Piden la retirada del Proyecto de Ley de Aguas andaluz

Ecologistas en Acción le exige al Gobierno andaluz la retirada parlamentaria del Proyecto de Ley de Aguas ante el nefasto proceso de participación en su elaboración, por supeditarla a los intereses económicos de los regantes, asociaciones agrarias y empresariales, y por estar destinada a fiscalizar los usos urbanos del agua.

Ecologistas en Acción declara que es rotundamente falso que la norma remitida al Parlamento cuente con el respaldo de todos los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos, ni tampoco recoge todas las alegaciones presentadas por los distintos colectivos. Sin ir más lejos, el borrador no contempla ninguna de las alegaciones a los 25 artículos presentadas por Ecologistas en Acción. La Consejería de Medio Ambiente solamente ha tenido en cuenta las aportaciones de las asociaciones agrarias y los sectores económicos, los grandes beneficiados en detrimento del interés general y ha cerrado el diálogo a cualquier acuerdo con los colectivos conservacionistas y de defensa del medio ambiente.

Debemos recordar que Ecologistas en Acción se ha opuesto desde el principio al planteamiento general de esta norma. No llegamos a firmar el Acuerdo Andaluz por el Agua por discrepar claramente con las políticas insostenibles, tanto de aguas como medioambientales, que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, por ello la Ley muestra una incoherencia muy grande entre las declaraciones de principios contenidas en la Exposición de motivos y el desarrollo de los contenidos. Si bien las primeras incorporan toda la orientación de la Directiva Marco de Aguas, los segundos no recogen mucho de los planteamientos propuestos por nuestra organización.

Ante las presiones ejercidas por la patronal agraria Asaja respecto a la constitucionalidad o no de determinados artículos y de la Confederación Empresarial que orienta sus prioridades a la creación de riqueza y empleo, la Consejería de Medio Ambiente ha optado por hacer un guiño a estos colectivos en detrimento del interés general, remitiendo un proyecto de Ley que se sustenta en ideas, conceptos y medidas muy alejados de los planteamientos de Ecologistas en Acción. Causan pavor las declaraciones de la propia Consejería al apostar por el agua como “instrumento dinamizador de la economía andaluza”, donde se contempla “un ambicioso plan de infraestructuras”.

El principio del uso del agua como motor dinamizador de la economía choca frontalmente con las políticas de gestión de la demanda, control y ahorro, y sigue planteando más recursos hídricos para regadíos hipersubvencionados y excedentarios. Así, la Ley pasa de soslayo por cuestiones tan trascendentales como la lucha contra el cambio climático y la recuperación ecológica de los ríos y las masas de agua subterráneas, que quedan en un papel secundario en pos del desarrollo económico.

La norma en vez de apostar por una gestión eficiente y sostenible del recurso, permite un descontrol en la demanda de agua y en la preferencia de usos, atendiendo a criterios económicos y agrícolas en detrimento de la recuperación del medio natural, seguida de reservas estratégicas bajo gestión y vigilancia públicas y usos actuales mal dotados, especialmente los de interés social, que debe situarse en primer lugar.

Tampoco las grandes infraestructuras como trasvases y grandes obras de regulación ni siquiera quedan desaconsejadas; tampoco los desarrollos urbanísticos parecen limitarse, ni la ampliación de los regadíos.

No se resuelven los grandes conflictos del agua en Andalucía y en relación a la recuperación de costes la Ley ignora por completo los ambientales y sociales, de obligado cumplimiento por la Directiva Marco de Aguas. La norma se ceba con la imputación de costes a los usos domésticos, e ignora a los usos agrarios, hidroeléctricos y al golf. En este sentido, una de las grandes reivindicaciones del movimiento ecologista, que se facture a los usos agrarios por volumen de agua consumido en vez de por superficie regada, ha vuelto a caer en saco roto, y pone de relieve el escaso interés por promover un cambio en la política de aguas.

En cuanto a las aguas subterráneas sorprende que entre los "éxitos" de los que hablan las organizaciones agrarias esté el poder almacenar agua subterránea en balsas, toda una contradicción, y muestra clara del paradigma de la avaricia del sector agrario andaluz. ¿No será el subsuelo el mejor almacén de agua subterránea? Igualmente la Ley amnistía los pozos ilegales, con lo que se consolida la política de hechos consumados de la Junta de Andalucía en relación a quienes han violado la Ley (viviendas ilegales, pozos ilegales, regadíos ilegales, etc.) y con el agravante de que se les facilita la "reinsercción" hídrica. Unido a todo esto, la Ley blinda la posibilidad de conseguir pequeños pozos sin autorización de la propia Agencia Andaluza del Agua, con lo que se sigue estimulando la proliferación de captaciones ilegales.

Por último, la Ley sigue apostando por un modelo de participación social obsoleto, inoperante y tecnocrático, basado en órganos de participación que no funcionan y en donde no existe el debate ni la capacidad de influir en la toma de decisiones.

Nuestra oposición a la Ley se sustenta en el planteamiento que se ha realizado de la misma, sin embargo contiene propuestas interesantes, especialmente en los relacionado con la ordenación del territorio y el urbanismo, y la política de abastecimiento, saneamiento y depuración, aunque destaca por sus grandes fracasos, la recuperación de los costes de los servicios del agua, las aguas subterráneas, y la participación social.

En definitiva, una norma que claramente apuesta por una gestión insostenible del recurso y que está abocada al fracaso, por ello volvemos a reiterar su retirada parlamentaria y la presentación de un texto alternativo en el que se defina de forma eficaz y eficiente la gestión del agua en nuestra Comunidad.




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