La Asociación Para la Defensa de los Barrancos de Güímar, en la que Ben Magec-Ecologistas en Acción participa, ha denunciado en sus alegaciones al PTEOPRE que el Cabildo ha redactado un Plan de Prevención de Riesgos en el que condiciona la seguridad civil frente al interés económico.

Dicho Plan contiene, en su apartado 4.5 “Usos Primarios” de la memoria de ordenación, para los usos minero-extractivos que “A pesar de tratarse de una actividad que puede inducir riesgos asociados a la dinámica de vertientes o a las avenidas en cuanto afecta al perfil natural del terreno en laderas y conos volcánicos y puede modificar la capacidad de drenaje de los cauces, no se considera adecuado su prohibición desde una perspectiva insular ya que determinadas áreas con una susceptibilidad elevada, como fondos de barranco o conos volcánicos son lugares adecuados para la extracción de recursos geológicos.” (página 112).

Además de todo ello, y a pesar de reconocer la susceptibilidad muy alta frente al riesgo hidrológico del ámbito geográfico de los barrancos de Güímar (Badajoz, El Agua y El Frejenal), en el documento normativo se deja esta zona escandalosamente en blanco, contradiciendo con esta actitud el acuerdo plenario del Cabildo de Tenerife, en el que se adoptó el compromiso de llevar a efecto lo solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Güímar, al efecto de cambiar la clasificación de la zona de rústico de protección minera a rústico general o protegido, en cualquiera de las categorías que procediera para dicha clase de suelo.

La Asociación Para la Defensa de los Barrancos de Güímar considera disparatado que en un plan territorial de prevención de riesgos se priorice el beneficio económico sobre la seguridad, lo que lleva a esta asociación a considerar que los responsables del plan tergiversan el texto influidos por los poderosos intereses económicos de las industrias extractoras de áridos, y que incurren en negligencia grave al falsear interesadamente las necesidades reales de la isla en cuanto a prevención de riesgos.

Por todo ello, denuncia que el Plan minimiza el riesgo hidrológico en las zonas de uso minero-extractivo, en contradicción con la metodología seguida en la redacción del plan y con los acuerdos plenarios del propio cabildo insular, y solicita que se clasifique la zona de los Barrancos de Güímar como de riesgo hidrológico muy alto, con las limitaciones previstas para ello, sin que el interés económico de la actividad minera influya en dicha clasificación.