Exijimos al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla la ley

Se solicita a los defensores en Madrid y en Sevilla, que obligue a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, a que responda a una pregunta realizada en el mes de febrero sobre para qué y para quién es el agua que se quiere sacar del río Castril.

Según la Ley 27/2006 de 18 de julio sobre el acceso a la información ambiental -Ley que no hemos hecho los ecologistas- la ministra tenía un plazo de 30 días para responder.

Hasta la fecha no lo ha hecho y creemos muy importante que la gente de Baza, de Cortes de Baza y de Castril, sepan exactamente el destino de ese agua, ya que la excusa presentada como “obras de emergencia” para abastecimiento humano a las poblaciones de Baza, Zújar y Caniles, se cae por su peso, al demostrarse el despilfarro de agua en estas poblaciones, sus planes futuros y que no tienen restricciones.

tubos
Desde hace dos años los tubos avanzan sin ningún estudio de impacto ambiental

Esta negativa a responder esconde a nuestro juicio la falta de legitimidad de las obras y un desprecio a los ciudadanos, que se están enfrentando entre ellos sin tener datos concretos, sólo la convicción de que se va a destrozar un río emblemático por intereses sospechosos, con la aquiescencia de una administración que está para defender el buen estado ambiental de las aguas y que con su comportamiento, quasi fascista (ordeno y mando y a callar), está lejos de cualquier normativa europea sobre la transparencia en la información y la participación ciudadana.

Una vez más, la Directiva Marco del Agua y la tan cacareada sostenibilidad, es papel mojado en las manos de nuestros políticos, que tan bien representan el beneficio para los de siempre a costa del bien común.




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