con la afirmación recogida en el informe en el que se indica que la asociación ecologista pretende crear una Comisión que realice labores de investigación en el sentido de policía”.

· Apoya las demandas de información y documentación realizada por Ecologistas en Acción por entender que “los miembros de un órgano como la Junta Rectora, a la que la Ley encomienda velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del espacio protegido, tengan garantizado el acceso a la información y documentación que resulta esencial o adecuada para el desempeño de sus funciones”.

Chamizo termina con la siguiente recomendación:

· Trasladar el contenido de esta Resolución a la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema a los efectos de que se tome conocimiento de los criterios mantenidos por esta Institución; se valore la conveniencia de debatir suficientemente los parámetros de la queja de Ecologistas en Acción, referidos a la Comisión de Trabajo anteriormente señalada, y se acuerde aportar a los representantes de la asociación ecologista la información requerida.

Por último nos informa que queda a la espera de recibir noticias de la CMA sobre la aceptación o no de las resoluciones formuladas.

Ecologistas en Acción considera muy grave los incumplimientos de las competencias de la Junta Rectora que viene fomentado Antonio Perales y Gemma Araújo, sobre todo en lo concerniente a las funciones de vigilancia y control de la legalidad en los municipios del Parque Natural.

Ecologistas en Acción entiende que los responsables de la Junta Rectora y de la CMA, deben asumir responsabilidades por llevar bloqueada tres años la Junta Rectora de este espacio protegido, y todo para encubrir las múltiples ilegalidades urbanísticas que se vienen cometiendo.

Ecologistas en Acción exigirá la convocatoria de una reunión urgente de la Junta Rectora para debatir esta Resolución del Defensor del Pueblo y acometer de una vez por toda la elaboración del informe sobre la situación urbanística de los municipios del Parque Natural.